Embajador Cabrera explica por qué Panamá sigue en lista de países de tránsito de drogas de Estados Unidos
- 18/09/2026 11:57
Las declaraciones del embajador se producen luego de que Panamá fuera incluido nuevamente por Estados Unidos entre los principales países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.
El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó la mañana de este viernes 18 de septiembre que Washington trabaja diariamente con el Gobierno panameño para reforzar la seguridad y evitar que el país sea utilizado como ruta para el tráfico de drogas.
Cabrera ofreció esta explicación cuando La Estrella de Panamá lo consultó de que por qué Panamá se mantiene en la lista de países que son ruta o productor de narcotraficantes.
“Estamos trabajando con Panamá todos los días para eliminar que Panamá sea cualquier tipo de ruta”, declaró Cabrera.
El diplomático señaló que la cooperación incluye al gobierno del presidente José Raúl Mulino, al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y a las distintas instituciones de seguridad panameñas.
“Estamos trabajando con el gobierno del presidente José Raúl Mulino, estamos trabajando con el ministro Ábrego y con todos los diferentes estamentos de seguridad aquí en Panamá”, manifestó.
Cabrera agregó que ambos países mantienen un proceso de refuerzo de las acciones de seguridad con el objetivo de impedir que las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito utilicen territorio panameño como ruta.
“Estamos en un refuerzo para ver si es que podemos eliminar y no estén ninguna ruta”, sostuvo.
Las declaraciones del embajador se producen luego de que Panamá fuera incluido nuevamente por Estados Unidos entre los principales países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.
La determinación presidencial fue firmada por el presidente estadounidense Donald Trump y presentada al Congreso el 15 de septiembre. Panamá figura en una relación de 23 países que incluye, entre otros, a Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Venezuela.
La propia determinación estadounidense establece que la inclusión en esta categoría no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de los gobiernos de esos países en la lucha contra las drogas ni su nivel de cooperación con Estados Unidos. La clasificación responde a factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas ilícitas o de precursores químicos.
Por tanto, la inclusión de Panamá en esta lista no equivale, por sí misma, a una declaración de que el Gobierno panameño haya incumplido sus compromisos internacionales de control de drogas.
La declaración de Cabrera coincide con un incremento de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
El 16 de septiembre, el embajador entregó al Ministerio de Seguridad Pública cuatro sistemas aéreos no tripulados K1000 de largo alcance, valorados en más de $6 millones y financiados por el Comando Sur de Estados Unidos. Los equipos fueron destinados al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) para reforzar la vigilancia de fronteras y corredores marítimos y combatir redes de tráfico ilícito.
Además, Estados Unidos entregó recientemente a Panamá dos lanchas rápidas de interdicción destinadas al Senan como parte de la cooperación para combatir el narcotráfico.
En marzo pasado, el gobierno panameño y el Comando Sur también señalaron que la lucha contra los carteles y el crimen organizado debía abordarse mediante una estrategia regional. En esa ocasión, funcionarios estadounidenses describieron a Panamá como un socio en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
La relación de 23 países incluidos como principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas es más amplia que el grupo al que Trump señaló específicamente por no haber realizado esfuerzos sustanciales para cumplir sus compromisos antidrogas.
Para el año fiscal 2027, esa determinación identificó a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia como países que, según el documento presidencial, no realizaron durante los últimos 12 meses esfuerzos sustanciales para cumplir sus obligaciones internacionales de control de drogas.