ESPECIAL | Bocas del Toro, historias no contadas bajo el estado de urgencia

La Plaza de las Banderas en Changuinola, corazón visible de la ciudad, aparece vestida de luces, el jingle bell vibra en la música de los almacenes y un arbolito de navidad ilumina el ambiente. Los niños corren, la gente compra en los almacenes, son los últimos días del 2025. “Se quiere vivir y superar lo que pasó, pero la economía no deja, tampoco es fácil olvidar”, reflexiona con pesar Smaikel Batista, taxista de 26 años, mientras nos traslada por la congestionada avenida 17 de abril, uno de los centros comerciales de la ciudad y escenario de protestas, represión policial e intentos de saqueo, hace seis meses. Fue detenido el 27 de junio, bajo el estado de urgencia luego de que la policía tomara el control de la ciudad, que como muchos otros testimonios recopilados en esta investigación, ocurrió en un contexto cotidiano: compras de víveres, buscando gasolina o tratando de contactar a un familiar ante la incomunicación. Pasó una noche en el cuartel de Changuinola, su esposa e hija nunca supieron más de él. Al salir relata que hasta hoy nunca supo por qué fue detenido, “solo me quitaron las esposas y que dejaron fuera”.

Así como él, muchos otros bocatoreños quedaron atrapados en una crisis que les pasó por encima sin aviso, aplastando rutinas y certezas. Todavía no terminan de entender lo que ocurrió y, aun así, la vida sigue, áspera y sin pausa. En esta segunda entrega reconstruimos algunas de las historias que quedaron perdidas bajo el estado de urgencia: detenciones, saqueos y el presunto rol de las pandillas en la crisis, mientras surgen preguntas sobre cómo se aplicó el primer régimen de excepción en democracia.

Adiós al paraíso

Isabella Mortemard, francesa residente, jubilada y directora de orquesta en su Marsella natal, llegó hace trece años junto a su esposo, un arquitecto de 76 años; eligieron Panamá para vivir e invertir. Con una voz suave y meticulosa, nos pide que nos quitemos los zapatos antes de entrar, para proteger la madera del sucio y las ralladuras. Tras residir y apostar en países de África y Asia, se inclinaron por el Caribe bocatoreño. Así nació Bocas Bay Lodge, un hostal de lujo en el sector de Valle de Agua, distrito de Almirante. La fascinación por Bocas del Toro los llevó a comprar diez hectáreas frente al mar, con casa privada levantada en madera cuidadosamente elegida, piscina, bar propio y un menú de cocina francesa e internacional; todo rodeado de árboles, con acceso directo y silencioso a la playa. Concebido como estancia para huéspedes exigentes, parte de los alimentos se sirve orgánica, cultivada allí mismo, mientras el lugar opera con paneles solares. “Para una estancia inolvidable, ¡ESCÁPATE A PANAMÁ!”, anuncia su sitio web, dirigido a extranjeros que buscan “calma y belleza”. El 25 de junio, esa calma se rompió: la propiedad de Mortemard fue intervenida por la policía; decenas de unidades allanaron la casa y el hostal. La jubilada relata que los agentes les dijeron que buscaban armas y motosierras que, según afirmaban, habrían sido utilizadas para cerrar las vías entre Almirante y Chiriquí Grande esa noche. Sus trabajadores, todos de origen indígena, fueron derribados al piso y rociados con gas pimienta de inmediato.

En medio del caos, ella recuerda que su esposo exigía explicaciones mientras los perros de la casa ladraban sin cesar. El estruendo de las voces se mezclaba con las órdenes de los policías, que amenazaron con disparar a los animales si no los amarraban. No tuvieron opción: obedecieron.

Relata que ingresaron más de una decena de unidades. El piso quedó marcado y estropeado por las botas militares. Agentes de distintos estamentos de seguridad se dedicaron a revisar y a vaciar todo a su paso: los anaqueles de la cocina, los armarios, las habitaciones del hostal, el bar e incluso su cuarto. Mortemard lo cuenta mientras recorre la casa y señala los puntos, como si repasara una escena que aún no termina. “Nos trataron como criminales y terroristas. Maltrataron a mi esposo y a mis tres trabajadores les pegaban con bates de béisbol. El estado de urgencia no es carta blanca para aterrorizar y humillar”, dice.

