Diputado Vega cuestionó préstamo de $3 millones al Mides por falta de claridad en ejecución
- 15/05/2025 17:40
Un contrato por $3 millones generó controversia en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional. Durante la sección de este jueves 15 de mayo en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el diputado Jhonathan Vega, de la coalición Vamos, cuestionó a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, y a su director de Planificación, Óscar Madrigales, sobre la justificación de un préstamo de 3 millones de dólares destinado a un contrato para la adquisición de servicios de asistencia técnica.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) solicitó esos fondos para la gestión operativa del paquete unificado del servicio de inclusión social y productiva y acompañamiento familiar.
El diputado preguntó si el Mides contaba con indicadores claros para medir la pobreza multidimensional o si su labor se limitaba únicamente a la entrega de subsidios.
La ministra le respondió a Vega que se utilizaban diversos indicadores, así como ficha única de protección social, que les permite evaluar la situación de los solicitantes y priorizar a los más vulnerables para incluirlos en el programa de transferencia monetaria condicionada.
Sin embargo, el diputado insistió en la necesidad de contar con auditorías que respalden la eficacia de estas mediciones.
En respuesta, la ministra reconoció que más de 100 mil beneficiarios no contaban con documentación válida, y que aún quedan cerca de 44 mil por evaluar.
El principal foco de cuestionamiento fue el contrato financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a la implementación de la adquisición de servicios de asistencia técnica al Mides para gestión operativa del paquete unificado del servicio de inclusión social y productiva y acompañamiento familiar.
El diputado dio a conocer su preocupación: “Esto es prácticamente lo mismo que hacen con él Senapan. ¿Por qué gastar $3 millones en algo que ya existe?”
Madrigales, por su parte, detalló que, el proyecto forma parte del componente de “Inclusión Productiva” y que beneficiará a tres mil quinientas familias de Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, Chiriquí y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá-Wounaan.
Esas familias recibirán paquetes para desarrollar proyectos productivos y mil estarán en seguimiento técnico con apoyo de trabajadores sociales, psicólogos e ingenieros agrónomos.
A pesar de las explicaciones, Vega señaló que los números no cuadran y que existe una falta de diferenciación clara entre este proyecto y los programas vigentes, como la Autoridad de la Micro y Macro, Pequeña y Mediana Empresa y Senapan que desarrollan iniciativas similares.
“Esto me parece una mezcla de proyectos, con nombres más largos que un poema de Paulo Coelho” fueron algunas de sus palabras. “Honestamente esto a mí no me convence”, dijo Vega.
Durante la sección de este jueves 15 de mayo en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el diputado Jhonathan Vega, de la coalición Vamos, cuestionó a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, y a su director de Planificación, Óscar Madrigales, sobre la justificación de un préstamo de 3 millones de dólares destinado a un contrato para la adquisición de servicios de asistencia técnica.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) solicitó esos fondos para la gestión operativa del paquete unificado del servicio de inclusión social y productiva y acompañamiento familiar.
El diputado preguntó si el Mides contaba con indicadores claros para medir la pobreza multidimensional o si su labor se limitaba únicamente a la entrega de subsidios.
La ministra le respondió a Vega que se utilizaban diversos indicadores, así como ficha única de protección social, que les permite evaluar la situación de los solicitantes y priorizar a los más vulnerables para incluirlos en el programa de transferencia monetaria condicionada.
Sin embargo, el diputado insistió en la necesidad de contar con auditorías que respalden la eficacia de estas mediciones.
En respuesta, la ministra reconoció que más de 100 mil beneficiarios no contaban con documentación válida, y que aún quedan cerca de 44 mil por evaluar.
El principal foco de cuestionamiento fue el contrato financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a la implementación de la adquisición de servicios de asistencia técnica al Mides para gestión operativa del paquete unificado del servicio de inclusión social y productiva y acompañamiento familiar.
El diputado dio a conocer su preocupación: “Esto es prácticamente lo mismo que hacen con él Senapan. ¿Por qué gastar $3 millones en algo que ya existe?”
Madrigales, por su parte, detalló que, el proyecto forma parte del componente de “Inclusión Productiva” y que beneficiará a tres mil quinientas familias de Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, Chiriquí y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá-Wounaan.
Esas familias recibirán paquetes para desarrollar proyectos productivos y mil estarán en seguimiento técnico con apoyo de trabajadores sociales, psicólogos e ingenieros agrónomos.
A pesar de las explicaciones, Vega señaló que los números no cuadran y que existe una falta de diferenciación clara entre este proyecto y los programas vigentes, como la Autoridad de la Micro y Macro, Pequeña y Mediana Empresa y Senapan que desarrollan iniciativas similares.
“Esto me parece una mezcla de proyectos, con nombres más largos que un poema de Paulo Coelho” fueron algunas de sus palabras. “Honestamente esto a mí no me convence”, dijo Vega.