DGI recauda $875 millones menos de lo presupuestado en el primer semestre
- 25/08/2025 00:00
En los primeros seis meses, los ingresos alcanzaron $3.911 millones, frente a los $4.786 millones programados, un déficit de 18.3%. Aún así, el gobierno presentó a la Asamblea un presupuesto 2026 con un aumento del gasto de 4.789 millones respecto al año anterior Tras semanas de retraso, la Dirección General de Ingresos (DGI) publicó las cifras de recaudación correspondientes al primer semestre de 2025. El resultado se repite: los ingresos volvieron a quedarse cortos frente a lo presupuestado.
Entre enero y junio se recaudaron $875 millones menos de lo programado, lo que equivale a un incumplimiento de la meta del 18.3%.
El resultado llega justo en el momento en que el Gobierno presenta a la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto de 2026, cifrado en $34.900 millones, lo que supone un aumento de $4.789 millones con respecto al de 2025.
La contradicción es evidente: mientras los ingresos no alcanzan, el gasto público proyectado no deja de crecer. Ese será, previsiblemente, el eje del debate en el periplo legislativo en las próximas semanas.
De acuerdo con el reporte de la DGI, los ingresos corrientes sumaron $3.911 millones cuando el objetivo era recaudar $4.786 millones. El incumplimiento de la meta de recaudación ocurre a pesar de que los ingresos crecieron $384 millones, es decir, 10.9% más que en el mismo período de 2024.
Todo indica que la brecha fiscal del primer semestre obedece a una sobrestimación de los ingresos en el presupuesto vigente.
Al respecto, expertos advierten que el mismo escenario podría repetirse en 2026, cuando el fuerte aumento proyectado de gasto se enfrenta a una economía que no logra sostener el nivel de recaudación de ingresos requerido.
‘Sobreestimación’, el problema Para el economista Ernesto Bazán, uno de los “graves inconvenientes” en la elaboración del presupuesto de la nación es precisamente la sobreestimación de los ingresos, en especial los ingresos tributarios.
La data acumulada del primer semestre lo confirma: los ingresos tributarios sumaron $3.147 millones mientras lo presupuestado para todo el año es $8.240 millones. Esa meta, advierte, difícilmente podrá cumplirse y terminará cubriéndose con más deuda pública.
Bazán hizo hincapié en que, para el 2026, el gobierno estima que los ingresos tributarios crecerían aún más, unos $200 millones adicionales, y en la medida en que no se cumplan las estimaciones o que sean demasiado optimistas la sociedad se perjudica porque el déficit se cubrirá con deuda.
“La deuda genera intereses y estos intereses ocasionan la pérdida de beneficios para la sociedad, porque el dinero de los intereses se tiene que sacar de otros lados al recortar otros gastos”, dijo Bazán a La Estrella de Panamá, luego de analizar el documento.
Estos gastos son para resolver problemas sociales como salud, educación, agua potable entre otros.
Ingresos no tributarios Otros que también se quedaron por debajo de la meta fueron los ingresos no tributarios. En los primeros seis meses el objetivo era recaudar $1.279 millones y se obtuvieron $743 millones, es decir, $535 millones menos de lo previsto.
Austeridad Bazán aconsejó que hay que reducir los gastos a niveles realistas en una política de austeridad y establecer proyecciones en el presupuesto cónsonos con la realidad.
“Hay una gran desconexión entre los ingresos que se quisieran obtener o, desearían y que forman parte del presupuesto y los ingresos que corresponden a la recaudación”, enfatizó.
Aumentar ingresos y reducir gastos: la receta El reto está en la mejora de la recaudación y para esto se requiere revisar ventajas fiscales, subsidios y el fortalecimiento de la DGI como entidad recaudadora para equilibrar el presupuesto, recomendó el experto.
De lo contrario “no resultaría beneficioso para la sociedad, porque si no, cualquier esfuerzo en recaudación solo alimenta un bolso con un orificio y el esfuerzo resultaría en vano”, acotó Bazán.
En este punto, el balance fiscal del Gobierno Central a junio de 2025, publicado por el MEF, refleja exactamente lo contrario.
Una vez más se reporta un ahorro corriente negativo, lo que significa que los ingresos corrientes no alcanzan para cubrir los gastos corrientes, y que estos deben financiarse con deuda pública. Entre esos gastos figuran la planilla estatal, los subsidios y los intereses de la deuda.
A junio de 2025, el gasto corriente del gobierno central pasó a $5.833 millones, lo que significó un aumento de $303 millones respecto a mismo semestre de 2024.
Los mayores incrementos estuvieron en el renglón de “transferencias/documentos fiscales” y “los intereses de la deuda”.
Según el MEF, la transferencia responde a la entrega de $397 millones a la Caja de Seguro Social (CSS) para cubrir el déficit del subsistema de beneficio definido correspondiente a la vigencia fiscal 2022.
A ello se suma otro compromiso relevante: este año, aun sin cumplir la meta de recaudación, el Gobierno deberá aportar $960 millones al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS, producto de la reciente reforma a la Ley de Pensiones (Ley 462).
Mientras tanto, aunque desde mayo el MEF aseguró a este diario que revisaría incentivos fiscales y subsidios, hasta la fecha no se ha anunciado una estrategia concreta para incrementar la recaudación sobre las actividades con mayores ganancias.
