Ecocidio en Punta Chame: devastan 30 hectáreas de manglar para proyecto turístico

Al menos 30 hectáreas de manglar fueron devastadas en la costa de Punta Chame, provincia de Panamá Oeste, para la creación de un relleno de arena vinculado a la construcción de un proyecto turístico de playa, en lo que constituye uno de los daños ambientales más graves registrados en la zona en los últimos años.

Una revisión comparativa de imágenes satelitales de Google Earth entre 2013 y 2024 evidencia la progresiva reducción del ecosistema de manglar en el área, hasta su casi total desaparición.

A este material se suman fotografías obtenidas por este medio, en las que se observa claramente la quema del manglar costero, una práctica prohibida por la legislación ambiental panameña.

Los manglares son ecosistemas estratégicos de humedal, conformados por árboles y arbustos que cumplen funciones vitales: actúan como barreras naturales contra la erosión y los oleajes, protegen las costas frente a eventos climáticos extremos y sirven de hábitat y zona de reproducción para numerosas especies marinas y terrestres.

Entre ellas se encuentran cangrejos, camarones, ostras, peces, aves costeras, reptiles y mamíferos, esenciales para el equilibrio ecológico y la pesca artesanal.

La Resolución No. 1 de 26 de febrero de 2008 de la Junta Directiva de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) establece una multa de 300 mil dólares por cada hectárea de manglar destruida. De confirmarse la afectación total reportada, la sanción administrativa podría ascender a aproximadamente 9 millones de dólares.

Además, el artículo 306 del Código Penal contempla penas de hasta siete años de prisión para quienes destruyan formaciones vegetales arbóreas o arbustivas, como los manglares.

Esta misma normativa, respaldada por lo publicado en la Gaceta Oficial, reafirma la penalización económica de $300 mil por hectárea talada, independientemente de otras responsabilidades civiles o penales.

Tras la circulación de denuncias en redes sociales por la presunta extracción ilegal de arena del lecho marino en el mismo punto donde se produjo la devastación del manglar, funcionarios del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizaron una inspección en el sitio el lunes 19 de enero.

No obstante, hasta la fecha no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial por parte de MiAmbiente ni de la ARAP sobre los hallazgos de dicha inspección, ni sobre las posibles sanciones por la destrucción de este ecosistema protegido.

El silencio institucional ha generado preocupación entre ambientalistas, residentes del área y usuarios de redes sociales, quienes exigen transparencia y acciones concretas.

Organizaciones ambientales y ciudadanos han advertido que este caso podría sentar un peligroso precedente de impunidad, en un país que ya enfrenta una creciente presión sobre sus recursos naturales, especialmente en zonas costeras de alto valor ecológico y turístico.

La destrucción de manglares no solo representa una pérdida ambiental irreversible, sino también un impacto directo sobre la seguridad alimentaria, la protección costera y la biodiversidad. Ante la magnitud del daño documentado, diversos sectores reclaman una investigación exhaustiva, la aplicación estricta de la ley y la publicación inmediata de los resultados oficiales, para determinar responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan en otras áreas del país.