‘Esto no es fiscalizar, es burocratizar’: alcaldesa critica recorte del refrendo en San Miguelito

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, cuestionó duramente la decisión de la Contraloría General de la República de reducir el tope de refrendo en ese municipio de $50 mil a apenas $1.000 dólares, calificándola como una medida “exagerada”, inusual y con efectos directos sobre la gestión administrativa y la calidad de los servicios que recibe la población.

Según Hernández, la decisión no solo carece de una explicación clara por parte del ente fiscalizador, sino que además introduce más burocracia, lentitud y costos operativos en un municipio que enfrenta múltiples urgencias sociales.

“Es una medida exagerada, no es usual de parte de un ente que tiene que fiscalizar. Esto va a significar más papeleo, más personal, más tiempos administrativos y mucha más lentitud en todos nuestros procesos. Eso no es lo que esperan los vecinos de San Miguelito”, afirmó.

La alcaldesa aseguró que, aunque el municipio se preparará para ajustarse a la nueva disposición, el impacto será negativo para la atención de las necesidades del distrito.

“Nos vamos a anticipar con todos los tiempos que sean necesarios para cumplir, pero esto afecta directamente la vida de los residentes”, subrayó.

Hernández también expresó su preocupación por el alcance de la medida y advirtió que San Miguelito podría ser solo el primer municipio afectado.

“Hoy fue San Miguelito, mañana puede ser cualquier otro territorio. Necesitamos entender por qué se hace esto y cuál es el verdadero objetivo detrás de esta decisión”, señaló.

La alcaldesa reveló que no ha recibido ninguna explicación formal por parte de la Contraloría sobre los motivos de la reducción del tope de refrendo.

Ante esta situación, informó que solicitó públicamente, durante una sesión del Consejo Provincial, que tanto el contralor como el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) sean invitados a explicar las razones de la medida ante alcaldes y representantes del distrito y de la provincia de Panamá.

Al ser consultada sobre si percibe la decisión como un acto de persecución política, Hernández respondió sin rodeos: “Yo creería que sí”.

En ese contexto, la alcaldesa también se refirió a la presentación de un proyecto de ley en la Asamblea Nacional por parte del diputado Raúl Pineda, que propone retirar al Municipio de San Miguelito el manejo del servicio de recolección de basura para transferirlo a la AAUD.

“Yo nada más me pregunto por qué lo presenta ahora y no hace 15 años, si él ha estado en la Asamblea durante todo este tiempo, cuando el problema existe desde hace muchísimo. Eso es lo que me genera duda”, expresó.

Las declaraciones de Hernández se producen en medio de una creciente tensión institucional alrededor de la gestión de la basura, el control de los recursos municipales y el papel del gobierno central en San Miguelito, un distrito que enfrenta una crisis sanitaria persistente y un clima político cada vez más confrontacional.