Diputado Cedeño: Se está llamando a los auditores de la Contraloraía para que terminen diligencia en el Ministerio Público

El diputado de la coalición Seguimos, Ernesto Cedeño, aseguró la mañana de este sábado 11 de abril que la diligencia desarrollada en el Ministerio Público, en la que fueron citados auditores de la Contraloría General de la República este jueves 9 de abril, no pudo concluirse como estaba previsto, luego de la interrupción del proceso investigativo, por lo que están siendo llamados para terminarla.

Cedeño planteó que debido a este incidente en la Fiscalía Anticorrupción el procurador general de la Nación, Luis Gómez, debería presentar una denuncia contra los jerarcas de la Contraloría General de la República.

A través de una declaración publicada en la red social X, Cedeño explicó que el caso tiene su origen en un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, relacionado con el exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo.

A Carrizo se le sigue una investigación por un supuesto delito de enriquecimiento injustificado.

En tanto, la Contraloría General de la República negó la tarde de este 10 de abril haber irrumpido en la Fiscalía Anticorrupción el 9 de abril y aseguró que tampoco interfirió con sus investigaciones en curso.

“En ningún momento, funcionarios de la Contraloría ni el contralor [Anel Flores], han irrumpido en diligencias del Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso”, afirmó la entidad.

Según la Procuraduría, esos funcionarios intervinieron durante la diligencia, lo que impidió que la misma pudiera concluirse.

Los auditores estaban siendo entrevistados por requerimiento de la autoridad competente dentro de una investigación que involucra a Carrizo.

PROCESOS DE VERIFICACIÓN

El diputado detalló que este tipo de auditorías implica entrevistas y procesos de verificación previos, y recordó que ya anteriormente se había intentado realizar una diligencia similar, la cual también fue interrumpida por situaciones que calificó como “lamentables”.

Según la investigación de Cedeño, durante la más reciente diligencia se produjo la entrada de autoridades de la Contraloría, quienes retiraron a los auditores que participaban en el proceso. Esta acción, afirmó, impidió que se pudiera finiquitar la diligencia en ese momento.

“A raíz de eso no se pudo terminar la diligencia, esa es la realidad. No se terminó y eso es preocupante porque se debe respetar la administración de justicia”, manifestó el diputado.

El también abogado subrayó que lo ocurrido genera preocupación, ya que —a su juicio— no es aceptable que se interrumpan investigaciones en curso, e insistió en la necesidad de garantizar que estos procesos se desarrollen sin interferencias.

En ese contexto, adelantó que presentará una iniciativa legislativa este lunes 13 de abril ante el pleno de la Asamblea Nacional para evitar que situaciones similares se repitan y fortalecer los mecanismos institucionales. Indicó que llevará la propuesta ante su bancada en los próximos días.

Además, mencionó que existen versiones encontradas sobre lo sucedido, ya que mientras un comunicado señala que hubo una irrupción en la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría sostiene lo contrario. No obstante, reiteró que su indagación concluye que sí hubo intervención de autoridades de esa entidad.

DEFENSA DE CARRIZO

Por su lado, la defensa de Carrizo emitió este viernes 10 de abril un pronunciamiento público en el que exige el respeto al debido proceso y al Estado de derecho tras conocerse de la presunta irrupción del contralor general de la República, Anel Flores, en una fiscalía anticorrupción este jueves 9 de abril.

El equipo legal, aseguró que Carrizo muestra disposición de enfrentar a la justicia con el objetivo de demostrar su inocencia.

Asimismo, instaron a las autoridades competentes a garantizar el cumplimiento de la ley, el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.

La defensa también señaló que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos y comunicar con transparencia al país la situación jurídica del caso. En esa misma línea, cuestionaron la solidez de un informe que, según indican, presenta “inconsistencias graves”.

Otro de los puntos destacados del pronunciamiento es que, de acuerdo con la defensa, las medidas adoptadas han mantenido a su cliente detenido y con cuentas restringidas desde octubre de 2025, pese a que —afirman— no guardan relación con el manejo de fondos públicos.