Cinco días antes de la intervención, el 20 de junio, el hostal de lujo había sido gaseado. Varias latas de agente lacrimógeno cayeron dentro de la propiedad, impregnando el aire y obligándolos a refugiarse. Decidieron quedarse allí hasta que todo terminara. Días antes habían sido extorsionados en una barricada por un grupo de encapuchados, en uno de los 40 puntos de cierre que hubo en la provincia, donde fueron obligados a pagar para poder transitar. Permanecer en su casa parecía, entonces, la opción más segura.

Cuentan que los agentes les dijeron que buscaban armas, no hallaron nada. Les decomisaron dos motosierras y dos hachas —una de ellas oxidada— que mantenían bajo llave y que usaban únicamente para el mantenimiento del jardín del hostal. “Acusan a nuestros trabajadores de que la noche anterior estaban cortando árboles para bloquear las vías, cuando ellos han permanecido la mayor parte del tiempo con nosotros”, señala Mortemard.

Dos de los trabajadores hablaron con La Estrella, que pidieron anonimato por miedo a represalias. Relataron que, mientras eran trasladados esposados, les lanzaron insultos racistas por ser indígena. Aseguran que fueron pateados y golpeados en grupo con palos durante el camino al cuartel de Changuinola. Exhiben cicatrices en la espalda y un brazo como prueba de las golpizas. Sostienen que quedaron con daños intestinales a causa de los maltratos y niegan haber participado en protestas.

Ambos buscarán deslindar responsabilidades legales, especialmente por la detención de sus trabajadores, que califican de arbitraria. Calculan que, tras la crisis, su propiedad y su negocio se han devaluado a la mitad. “¿Quién quiere invertir sin garantías ni derechos? Adiós al paraíso, si ocurrió en Bocas del Toro, puede pasar en cualquier lugar”, advierte Mortemard.

Contemplando su jardín, levantado durante más de una década, respira hondo. No tiene duda de que venderán todo y que se marcharán de Panamá. “Estaba en shock, pero el miedo se volvió rabia cuando, tras irrumpir en mi hogar y negocio, tuvieron el descaro de tomarse un selfie con el jardín y el mar de fondo. Ahí dije basta: fuera de mi casa”.

La Constitución habilita al Ejecutivo, en su artículo 51, a declarar el estado de urgencia cuando una “guerra exterior o una perturbación interna” amenazan el orden público. Durante ese período, las garantías dejan de regir: se permiten detenciones sin orden judicial y se suspende libertades de tránsito, expresión y reunión. Esa medida excepcional estuvo vigente entre el 20 y el 29 de junio. Antes de eso, solo había sido invocada en marzo de 1988, en plena dictadura militar, cuando el general Manuel Antonio Noriega todavía mandaba.

La tesis de las pandillas

Cae la tarde en Changuinola y diciembre empuja a vender lo último. El mes del desahogo, del movimiento constante, de las compras que se hacen casi por inercia. En el centro de la ciudad, las aceras son vitrinas improvisadas: zapatos, lavadoras y ropa interior ofrecida a dos por un dólar. Todo está a la vista, todo parece urgente. Frente a ese paisaje, el McDonald’s —el único de toda la provincia— mantiene una fila constante. Hay gente esperando por una hamburguesa como si fuera parte del ritual de normalidad recuperada. En Changuinola pueden faltar muchas cosas, pero McDonald’s no. Para comer un Big Mac, no hace falta ir a la capital: basta con cruzar el enclave bananero y ponerse en la fila. La ciudad se mueve con una energía conocida, casi festiva, pero el ruido no encaja del todo. Hay un malestar persistente, un ruido que no desaparece y que a ratos se percibe al mirar las huellas de fuego en el asfalto de antiguos bloqueos, un vehículo calcinado que todavía no ha sido retirado y locales que jamás reabrieron tras los saqueos.

Aun así, algunos empresarios se resisten a abandonar la provincia. “Nací aquí y aquí quiero quedarme a construir mi futuro, aunque toque empezar otra vez desde cero”, dice Allan Oseguera, comerciante de 27 años. Su familia es dueña de la boutique Elegant Dress y de una tienda de suplementos deportivos en Plaza Changuinola, un centro comercial ubicado en Finca 11, una región especial de la ciudad: bastión de los trabajadores bananeros, uno de los epicentros de la protesta y escenario de enfrentamientos violentos con la policía.