Ernesto BazánEconomista y analista Hay una gran desconexión entre los ingresos que se desearían en el presupuesto y los que corresponden a la recaudación; esta sobreestimación se paga con deuda que genera intereses y pérdida de beneficios para la sociedad” Ingresos a junio 2025
Tras semanas de retraso, la Dirección General de Ingresos (DGI) publicó las cifras de recaudación correspondientes al primer semestre de 2025. El resultado se repite: los ingresos volvieron a quedarse cortos frente a lo presupuestado.
Entre enero y junio se recaudaron $875 millones menos de lo programado, lo que equivale a un incumplimiento de la meta del 18.3%.
El resultado llega justo en el momento en que el Gobierno presenta a la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto de 2026, cifrado en $34.900 millones, lo que supone un aumento de $4.789 millones con respecto al de 2025.
La contradicción es evidente: mientras los ingresos no alcanzan, el gasto público proyectado no deja de crecer. Ese será, previsiblemente, el eje del debate en el periplo legislativo en las próximas semanas.
De acuerdo con el reporte de la DGI, los ingresos corrientes sumaron $3.911 millones cuando el objetivo era recaudar $4.786 millones. El incumplimiento de la meta de recaudación ocurre a pesar de que los ingresos crecieron $384 millones, es decir, 10.9% más que en el mismo período de 2024.
Todo indica que la brecha fiscal del primer semestre obedece a una sobrestimación de los ingresos en el presupuesto vigente.
Al respecto, expertos advierten que el mismo escenario podría repetirse en 2026, cuando el fuerte aumento proyectado de gasto se enfrenta a una economía que no logra sostener el nivel de recaudación de ingresos requerido.
Para el economista Ernesto Bazán, uno de los “graves inconvenientes” en la elaboración del presupuesto de la nación es precisamente la sobreestimación de los ingresos, en especial los ingresos tributarios.
La data acumulada del primer semestre lo confirma: los ingresos tributarios sumaron $3.147 millones mientras lo presupuestado para todo el año es $8.240 millones. Esa meta, advierte, difícilmente podrá cumplirse y terminará cubriéndose con más deuda pública.
Bazán hizo hincapié en que, para el 2026, el gobierno estima que los ingresos tributarios crecerían aún más, unos $200 millones adicionales, y en la medida en que no se cumplan las estimaciones o que sean demasiado optimistas la sociedad se perjudica porque el déficit se cubrirá con deuda.
“La deuda genera intereses y estos intereses ocasionan la pérdida de beneficios para la sociedad, porque el dinero de los intereses se tiene que sacar de otros lados al recortar otros gastos”, dijo Bazán a La Estrella de Panamá, luego de analizar el documento.
Estos gastos son para resolver problemas sociales como salud, educación, agua potable entre otros.
Otros que también se quedaron por debajo de la meta fueron los ingresos no tributarios. En los primeros seis meses el objetivo era recaudar $1.279 millones y se obtuvieron $743 millones, es decir, $535 millones menos de lo previsto.
Bazán aconsejó que hay que reducir los gastos a niveles realistas en una política de austeridad y establecer proyecciones en el presupuesto cónsonos con la realidad.
“Hay una gran desconexión entre los ingresos que se quisieran obtener o, desearían y que forman parte del presupuesto y los ingresos que corresponden a la recaudación”, enfatizó.
El reto está en la mejora de la recaudación y para esto se requiere revisar ventajas fiscales, subsidios y el fortalecimiento de la DGI como entidad recaudadora para equilibrar el presupuesto, recomendó el experto.
De lo contrario “no resultaría beneficioso para la sociedad, porque si no, cualquier esfuerzo en recaudación solo alimenta un bolso con un orificio y el esfuerzo resultaría en vano”, acotó Bazán.
En este punto, el balance fiscal del Gobierno Central a junio de 2025, publicado por el MEF, refleja exactamente lo contrario.
Una vez más se reporta un ahorro corriente negativo, lo que significa que los ingresos corrientes no alcanzan para cubrir los gastos corrientes, y que estos deben financiarse con deuda pública. Entre esos gastos figuran la planilla estatal, los subsidios y los intereses de la deuda.
A junio de 2025, el gasto corriente del gobierno central pasó a $5.833 millones, lo que significó un aumento de $303 millones respecto a mismo semestre de 2024.
Los mayores incrementos estuvieron en el renglón de “transferencias/documentos fiscales” y “los intereses de la deuda”.
Según el MEF, la transferencia responde a la entrega de $397 millones a la Caja de Seguro Social (CSS) para cubrir el déficit del subsistema de beneficio definido correspondiente a la vigencia fiscal 2022.
A ello se suma otro compromiso relevante: este año, aun sin cumplir la meta de recaudación, el Gobierno deberá aportar $960 millones al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS, producto de la reciente reforma a la Ley de Pensiones (Ley 462).
Mientras tanto, aunque desde mayo el MEF aseguró a este diario que revisaría incentivos fiscales y subsidios, hasta la fecha no se ha anunciado una estrategia concreta para incrementar la recaudación sobre las actividades con mayores ganancias.