Descontrol pesquero: solo 14% de la flota palangrera tiene monitoreo satelital

¿Sabe de dónde proviene el delicioso filete de atún que usted compró en el mercado del marisco, o el atún y dorado que Panamá suele exportar?

Sin saberlo, podría estar comiéndose uno de estos pescados pelágicos o tiburones provenientes de la emblemática Cordillera de Coiba, una zona de reconocimiento local e internacional donde está prohibida todo tipo de pesca, por su riqueza biológica, o de alguna otra zona de reserva marina del país.

Esta cordillera es una cadena montañosa submarina en la costa pacífica, de 68 mil kilómetros cuadrados, que alberga especies migratorias y algunas críticamente amenazadas como el atún, ballenas y tiburones. Cinco de estos en la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y tortugas marinas en amenaza crítica.

Y es que desde 2017 el Decreto Ejecutivo 126 estableció que todas las embarcaciones que utilicen el arte de pesca del palangre, que consiste en una línea larga de la que cuelgan anzuelos que se sumergen al mar para obtener grandes pelágicos como el atún, tiburón y dorado, están obligadas a tener un sistema de monitoreo satelital o VMS por sus siglas en inglés. Sin embargo, apenas el 14% de la flota palangrera panameña lo tiene.

A esa conclusión pudo llegar La Estrella de Panamá al solicitar la información a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) de las embarcaciones locales o de la flota nacional de servicio interior - barcos que solo pescan en las aguas jurisdiccionales de Panamá- con sus nombres de propietarios, embarcación y que portan VMS.

La petición se efectuó mediante la Ley 6 de 2002 conocida como Ley de Transparencia, y la información se cruzó con la lista de la flota nacional que reporta la institución en su portal, buscando coincidencias.

Al hacer esta dinámica La Estrella de Panamá encontró que hay 399 embarcaciones artesanales palangreras y otras 82 industriales para un total de 481 pero según la información proporcionada por la ARAP solo 70 de estas tienen VMS.

Esto significa que hay unos 400 barcos palangreros sin portar VMS, a pesar de la obligatoriedad del Decreto 126 de 2017, según la información entregada por la entidad al mes de julio pasado.

Este medio verificó los VMS del arte de pesca del palangre debido a que las otras flotas pesqueras mantienen su monitoreo satelital al 100%.

Además, solo en un mes de un operativo interinstitucional, en enero de 2025, se detectaron 21 embarcaciones incursionando en la Cordillera de Coiba.

La cordillera es el núcleo del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, una zona de interés para la flota de palangre porque se encuentran las especies pelágicas o como se le llama al atún y dorado, peces que nadan en las aguas superficiales del océano.

Este operativo entre la ARAP, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Ministerio de Ambiente fue considerado “la captura más grande contra la pesca ilegal en la historia de las áreas protegidas marinas panameñas”, describe el Senan en su comunicado.

Pero no es la única incursión en esa zona, por ejemplo de enero a mayo 2024 los barcos: El Ungido y Capimar ingresaron a la Cordillera de Coiba para una posible actividad de pesca, lo cual se aprecia según la búsqueda en el portal Global Fishing Watch.

Se detectaron porque tienen señal AIS, esta es otra señal de monitoreo que usa la flota internacional obligatoriamente, y unos cuantos barcos en Panamá lo usan de manera voluntaria.

El atún y dorado de aguas panameñas se exportó principalmente a Costa Rica, Estados Unidos ,Portugal y Bélgica, por $5.4 millones en valor FOB (puesto en puerto) lo que representó $1.2 millones de kilogramos, en enero 2026, señalan datos del Ministerio de Comercio e Industrias en su portal Intelcom.

Precisamente, la trazabilidad de las capturas es uno de los aspectos que la Unión Europea (UE) ha anotado como las fallas reiterativas de Panamá.

Por ello, desde 2019 el país tiene tarjeta amarilla como no colaborador contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR), se aprecia en un informe de la Dirección ‘General de Asuntos Marítimos y de Pesca (DG Mare) de la UE al que tuvo acceso este diario.