Su local fue destruido por completo en dos oleadas de saqueos el 20 de junio. Se llevaron zapatillas, ropa, joyas y hasta los televisores del sistema de videovigilancia, que solo alcanzó a registrar el inicio del destrozo. Después reforzaron la seguridad, pero fue inútil. En la segunda incursión se llevaron lo poco que quedaba y terminaron de arrancar las cámaras. Doce años de trabajo familiar quedaron reducidos a escombros.

No fue solo robo. Hubo destrucción sin sentido: extintores reventados, impresoras inutilizadas, teclados partidos por la mitad. “No fue un simple pillaje —dice Oseguera—. Era una mentalidad de destrucción, casi hecha con maldad”.

La tesis que sostiene el Ministerio de Seguridad para justificar el despliegue de la Operación Omega es que los saqueos estuvieron vinculados a pandillas organizadas, que habrían aprovechado las protestas para delinquir o como distracción para el trasiego de drogas. Tampoco descartan nexos con sindicatos bananeros, docentes e indígenas que se manifestaban contra la Ley 462.

Esa versión ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos, los sindicatos y por abogados de las víctimas, que señalan la escasa evidencia en los expedientes judiciales sobre vínculos reales con el crimen organizado.

Aunque las costas del Caribe —incluida Bocas del Toro— figuran entre las rutas apetecidas para el tráfico internacional de drogas desde Sudamérica, la provincia no aparece como un foco principal de pandillerismo ligado al narcotráfico, según datos oficiales. Las rutas se han desplazado mayoritariamente hacia el Pacífico, como recoge el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde se analizan, con datos locales e internacionales, las tendencias y rutas del narcotráfico.

Las cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), administrado por el propio Ministerio de Seguridad, señalan que en 2025 Bocas del Toro figura entre las provincias con menos incautaciones de droga, una tendencia que se repite en 2024 y 2023, con cifras hasta tres veces menores que las de Panamá, Colón o Panamá Oeste. Lo mismo ocurre con los registros de delitos asociados al pandillerismo.

De los más de 300 detenidos durante la Operación Omega, el gobierno aseguró que 84 pertenecían a pandillas. Sin embargo, del total inicial hubo 184 fueron judicializados por delitos contra servidores públicos, 41 por receptación - recibir un bien sabiendo que proviene de una actividad ilícita- y 14 por delitos contra la seguridad interna del Estado. Las investigaciones del Ministerio Público continúan abiertas, y hasta el momento no se ha establecido quiénes han sido los autores intelectuales de los desmanes.

Estas diferencias entre los datos sobre la presencia de pandillas en la provincia y la idea de que estuvieran detrás de los desmanes generan preguntas sobre la tesis oficial.

La Estrella consultó al subcomisionado retirado Carlos Icaza, fundador y primer jefe de la Unidad Antipandillas de la Policía Nacional. También abogado litigante, Icaza conoce como pocos el fenómeno de las pandillas y trabajó durante años en Bocas del Toro.

Explica que los fenómenos delictivos que ocurren en grupo o con cierta organización no necesariamente responden a la lógica del pandillerismo. Precisa que, para caracterizar este tipo de fenómenos criminales, se deben identificar tendencias asociativas: personas —principalmente jóvenes— que establecen señas y particularidades comunes, el uso de armas (muchas de fuego) y actividad vinculadas al control de un territorio. Al menos tres de estas características, señala, deben estar presentes. “Puede que exista delincuencia común, pero atribuir a pandillas una crisis tan particular y compleja, además con distribución en gran parte de la provincia, requiere más evidencia”, subraya.

Por el contrario, sin descartar la participación de elementos de delincuencia común, Icaza considera que el análisis debe incluir un prisma social, marcado por la exclusión y la pobreza. “Este tipo de situaciones de violencia en el marco de protestas no es nuevo en Bocas del Toro; ha ocurrido muchas veces, quizá no con la ferocidad de esta ocasión, pero no deberían sorprendernos. Los hechos parecen apuntar más a un estallido social que a un fenómeno de pandillas”, puntualiza.

Dudas y saqueo

Para Oseguera, con más de 150 mil dólares convertidos en ruinas, no hay duda de que quienes cometieron delitos deben responder ante la justicia. Pero su voz se detiene cuando habla del origen de la violencia. No le cuadra la explicación fácil. Los cierres, dice, golpearon sin duda la economía, sí, pero la ciudad seguía no dejó de funcionar aunque con escases de efectivo y gasolina. Había tránsito, horarios pactados con los manifestantes, un pulso irregular pero vivo. “No hubo ni un solo saqueo hasta que se decretó el estado de urgencia”, dijo. A partir de ahí, todo cambió. Por eso no descarta que detrás del vandalismo haya algo más, una mano distinta, incluso “motivaciones políticas. “Es difícil probar eso en este momento, pero hay muchos cabos sueltos”, sostiene.

