Estrategias del Minseg se quedan en papel: delincuencia sigue sin freno en las calles

Fugas de privados de libertad, sicariatos perpetrados a plena luz del día y un repunte de hurtos y homicidios asociados a la actividad de bandas criminales delinean el actual panorama de la seguridad en el país.

Panamá se encuentra en una encrucijada en la que las estrategias diseñadas para garantizar la paz social se quedan en el papel frente a la realidad del delito. Mientras que el actual gobierno cuenta con tres hojas de ruta para enfrentar el crimen, las cifras oficiales reflejan una tendencia persistente: la delincuencia común sigue en ascenso, desafiando los enfoques de seguridad y poniendo a prueba su efectividad.

Entre el Plan Firmeza, el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Seguridad (Minseg) y la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC), el país debería contar con una estructura robusta de contención del delito. Sin embargo, en la práctica, el comportamiento de la criminalidad en las calles muestra una realidad distinta.

Este último plan de seguridad fue realizado en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tras meses de consultas a ciudadanos y funcionarios de los estamentos de seguridad. Además, el mismo tuvo un costo de $30 millones.

De enero a mayo se registraron 7,036 hurtos, 2,021 robos y 251 homicidios, de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Estas cifras reflejan una leve variación al alza en comparación con el inicio de la actual administración.

En el mismo periodo de 2024, los reportes oficiales contabilizaron 6,828 hurtos, 2,182 robos y 229 homicidios, mientras que en el año anterior, en 2023 las cifras fueron de 6,851 hurtos, 2,009 robos y 229 homicidios, evidenciando fluctuaciones en los delitos de mayor incidencia.

El aumento de estos delitos indica que es necesaria la revisión de las estrategias del Minseg así como leyes y las medidas impuestas contra quienes delinquen, expuso la criminóloga Génesis Barrios.

“El aumento de estos delitos de impacto demuestra que es necesario reforzar el sistema, porque el trabajo se hace pero como bien se observa cada día está en aumento la ola de crimen”, expresó. Barrios.

La Estrella de Panamá consultó al Minseg sobre el nivel de implementación y avance de estas estrategias. El ministro Frank Ábrego explicó que tanto la ENSC como el PEI fueron diseñados durante administraciones anteriores, aunque aclaró que ello “no quiere decir que no se estuvieran ejecutando”.

”El del BID sí ha ayudado en los programas de resocialización, creo se los está llevando a cabo el Ministerio de Gobierno, pero tampoco puedo hablar por el otro Ministerio. Probablemente alguno de estos programas sí se están desarrollando como parte del seguimiento al combate al crimen organizado en nuestro país, claro que sí”, dijo Ábrego.

Pero, en respuesta a un cuestionario enviado por este medio, el Minseg destacó que la actual administración no puede responsabilizarse del ENSC ya que la estrategia “se encontraba desfasada y no se implementó en el periodo correspondiente” por lo que perdió su continuidad.

Por otro lado, se resaltó los avances del Plan Firmeza, entre ellos el aumento en el decomiso de armas de fuego y sustancias ilícitas, además de la estabilidad en las estadísticas de homicidios, entre otros.

Para Susana Guerra, la última vez que sintió el peso de la inseguridad no fue en una calle oscura ni en un lugar desconocido, sino en el umbral de su propia casa. Hace menos de un mes, cuando el reloj apenas marcaba las 3:00 de la madrugada, un hombre intentó irrumpir en su vivienda, convirtiendo la quietud de la madrugada en una escena de alarma.

El intruso buscaba forzar la entrada para llevarse cualquier objeto de valor. Susana reaccionó como pudo: gritó una y otra vez pidiendo auxilio, pero no obtuvo respuesta. Sin otra alternativa, enfrentó la situación por sus propios medios hasta lograr que el hombre huyera.

“Salí con un machete a corretear al ladrón y en eso se me cayó la llave de la casa que cargaba”, recordó al relatar su experiencia a La Decana.

En esta barriada, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, los vecinos aseguran que los hurtos y robos se han vuelto parte de una rutina inquietante, con episodios en los que incluso la vida de las personas ha estado en riesgo.

Sin embargo, la inseguridad que viven no es un hecho aislado. De acuerdo a datos del mes de mayo del Sistema Nacional Integrado de Estadística (SIEC) del Minseg, el sector este de la capital es uno de los lugares con mayores índices de hechos violentos.

