‘Es una burla’, críticas a Panamá tras presentación del EPU exaltando el Ministerio de la Mujer

Como una “mofa” o “burla”. Así califican organizaciones de mujeres la presentación de Panamá ante el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas. El informe panameño dedica diez puntos a los derechos de niñas y mujeres en Panamá, la mitad de esos tienen que ver con el trabajo del Ministerio de la Mujer (Midem), una entidad que el Consejo de Gabinete aprobó suprimir el pasado 21 de octubre.

“Internacionalmente Panamá acaba de brindar su informe sobre el Examen Periódico Universal, en el que presentó y exaltó la creación del Ministerio de la Mujer, lo que pareciera ser una mofa o una burla, ante las verdaderas intenciones manifestada por el gobierno”, manifestó Joyce Araujo, abogada defensora de Derechos Humanos, investigadora especialista en género y exsecretaria general de la Defensoría del Pueblo. “Sin embargo, países reunidos en Ginebra, han felicitado a Panamá por la creación del Ministerio de la Mujer y lo han incentivado a seguir trabajando en la prevención y atención de la violencia basada en género, en un contexto en donde la desapariciones de niñas, jóvenes, la violencia sexual, la violencia doméstica y el femicidio, siguen siendo una problemática en las comunidades”, lamentó.

Araujo fue una de las personas que trabajó como consultora para la redacción del informe entre 2023 y 2024. “El impacto de la eliminación del Ministerio de la Mujer es directamente al cumplimiento de las políticas públicas dirigidas precisamente a esa parte de la población que aún sigue siendo víctima de la cultura machista, que pasa desde las violaciones de bebés, niñas, niños, adolescentes, en sus entornos familiares, la violencia doméstica en el ámbito privado, hasta todas esas violencias que sufren las mujeres en el ámbito público, como la violencia sexual, el acoso sexual en el espacio laboral, educativo, religioso y callejero, la violencia digital, la violencia política, entre otras”, explicó la especialista.

La estrategia del Gobierno Nacional es reemplazar el Midem con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), pero Araujo advierte que no es lo mismo. “El Inamu sería regresar a lo que existía anteriormente, sin voz en el Ejecutivo, sin herramientas técnicas, sin presupuesto, es dar un paso atrás a lo que se había avanzado, por eso es inaceptable la regresividad en los derechos, la apuesta es al fortalecimiento de los mecanismos, con recursos, con personal técnico para que puedan ejecutar sus planes y proyectos en beneficio de la población. Recordemos que respetar y promover los derechos humanos de las mujeres siendo el 50% de la población, es un compromiso democrático”, enfatizó.

De acuerdo al informe de la sociedad civil, en Panamá persiste la discriminación hacia las mujeres afrodescendientes, indígenas, adultas mayores, con discapacidad, migrantes, trabajadoras sexuales, privadas de libertad, lesbianas, trans, niñas y mujeres jóvenes. No se cuenta con indicadores para medir la desigualdad interseccional.

En materia de acceso a la justicia, se cuestiona que el Sistema Penal Acusatorio (SPA) permite realizar acuerdos de pena sin que sea vinculante la opinión de la víctima y reclama que se garanticen las reparaciones a las afectadas.

También hay una fuerte preocupación por la seguridad de las mujeres panameñas. “Se refleja un aumento en el número de femicidios. Los delitos sexuales impactan en mayor medida a niñas. Se registran más de 300 casos de niñas violadas y forzadas a llevar embarazos. No se cumple con la ley y protocolos que permiten el aborto legal”, detalla el informe.

Argénida De Barrios, directora de la Universidad Internacional, señala que aunque Panamá reconoce muchos derechos de los adultos mayores, del papel a la práctica hay un largo trecho. “Persiste una brecha importante entre el marco legal y la realidad cotidiana de muchas personas mayores, quienes enfrentan desafíos en áreas como pensiones, salud, protección contra la violencia y inclusión social. La ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (inspirada en los principios de la ONU) marca un hito, pero su implementación efectiva sigue siendo el reto principal”, señaló a La Estrella de Panamá.

Entre las principales preocupaciones de los adultos mayores está la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social (CSS) y garantizar pensiones dignas; mejorar la atención de salud y el acceso a medicamentos; establecer protocolos claros para denunciar el maltrato y la violencia, así como asegurar la protección de los adultos mayores; crear infraestructura pública accesible para todos; y atender las condiciones de pobreza multidimensional, especialmente para las mujeres mayores y los adultos mayores indígenas.

“La Ley 6 de 2022 y la ratificación de la Convención Interamericana son pruebas de una voluntad política de proteger los derechos humanos de los adultos mayores. Sin embargo, el desafío principal ya no es legislativo, sino de implementación efectiva. Se requiere asignación presupuestaria suficiente para las nuevas instituciones, fortalecer el sistema de pensiones para garantizar un ingreso digno para todos, capacitar al personal de salud y servicios sociales en gerontología, crear sistemas robustos de protección contra el maltrato y la violencia económica y promover ciudades y comunidades amigables con las personas mayores”, concluyó De Barrios.