Cuenta que los días siguientes trajeron otro ruido, audios de WhatsApp que corrían de teléfono en teléfono, hablando de “vandalismo selectivo”, de castigos dirigidos contra empresarios que habrían pedido la intervención del gobierno y firmado un documento para ello. Un mensaje que otros comerciantes consultados por La Estrella, dijeron haber recibido. Durante un tiempo, la versión quedó flotando en el terreno del rumor, hasta que el arzobispo de Bocas del Toro, Aníbal Saldaña Santamaría, la sacó a la luz pública en una conferencia de la Conferencia Episcopal de Panamá, sugiriendo que los saqueos no fueron del todo aleatorios, sino que pudieron haber tenido una orientación política.

“Ningún empresario de Plaza Changuinola firmó algo así. Los únicos que participaron en reuniones con las autoridades fueron comerciantes del centro de la ciudad”, aclara Oseguera, zanjando el tema.

Buscamos la versión de esos comerciantes del centro y confirmaron que sí hubo una reunión con autoridades y la Policía antes de la declaratoria del estado de urgencia.

Abdel Jebara, con 34 años viviendo en Changuinola, es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro y propietario de varios locales en la avenida 17 de Abril. Cuenta que ya antes del estado de urgencia las pérdidas los obligaron a reducir horarios para que al menos los empleados pudieran cobrar algo.

En esa reunión previa, asegura, la Policía les preguntó si estarían dispuestos a presentar una denuncia penal contra Francisco Smith, dirigente del sindicato bananero Sitraibana. Jebara se negó.

“He vivido aquí 34 años y sabía que eso solo iba a generar más conflicto. Insistimos en que no entraran por la fuerza, que priorizaran el diálogo. De lo contrario, nos iban a llevar a una guerra entre nosotros mismos. Cortar el internet y suspender las garantías solo iba a empeorar todo. Y fue exactamente lo que pasó”, dice, con pesar.Para Jebara, la tensión ya era alta, agravada por la restricción temporal de acceso marítimo y terrestre a la provincia el 13 de junio. La posterior detención de Smith en la capital y las amenazas del presidente José Raúl Mulino de reabrir por la fuerza terminaron de enrarecer el ambiente. Las pérdidas estimadas por los saqueos superan los 2,7 millones de dólares, según la Cámara de Comercio de la provincia.

Antes y durante el estado de urgencia, La Estrella pudo constatar que el aeropuerto de Changuinola y el estadio Calvin Byron habían dejado de ser simples infraestructuras civiles. Funcionaban, junto al cuartel de la ciudad, como bases de la fuerza pública. Las tres locaciones –el estadio en la entra este, el cuartel en el centro y la terminal aérea en el extremo occidental- dejaron presencia de la policía presencia a lo largo de toda la urbe bananera. Además de despliegue de helicópteros que también participaron en la dispersión de las protestas, con gases lacrimógenos lanzados desde el aire. Oficialmente se desplegaron en la provincia más de 1,300 efectivos.

La Policía denunció que fueron atacados con fuegos artificiales y cócteles molotov durante la intervención, además de reportar decenas de heridos y al menos dos detenciones en sus unidades de seguridad en Changuinola.

Tanto Jebara como Oseguera coinciden en un punto: cuando comenzaron los saqueos, la policía no respondió. “Pedí ayuda y me dijeron: ‘defiéndete como puedas, nuestra misión es quitar los cierres’”, Jebara recuerda aquellas noches sin dormir, apostado durante varios días frente a su local junto a otros empresarios y a sus sobrinos, machete en mano, vigilando la oscuridad para evitar que sus negocios corrieran la misma suerte que los demás. Aún hoy le cuesta entender por qué les dejaron solos. “Tenían como cuartel el estadio, el aeropuerto y la propia estación de policía. Había un ejército en Changuinola y, aun así, nadie podía cuidarnos”.

Este medio intentó conocer la versión del Ministerio de Seguridad sobre el manejo de la fuerza pública durante los saqueos y sobre las denuncias de excesos cometidos en el marco del estado de emergencia, pero no hubo respuesta.