Descuentos a jubilados: Apede pide a Mulino vetar el proyecto de ley No. 226 por impacto en las MiPymes
- 02/09/2026 15:34
La Apede sostiene que los nuevos descuentos para jubilados y adultos mayores deben contar con un esquema de financiamiento sostenible.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) solicitó este miércoles 2 de septiembre formalmente al presidente de la República, José Raúl Mulino, vetar el proyecto de ley No. 226 y devolverlo a la Asamblea Nacional para una revisión técnica, económica y jurídica, acompañada de una consulta amplia a los sectores involucrados.
La petición se suma a las advertencias realizadas en los últimos días por el sector empresarial sobre el posible impacto de los nuevos descuentos contemplados en la iniciativa, aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional este jueves 27 de agosto.
Apede aclaró que reconoce como una prioridad nacional la atención de los jubilados, pensionados y adultos mayores, particularmente de quienes enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades debido al aumento del costo de vida, los gastos médicos y la insuficiencia de algunos ingresos de jubilación.
“Quienes dedicaron décadas de trabajo al desarrollo de Panamá merecen vivir esta etapa con dignidad, seguridad y acceso efectivo a los bienes y servicios que necesitan”, afirmó Alberto López Tom, presidente de Apede.
La organización empresarial sostuvo que su planteamiento busca que los beneficios sean justos, sostenibles y estén dirigidos principalmente a quienes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad.
El proyecto de ley No. 226 modifica y adiciona artículos a la Ley No. 6 de 16 de junio de 1987 y amplía los descuentos obligatorios aplicables a diferentes actividades económicas.
Según Apede, una medida de esta naturaleza requiere determinar con precisión cómo se financiarán los beneficios y quién asumirá finalmente su costo.
La asociación advirtió que, dependiendo de la actividad económica, el costo podría ser absorbido directamente por las empresas, trasladado a los precios o distribuido entre los consumidores.
El impacto, agregó, podría ser mayor para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), debido a que muchas operan con márgenes reducidos y tienen menor capacidad para asumir nuevas cargas.
Apede también señaló que una obligación uniforme puede generar efectos diferentes entre una empresa grande, un pequeño establecimiento, una actividad regulada o un negocio que enfrenta elevados costos operativos.
Como alternativa, Apede planteó evaluar créditos fiscales u otros mecanismos de compensación tributaria que permitan a las empresas recuperar total o parcialmente el costo de los descuentos.
El objetivo, explicó, sería evitar que el financiamiento de esta política social recaiga de manera desproporcionada sobre determinados sectores económicos o termine trasladándose a los consumidores.
La propuesta coincide con una preocupación expresada recientemente por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).
El presidente de ese gremio, Aurelio Barría Pino, advirtió el 1 de septiembre que los descuentos podrían afectar los márgenes de las MiPymes y eventualmente provocar reducción de gastos, pérdida de empleos e incluso el cierre de pequeños negocios.
Barría Pino señaló que existen más de 62 mil micro y pequeñas empresas que podrían verse afectadas por las nuevas disposiciones.
La Cciap también propuso crear una mesa técnica para medir el impacto económico de la iniciativa y analizar mecanismos para focalizar los beneficios en las personas que realmente los necesitan.
Apede propuso además que los beneficios sean priorizados para jubilados y pensionados de menores ingresos, en lugar de aplicar necesariamente las mismas condiciones por el solo hecho de alcanzar determinada edad.
Entre las alternativas mencionadas están los subsidios focalizados, programas de medicamentos y salud, tarifas sociales y esquemas de aportes compartidos para personas que se encuentren en una situación económica vulnerable.
La asociación considera que la solidaridad debe estar acompañada de sostenibilidad para garantizar que los beneficios puedan mantenerse en el tiempo.
Apede solicitó que cualquier revisión del proyecto incluya a representantes de jubilados y pensionados, autoridades, sector privado, consumidores y especialistas en políticas sociales y económicas.
La finalidad sería cuantificar el impacto de las medidas, establecer fuentes de financiamiento sostenibles y determinar sus posibles efectos sobre las empresas, el empleo y los consumidores.
El proyecto de ley contempla una ampliación de beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores, entre ellos reducciones en servicios y actividades como cines, espectáculos, pasajes aéreos, hoteles, medicamentos, hospitales y clínicas privadas, además de otros servicios.
La Cciap ya había solicitado el veto total de la iniciativa y alertado sobre posibles efectos en la inflación, el empleo y la sostenibilidad de las MiPymes.
Apede, por su parte, enfatizó que su solicitud de veto “no busca limitar los beneficios destinados a los adultos mayores”, sino promover una solución que permita atender sus necesidades sin comprometer la sostenibilidad de las empresas, el empleo ni el bienestar de los consumidores.