El informe que revela las horas previas a la fuga de La Joyita

La fuga masiva de privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita continúa bajo investigación. Sin embargo, un informe remitido al Ministerio Público ofrece nuevos detalles sobre lo que ocurrió dentro del penal antes de que decenas de reclusos escaparan y el centro quedara sumido en el caos.

El documento, dirigido al fiscal superior de Atención Primaria Metropolitana, Azael Samaniego, describe una cadena de acontecimientos que comenzó alrededor de las 12:30 p.m. del 1 de junio.

Según el reporte, divulgado por Telemetro Reporta, el mayor Rivera se presentó en la dirección del centro penitenciario para solicitar apoyo logístico con un vehículo oficial. La finalidad era trasladar privados de libertad desde el área de máxima seguridad hacia el área del Rancho, donde supuestamente se desarrollaría una reunión encabezada por el comisionado Luis García.

El informe señala que existía un listado de privados de libertad convocados a ese encuentro, aunque el funcionario que elaboró el reporte aseguró desconocer quiénes integraban ese grupo.

Además de los internos de máxima seguridad, también participarían líderes de los pabellones de mínima seguridad.

Lo que inicialmente se presentó como una reunión comenzó a generar inquietud entre la población penitenciaria.

De acuerdo con el documento, unidades de control de multitudes llegaron al lugar y varios privados de libertad expresaron dudas sobre el verdadero propósito de la convocatoria.

Según el reporte, algunos internos sospechaban que no se trataba de una reunión, sino de un traslado hacia otros centros penitenciarios.

La información comenzó a circular rápidamente entre los distintos pabellones.

En cuestión de minutos, la incertidumbre se extendió por gran parte del complejo penitenciario.

El informe sostiene que los privados de libertad empezaron a salir paulatinamente de los pabellones mientras aumentaba la tensión dentro de las instalaciones.

Posteriormente, miembros de la Policía Nacional esposaron a 49 privados de libertad y los subieron a vehículos oficiales.

Según el documento, no se informó públicamente hacia dónde serían trasladados. A partir de ese momento, la situación se deterioró rápidamente.

El reporte describe enfrentamientos entre privados de libertad y unidades policiales, lo que desencadenó actos de vandalismo dentro del penal.

Entre los daños consignados figuran la destrucción de áreas de seguridad, afectaciones a la cocina del centro, el robo de insumos, daños a escáneres de control, equipos pertenecientes al Ministerio de Educación y herramientas utilizadas en programas de formación del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).

El informe también señala que aproximadamente 46 cámaras de vigilancia resultaron destruidas durante los disturbios.

Las autoridades aún investigan si los hechos descritos en el documento guardan relación directa con la evasión de los privados de libertad o si constituyen parte de una secuencia más amplia de eventos que terminó facilitando la fuga.

La versión coincide con las declaraciones ofrecidas por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien confirmó que las investigaciones buscan determinar cómo un operativo rutinario de traslado terminó convirtiéndose en una de las mayores crisis penitenciarias registradas en los últimos años.

“Lo que ocurrió no es poca cosa, es grave”, afirmó la ministra, quien aseguró que las pesquisas llegarán hasta las últimas consecuencias.

La fuga registrada en La Joyita involucró a 195 privados de libertad, según las cifras oficiales divulgadas por las autoridades. Durante los hechos también se reportó la muerte de tres reclusos, casos que forman parte de las investigaciones que adelantan el Ministerio Público y los organismos de seguridad.

Montalvo ha señalado que el 1 de junio marcó un antes y un después para el sistema penitenciario panameño y advirtió que el Estado responderá con medidas más estrictas para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

“Todo cambia. Todo al final va a cambiar. El sistema penitenciario de lo que venía siendo hasta ese día se transforma totalmente y van a sentir el peso de un Estado que ha sido desafiado”, manifestó la ministra en una de sus comparecencias públicas.

Tras la evasión, la Policía Nacional desplegó operativos de búsqueda en distintos puntos del país. De acuerdo con los últimos reportes oficiales, la mayoría de los fugados han sido recapturados o se han entregado voluntariamente a las autoridades, aunque los operativos continúan para ubicar a quienes permanecen prófugos.

Paralelamente, el Ministerio Público abrió investigaciones por el delito de evasión y por los daños ocasionados dentro del centro penitenciario. La Procuraduría General de la Nación informó que decenas de personas vinculadas con la fuga fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales.

Como parte de estos procesos, fiscales han desarrollado múltiples audiencias de control de garantías para legalizar aprehensiones, formular imputaciones y solicitar medidas cautelares. Varios privados de libertad han recibido condenas mediante acuerdos de pena por el delito de evasión, sanciones que se suman a las condenas que ya cumplían al momento de escapar.

Las investigaciones permanecen abiertas tanto en el Ministerio Público como en los organismos de seguridad del Estado, que intentan establecer responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales por los hechos ocurridos dentro de La Joyita. Entre las líneas de investigación figura determinar quién ordenó los movimientos previos dentro del penal, cómo se produjo la ruptura de los controles de seguridad y si existieron fallas o actuaciones irregulares por parte de funcionarios encargados de la custodia del centro.

La Procuraduría General de la Nación informó que 145 personas vinculadas con la fuga fueron aprehendidas y que fiscales celebraron 13 audiencias de control de garantías.

Como resultado de esos procesos, seis personas recibieron condenas mediante acuerdos de pena y decenas permanecen bajo detención provisional.

Las condenas incluyen penas de tres años, tres años y seis meses, y tres años y ocho meses de prisión, que se sumarán a las sentencias que los condenados ya cumplían antes de escapar.