Diputado propone crear una autoridad del agua e incluirla en la Ley de la APP

El diputado oficialista de Realizando Metas (RM), Alain Cedeño, presentó ante la Asamblea Nacional dos anteproyectos de ley que buscan transformar el modelo de gestión del agua potable y saneamiento en Panamá, mediante una reorganización institucional del actual Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y la incorporación de asociaciones público-privadas (APP) para desarrollar infraestructura hídrica.

La primera propuesta, identificada como el Anteproyecto de Ley No. 93, plantea crear la Autoridad Nacional de Agua Potable y Saneamiento (ANAPS), entidad que reemplazaría al IDAAN y tendría autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio para dirigir las políticas de abastecimiento de agua potable y saneamiento en el país.

Según la exposición de motivos, la iniciativa responde a las limitaciones que enfrenta actualmente el IDAAN para operar y expandir el servicio, en un contexto marcado por el crecimiento de la demanda, las pérdidas de agua en la red de distribución y la necesidad de modernizar la infraestructura existente.

El documento señala que cerca del 50% del agua potable producida podría perderse por fugas o uso ineficiente, situación que, además de afectar el suministro a la población, también impacta el manejo del recurso hídrico que utiliza el Canal de Panamá.

Entre los objetivos del anteproyecto figuran mejorar la cobertura y calidad del servicio, optimizar la operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, fortalecer la capacidad tecnológica de la institución, buscar nuevas fuentes de abastecimiento y establecer un esquema tarifario que permita cubrir los costos operativos y de inversión. La propuesta también establece de forma expresa que la nueva autoridad no podrá ser privatizada.

El segundo anteproyecto, identificado como el No. 94, modifica la Ley 93 de 2019, que regula el régimen de asociaciones público-privadas, para permitir que el IDAAN —o la nueva autoridad, en caso de aprobarse la reorganización— pueda desarrollar proyectos de infraestructura mediante este mecanismo.

De acuerdo con la iniciativa, las APP podrían utilizarse para el diseño, financiamiento, construcción, rehabilitación, ampliación, operación técnica y mantenimiento de plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo, líneas de conducción y demás infraestructuras relacionadas con la producción y tratamiento del agua.

La exposición de motivos sostiene que este modelo permitiría acelerar las inversiones necesarias para ampliar y modernizar la infraestructura del sector, al tiempo que reduciría la dependencia del presupuesto estatal y de los procesos tradicionales de contratación pública. El diputado argumenta que la medida busca convertir parte del gasto corriente que actualmente realiza el Estado, como el alquiler de camiones cisterna para abastecer comunidades, en inversiones permanentes en infraestructura.

Ambos documentos insisten en que las reformas no contemplan la privatización del agua ni del servicio de agua potable. Las iniciativas establecen que el Estado mantendrá la titularidad del recurso hídrico y conservará funciones como la distribución del agua, la facturación, el cobro a los usuarios, la administración de las redes y la atención de reclamos.

Asimismo, indican que las empresas privadas que participen en proyectos bajo la modalidad APP no podrán fijar tarifas, facturar directamente a los usuarios ni administrar comercialmente el servicio. Las propuestas también mantienen en manos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) las facultades regulatorias sobre la estructura tarifaria y la supervisión del servicio.

El anteproyecto que crea la ANAPS fue remitido a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, mientras que la iniciativa que modifica el régimen de asociaciones público-privadas fue enviada a la Comisión de Economía y Finanzas. Ambos documentos permanecen pendientes de prohijamiento, paso previo para iniciar su discusión formal dentro del proceso legislativo.

No es la primera vez que se presenta una iniciativa que transforma el IDAAN en una autoridad. En gobierno anteriores también se debatido propuestas similares, pero no sehan concretado en ley de la República