El pandillerismo, las rencillas delincuenciales y los ajustes de cuentas son las causas más comunes de crímenes en el país, siendo también la mayor causa de homicidios.

El SIEC también señala que en Panamá ocurre un asesinato cada 15 horas, a pesar de esto destacan que el umbral criminal en el país es “significativamente bajo”. La entidad añade que los valores del delito se han reducido significativamente.

Pese a los reiterados llamados de la comunidad para una mayor presencia policial, entre los residentes también crece la desconfianza al actuar de las autoridades. “La policía no va a venir ni por los ladrones”, lamentó Clara Bethancourt, otra moradora, en declaraciones a este diario.

La criminóloga Barrios, reconoció que existe una desconfianza de la población hacia los estamentos de seguridad. “No es culpa a los ciudadanos. Muchas personas viven con miedo y la tensión de salir y no regresar a sus hogares o de no saber que puede sucederles por no sentir el apoyo de las autoridades”, explicó.

El ENSC en 2017 ya reconocía este problema como un obstáculo importante. Según cifras del estudio del BID, la mayoría de ciudadanos no tiene fe en el sistema y de cada 10 panameños solamente 2 denuncian los delitos ocurridos en su contra, a pesar de que el 66% tiene un sentimiento de inseguridad.

La criminóloga detalló que parte del problema también se traduce a que la ciudadanía tiene un desconocimiento de los procesos que se dan tras las denuncias, pero también insiste en que se debe reforzar el sistema.

“La desconfianza va en el desconocimiento, muchas personas no conocen la ley y sus procedimientos, pero parte de este problema es que se deben reforzar más las leyes y hacerlas cumplir”, indicó Barrios.

Frente al avance de la criminalidad, la prevención desde el ámbito social parece haber quedado relegada a un segundo plano dentro de la estrategia estatal. De los tres planes actualmente vigentes, es la ENSC la que aborda con mayor profundidad las causas estructurales que alimentan la delincuencia.

La hoja de ruta contempla iniciativas orientadas a ofrecer alternativas a jóvenes en situación de vulnerabilidad o vinculados a grupos delictivos, mediante programas como “Barrios Seguros” y “Mano Firme”, enfocados en la resocialización, la capacitación y la inserción laboral.

Asimismo, promueve la creación de espacios para el deporte, la cultura y la convivencia comunitaria, bajo la premisa de que valores como la tolerancia, el respeto y la resolución pacífica de conflictos deben construirse desde el entorno familiar y reforzarse en la comunidad.

Por otro lado, Génesis Barrios argumentó que redoblar los esfuerzos en prevención es indispensable si se quiere frenar el relevo generacional del crimen.

“La gran parte de menores que cometen crímenes son personas que viven en áreas de riesgo social, en hogares donde esas conductas forman parte de la cotidianidad y están rodeados de personas vinculadas al mundo del delito”, añadió.

La criminóloga considera que las estrategias de convivencia y educación temprana pueden desempeñar un papel clave para romper ese ciclo, especialmente aquellas orientadas a transformar patrones de comportamiento y a mostrar a niños y adolescentes las consecuencias reales de involucrarse en actividades delictivas.

A pesar de esto, el presupuesto destinado a la inversión social ha disminuido más de $200 millones en la actual administración, reveló La Estrella de Panamá en el reportaje ‘Menos gasto social pero más cárceles, la ecuación de la administración Mulino’, publicado el 22 de junio.

Algunas de las entidades afectadas son ministerios de Desarrollo Social (Mides), Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Salud (Minsa). Así como las secretarías de Discapacidad (Senadis), y de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Según sociólogos consultados, la prevención con programas sociales es clave para erradicar el crimen, especialmente, porque este gobierno “no tiene un plan definido de seguridad e improvisa”.

Pero, mientras la ENSC apuesta por intervenir antes de que el delito ocurra, los otros dos planes priorizan el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado. El PEI está dirigido a modernizar y robustecer a los estamentos de seguridad mediante mejores herramientas y el Plan Firmeza concentrea sus esfuerzos en la reacción inmediata y el control territorial.

Su estrategia gira en torno a los operativos policiales, el uso de tecnología e inteligencia y el combate directo contra delitos de alto impacto, como los homicidios, los robos, el narcotráfico y el crimen organizado.