Exoneraciones sin respaldo fiscal hunden proyecto sobre desperdicio de alimentos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, devolvió a la Asamblea Nacional, sin sanción, el proyecto de Ley 396, presentado por el diputado Ariel Ulises Vallarino Aparicio, tras concluir que la iniciativa compromete la sostenibilidad fiscal del Estado y genera conflictos con marcos legales ya vigentes, especialmente en materia tributaria y educativa.

La decisión fue formalizada y comunicada el 18 de diciembre, luego de que el Ejecutivo recibiera observaciones técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección General de Ingresos (DGI), el Ministerio de Educación (Meduca), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el IDIAP y la Senacyt.

Aunque el proyecto buscaba prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria, el análisis presidencial identificó como punto crítico la creación y ampliación de incentivos fiscales sin estudios de impacto económico, una práctica que, según el Ejecutivo, vulnera principios constitucionales y debilita la disciplina presupuestaria.

El MEF advirtió que los artículos 10 y 15 del proyecto introducen exoneraciones tributarias amplias y poco delimitadas, sin identificar el universo de beneficiarios ni el costo fiscal para el Estado. En particular, se alertó que permitir deducciones del 100 % del valor comercial de los alimentos donados y extender beneficios fiscales a nuevas actividades podría erosionar la base tributaria sin mecanismos de compensación.

Desde la óptica educativa, el Ministerio de Educación fue enfático en advertir que el proyecto interfiere directamente con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), regulado por la Ley 115 de 2019.

El Meduca objetó la inclusión de los comedores escolares dentro del ámbito de aplicación de la nueva ley, señalando que esta medida podría alterar la planificación, los estándares nutricionales y los controles de calidad que rigen actualmente el suministro de alimentos en los centros educativos oficiales y particulares.

El Ejecutivo acogió esta preocupación y señaló que permitir el uso de alimentos rescatados en cocinas escolares, como planteaba el artículo 12, introduce riesgos innecesarios y genera un conflicto regulatorio, al superponer criterios del Ministerio de Salud sobre normas técnicas ya establecidas por Meduca para el PAE.

Asimismo, el presidente Mulino advirtió que el proyecto abre la puerta a una doble regulación educativa, al asignar responsabilidades concurrentes a distintas entidades del Estado sin una delimitación clara de competencias, lo que podría traducirse en vacíos de control y responsabilidades difusas.

En el plano constitucional, el Ejecutivo concluyó que varios artículos del proyecto son inexequibles, al violar los artículos 276 y 278 de la Constitución, que prohíben crear beneficios tributarios sin fuentes alternas de financiamiento ni respaldo presupuestario. Esta omisión, subrayó el presidente, no es un detalle técnico sino un riesgo estructural para las finanzas públicas.

Aunque el Gobierno reconoce el valor social de una política orientada a reducir el desperdicio de alimentos, el mensaje de fondo es contundente: no puede avanzarse en iniciativas sociales sin una evaluación fiscal previa ni a costa de programas sensibles como la alimentación escolar.

Con la devolución del proyecto, la Asamblea Nacional queda ahora ante la disyuntiva de reformular la propuesta presentada por el diputado, incorporando estudios de impacto fiscal y respetando los marcos legales existentes, o insistir en un texto que ya ha sido objetado por razones financieras, constitucionales y operativas.