El 60% de casos auditados por descentralización mostró lesión patrimonial

Más de $44 millones en lesión patrimonial están documentados en las investigaciones relacionadas con el uso de fondos de la descentralización, según informó Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, durante las vistas presupuestarias de la vigencia fiscal 2027.

Ante los diputados, Méndez explicó que la institución presentó 353 denuncias ante el Ministerio Público luego de revisar la documentación presentada por quienes recibieron los recursos.

La funcionaria relató que, al llegar a la institución, encontró transferencias por alrededor de $300 millones realizadas sin un manual de procedimiento y con información limitada sobre el destino de los fondos.

“Las comunidades estaban clamando de que vieron mucho dinero y mucha bonanza, mucha regaladera para campaña, pero no habían obras en sus comunidades”, expresó Méndez al explicar el contexto que encontró al asumir la dirección.

Según la funcionaria, la Autoridad pidió a los responsables que documentaran cómo utilizaron los recursos y estableció un plazo de tres meses para presentar la información.

“Entonces le dijimos a todos, por favor, documenten cómo se utilizaron los recursos”, relató.

Méndez aclaró que la Autoridad Nacional de Descentralización no realiza las auditorías ni determina la existencia de un delito. Su función, según explicó, consiste en revisar la documentación y remitir al Ministerio Público aquellos casos en los que los responsables no pudieron demostrar el uso de los fondos.

De las 353 denuncias presentadas, 80 casos ya cuentan con auditoría de la Contraloría, de acuerdo con la información expuesta por Méndez.

La directora indicó que el 60% de esos casos no pudo sustentar el uso de los recursos y evidenció una lesión patrimonial.

“En este momento el Ministerio Público tiene 44 millones de dólares ya documentados en lesión patrimonial”, afirmó.

El otro 40% de los casos auditados, explicó Méndez, sí presentó documentación sobre el uso de los fondos y, en esos casos, el expediente se cierra.

“El que presenta sus documentos, el que usó bien su dinero, no tiene por qué dormir intranquilo”, sostuvo.

La funcionaria insistió en que la existencia de una denuncia no significa que una persona sea responsable de un delito. Según explicó, ningún caso debe avanzar a una imputación sin una auditoría de la Contraloría que determine una afectación patrimonial.

Durante la comparecencia también surgió un cuestionamiento sobre el procedimiento que siguen los expedientes.

La crítica planteada a Méndez apunta a que las denuncias llegan primero al Ministerio Público y luego este solicita a la Contraloría las auditorías correspondientes.

La funcionaria defendió la decisión de presentar las denuncias directamente ante el Ministerio Público.

Explicó que, según el criterio de los abogados de Presidencia y lo que le confirmó el entonces procurador, existía una obligación legal de denunciar los posibles delitos de acción pública conocidos por los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones.

Méndez citó el artículo 83 del Código Procesal Penal, relacionado con el deber de los servidores públicos de denunciar este tipo de hechos.

“Cuando es un delito agravado o un posible delito agravado por lesión patrimonial de un fondo de interés social, como era este, debe ser presentado en Ministerio Público”, sostuvo.

La directora explicó que los expedientes presentaron situaciones distintas.

Algunos responsables entregaron la documentación que sustentaba el uso de los fondos. Otros presentaron documentación incompleta y, según Méndez, hubo personas que no pudieron demostrar cómo utilizaron los recursos.

Incluso mencionó casos en los que los responsables entregaron cajas con cheques y talonarios para justificar el uso del dinero.

“Nosotros no somos auditores”, recalcó.

Por esa razón, la Autoridad remitió los casos al Ministerio Público y dejó en manos de la Contraloría la auditoría correspondiente.

Méndez sostuvo que la revisión busca establecer qué ocurrió con los recursos públicos y garantizar que quienes utilizaron correctamente el dinero no enfrenten consecuencias por una denuncia.

En su intervención, Méndez calificó como preocupante el manejo de recursos destinados a fines sociales y defendió la actuación de la institución.

“Con la plata del pueblo y este dinero no se puede jugar como se hizo”, expresó.

También lamentó que algunas personas pudieran quedar involucradas en las investigaciones por desconocimiento de sus responsabilidades administrativas.

“A mí sí me duele porque fueron los tontos útiles”, manifestó.

Para Méndez, el proceso debe servir para establecer responsabilidades y, al mismo tiempo, evitar que una situación similar se repita.

“Como Estado estamos defendiendo la plata de nuestros ciudadanos”, afirmó.

La funcionaria insistió en que el objetivo debe ser garantizar el debido proceso y determinar, mediante las auditorías correspondientes, qué ocurrió con los fondos entregados.