Este año la UE evaluará los avances de Panamá y decidirá si califica para la tarjeta verde o le dan la tarjeta roja y las exportaciones pesqueras quedan bloqueadas ante este mercado.

¿Cómo se controla que esas más de 400 embarcaciones no ingresen a zonas prohibidas para pescar incluyendo áreas marinas protegidas si no tienen instalados el equipo de monitoreo (VMS) y por ende no están emitiendo señal de monitoreo satelital a la ARAP y cómo puede existir trazabilidad de las capturas provenientes de esta flota preguntó La Estrella de Panamá.

Es una ‘confusión’ normativa: ARAP

La institución fiscalizadora pesquera contestó que “coexisten dos normas”, el Decreto Ejecutivo 126 de 2017, que establece la obligatoriedad de VMS de manera general y el Decreto Ejecutivo 13 de 2023, reglamentario de la ley de pesca o Ley 204 de 2021, que delimita el uso obligatorio de VMS a las embarcaciones de mediana y gran escala, estableciendo que las de pequeña escala o artesanales quedarán sujetas a reglamentación posterior.

Debido a esta superposición normativa, respondió la ARAP, “muchas embarcaciones que en el Decreto 126 aparecen como ‘de bajura’ o ‘de altura’ aún no han sido recategorizadas bajo los parámetros del Decreto 13”.

Una vez concluya la nueva categorización de la flota “todas las embarcaciones de mediana y gran escala estarán obligadas a portar VMS, cerrando el vacío que actualmente permite la confusión”, precisó María Sierra, asesora técnica de la ARAP.

No obstante, este argumento no tendría sentido si se considera que Panamá adoptó en 2020 el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, que establece “el principio de no regresión y de progresividad”, recordó la abogada Joana Ábrego, de la organización conservacionista Centro de Incidencia Ambiental.

“No aplicar la obligación del monitoreo satelital VMS del Decreto Ejecutivo 126 a la flota de palangre constituye una clara regresión ambiental prohibida por el Acuerdo de Escazú” señaló Ábrego porque el artículo 26 de la ley de pesca establece que todas las embarcaciones de pabellón nacional deben portarlo por lo que “no hay incompatibilidad entre esa norma y el decreto”, explicó.

Y justo por la falta de este sistema de monitoreo VMS la ARAP no pudo sancionar a al menos seis embarcaciones de “la captura más grande contra la pesca ilegal en la historia de las áreas protegidas marinas panameñas”.

Los expedientes administrativos a las embarcaciones involucradas como Don Chino, Donatello, Kevin Santiago, Mi Joys José y Pintia fueron cerrados por falta de pruebas.

“No se tiene certeza de su ubicación exacta porque no cuenta con sistema VMS por ser buque de pequeña escala”, indican las providencias de estos barcos cuyos expedientes sancionatorios fueron cerrados y archivados por “no existir elementos suficientes para continuar con el proceso”.

Mientras se adecua la normativa, la ARAP indicó que “la trazabilidad de los productos de exportación está asegurada” mediante la verificación documental y las declaraciones juradas”.

A través del monitoreo y fiscalización en zonas marítimas protegidas, en coordinación con el SENAN, para verificar que ninguna embarcación opere dentro de áreas restringidas.

No obstante, adicional al operativo de enero de 2025 el SENAN no ha informado algo similar en el resto del año.

En el caso de la exportación a la UE solo se certifican productos de buques que cumplen con la totalidad de los requisitos: VMS activo, bitácora validada, inspección de desembarque y autorización oficial.

Para otros mercados las naves deben cumplir con el certificado de captura digital, que exige como soporte mínimo la Declaración de Desembarque del Capitán que funciona como declaración jurada, con detalles de especies, volúmenes y área de captura.

Esto se acompaña con el zarpe, registro de recepción en planta, nota de venta, paz y salvo, y en ciertos casos reporte de inspección, informó la ARAP.