Descentralización en la mira: investigan manejo de $214 millones en fondos públicos

La Fiscalía Anticorrupción reveló este sábado 13 de junio nuevos detalles sobre las investigaciones relacionadas con el manejo de los fondos del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), en medio de un proceso que ya acumula denuncias y millonarias afectaciones al Estado panameño.

Durante una entrevista en el programa En contexto de Eco Panamá, la fiscal superior anticorrupción, Digna Castillo Quintero, presentó un balance de las pesquisas que desarrolla el Ministerio Público a partir de las denuncias interpuestas por la Autoridad Nacional de Descentralización.

De acuerdo con las cifras divulgadas por la Fiscalía, hasta la fecha se han presentado 334 denuncias relacionadas con el uso de los fondos de descentralización del PDIS.

Las investigaciones abarcan un monto global estimado de 214 millones de dólares, recursos que fueron destinados a proyectos y programas ejecutados por autoridades locales en distintas regiones del país.

Del total de denuncias recibidas, 73 expedientes ya fueron concluidos, mientras que 261 permanecen pendientes de auditorías por parte de la Contraloría General de la República.

Los informes de auditoría realizados hasta el momento han permitido identificar 49 casos con lesión patrimonial comprobada.

Asimismo, se han registrado 24 auditorías sin lesión patrimonial, en las que los gastos fueron debidamente sustentados por las autoridades locales investigadas.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha detectado diversas modalidades presuntamente utilizadas para desviar recursos públicos.

Entre los mecanismos identificados figuran esquemas de cashback, desvío de fondos hacia terceros, utilización de falsas ayudas humanitarias y presuntas operaciones de blanqueo de capitales.

Las autoridades indicaron que estos hallazgos corresponden principalmente a hechos investigados entre los años 2020 y 2022.

La Fiscalía informó que las investigaciones tienen alcance nacional y se desarrollan en distintas provincias del país, incluyendo sectores de Bocas del Toro, Darién y otras regiones donde se han detectado posibles irregularidades.

Como parte de las acciones judiciales, se han realizado aprehensiones, imputaciones y detenciones de representantes y tesoreros vinculados a las investigaciones.

Además, el Ministerio Público ha impulsado la inmovilización y recuperación de bienes, incluyendo vehículos, fincas y cuentas bancarias.

Castillo Quintero reiteró que el Ministerio Público mantiene su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la recuperación de los recursos públicos que pudieran haber sido utilizados de forma irregular.