Denuncian graves deficiencias en la auditoría integral de la mina Cobre Panamá

Un grupo de organizaciones ambientales, incluyendo la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, han denunciado graves deficiencias en la auditoría contratada por el gobierno para evaluar el proyecto Cobre Panamá.

Estos señalamientos surgen después que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) pusiera en marcha una auditoría integral en la Mina de Cobre Panamá, situada en el área de Cerro Petaquilla, en Donoso, provincia de Colón.

Precisamente, MiAmbiente aseguró este análisis de la mina abarcará todos los compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).

Este jueves, en conferencia de prensa las organizaciones ambientalistas sostienen que la auditoría carece de la profundidad prometida, lo que podría impedir que se revelen los verdaderos impactos ambientales y sociales de la mina.

Estas son las principales críticas de las organizaciones ambientalistas:

- Alcance limitado: A pesar de que los borradores iniciales buscaban una auditoría integral para planificar el cierre de la mina, el contrato final omite este objetivo principal y excluye 170 compromisos ambientales que, según el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), “fueron ejecutados en la fase de construcción” sin una verificación.

- Omisión de puntos clave: La auditoría ignora aspectos cruciales como la seguridad de las estructuras mineras, los impactos en la calidad del agua y el aire, el cumplimiento de derechos humanos, y las políticas de contratación local.

- Falta de transparencia: Se eliminó la disposición que garantizaba el acceso público a toda la información generada durante el proceso de auditoría y la publicación de un resumen en lenguaje sencillo, lo que incumple lo establecido en el Acuerdo de Escazú.

Las organizaciones enfatizan que una auditoría real, transparente e independiente es vital para obtener información veraz, fiscalizar el proyecto y prevenir desastres futuros, en lugar de ser un simple trámite que podría justificar una posible reapertura de la mina.