Fiscalía rastrea patrimonio del entorno de la rectora de la Unachi
- 30/05/2026 00:00
La Procuraduría solicitó desde mayo de 2025 información sobre bienes, empresas y organizaciones relacionadas con personas del entorno de Etelvina Medianero
Mientras la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, enfrenta una creciente presión política por su permanencia en el cargo, documentos oficiales revelan que la Procuraduría General de la Nación mantiene desde hace más de un año una investigación patrimonial y societaria que alcanza a familiares, allegados y personas vinculadas a su entorno.
La pesquisa, relacionada con la presunta comisión de delitos contra la administración pública, abarca al menos 13 personas naturales, 17 entidades jurídicas y una veintena de propiedades distribuidas principalmente en la provincia de Chiriquí, según documentación obtenida por La Estrella de Panamá.
Los documentos muestran que el Ministerio Público inició formalmente el rastreo de bienes, sociedades, fundaciones y estructuras corporativas vinculadas al círculo cercano de la rectora en mayo de 2025, casi un año antes de la diligencia de inspección ocular realizada ayer, 29 de mayo en el Registro Público.
La revelación ocurre en momentos de fuerte tensión alrededor de la administración de la Unachi.
En los últimos días, Medianero de Bonagas presentó su renuncia al cargo, aunque posteriormente decidió permanecer al frente de la universidad luego de que el Consejo General Universitario rechazara su dimisión durante una reunión extraordinaria convocada de urgencia.
La situación escaló aún más cuando el presidente de la República, José Raúl Mulino, calificó como un “show lamentable” la permanencia de la rectora en la institución.
“Si fuera por mí, no hubiera regresado hoy a la Unachi”, manifestó el mandatario durante su conferencia semanal.
A ese escenario se sumó la hospitalización de Medianero de Bonagas, quien permaneció bajo observación médica tras sufrir una descompensación de salud, según informó oficialmente la universidad. Horas después, la propia institución confirmó que recibió el alta médica.
La diligencia que volvió visible el caso
Aunque la documentación muestra que la investigación se encontraba activa desde 2025, el caso volvió al escenario público ayer, 29 de mayo.
El procurador general de la Nación, Luis Gómez, informó que funcionarios del Ministerio Público realizaban una inspección ocular en el Registro Público dentro de una investigación originada por una denuncia anónima presentada inicialmente ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
“En el día de hoy nos hemos apersonado al Registro Público a realizar una diligencia de inspección ocular dentro de una investigación que cursa la Procuraduría General de la Nación en base a una denuncia de carácter anónima que se presentó ante la Antai y esta declinó competencia”, declaró Gómez.
Según explicó, la Antai declinó competencia y remitió el expediente al Ministerio Público para continuar las investigaciones.
El procurador detalló que la diligencia tenía como objetivo identificar bienes, propiedades y cualquier otra información registral que permitiera ampliar el alcance de las pesquisas.
“A raíz de esta inspección ocular lo que se busca es poder identificar una serie de bienes que están a nombre de sujetos o personas naturales y cualquier tipo de información adicional que conste en el Registro Público que nos permita continuar con las investigaciones”, indicó.
Gómez confirmó además que dentro de la investigación figuran aproximadamente 13 personas naturales y una docena de personas jurídicas cuyos bienes y posibles vínculos financieros son objeto de verificación por parte de las autoridades.
El oficio que abrió la investigación
Sin embargo, los documentos obtenidos por La Estrella de Panamá muestran que las pesquisas comenzaron mucho antes de que la diligencia se hiciera pública.
La primera evidencia documental del caso aparece el 15 de mayo de 2025. Ese día, Gómez firmó el oficio dirigido a la directora general del Registro Público, Nairobia Escruceria.
La nota forma parte de una carpeta de investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.En ella, la Procuraduría solicita una revisión exhaustiva para determinar si un grupo de personas mantenía propiedades inscritas a su nombre o participaba en sociedades lucrativas, asociaciones, fundaciones u organizaciones sin fines de lucro.
La solicitud también requería identificar si los investigados figuraban como dignatarios, directores, tesoreros, socios, suscriptores, representantes legales o titulares de cualquier otro cargo dentro de personas jurídicas registradas en Panamá.
La amplitud del requerimiento deja ver que la Fiscalía buscaba construir una radiografía patrimonial completa del grupo investigado.
Además de los certificados de propiedad, el Ministerio Público pidió certificaciones corporativas completas, documentos registrales históricos y datos relacionados con el régimen de acciones al portador regulado por la Ley 18 de 2015.
Trece personas bajo revisión
La solicitud enviada por la Procuraduría incluyó a 13 personas.La primera de ellas fue Etelvina Medianero de Bonagas.
También aparecen Jessica Joanna Bonagas Medianero, Ethel Mayte Bonagas Medianero y Moisés Enrique Bonagas Medianero.
La lista incluye además a Franklin Medianero Atencio, Edwin Leonel Medianero Atencio, Ramiro Medianero Atencio, Omaira Elena Medianero Atencio, Javier Elías Medianero Atencio, Genarina Medianero Atencio y Andrés Medianero Atencio.
El grupo se completa con José Roberto Checa del Cid y Miriam Milagro Colato Durán. La composición de la lista refleja que la investigación se extendió hacia familiares y personas relacionadas con el entorno de la rectora.
El Registro Público respondió dos meses después
La solicitud de la Fiscalía fue recibida oficialmente por el Registro Público el 19 de mayo de 2025. Posteriormente, el 8 de julio de 2025, la directora general de la entidad comunicó al procurador que los certificados de propiedad y los certificados de personas jurídicas requeridos habían sido preparados y remitidos al Ministerio Público.
La respuesta permitió a los investigadores acceder a información patrimonial, corporativa y registral correspondiente a los 13 nombres incluidos en el oficio original.
Los registros revisados por La Estrella de Panamá identifican una red de entidades vinculadas a personas incluidas en el expediente. Entre ellas aparecen sociedades mercantiles, fundaciones y organizaciones relacionadas con actividades académicas, empresariales y de investigación.
La revisión registral también detectó las fundaciones Bonagas Medianero Foundation y Fundación Chebona.
En el sector empresarial aparecen Bonaga’s Investment Inc.; Instalaciones Hidrológicas, S.A.; CHK Ingeniería, S.A.; Corporación de Ingeniería y Desarrollo, S.A.; Grupo RYM, S.A.; Tecnología, Servicios, Ingeniería, S.A.; Performance Solutions, S.A.; Grupo Thermoclima, S.A.; Empresa Instaladora Eléctrica, S.A.; El Quira, S.A.; y S.M. Inversiones, S.A.
Veinte propiedades identificadas
Los documentos también reflejan la ubicación de al menos 20 bienes inmuebles asociados directa o indirectamente con personas investigadas.
La mayoría se concentra en la provincia de Chiriquí, particularmente en los distritos de David, Boquete, San Lorenzo, San Félix y Dolega.
También aparecen propiedades registradas en la provincia de Panamá y en Herrera.
“Estamos verificando algún tipo de propiedades que se encuentren a su nombre y, a raíz de ello, realizar cualquier otro tipo de actividad adicional que implique algún tipo de trazabilidad financiera”, precisó Gómez.
La distribución geográfica de estos bienes constituye uno de los elementos que ahora forman parte de los análisis patrimoniales desarrollados por las autoridades.
Consultado sobre una eventual separación del cargo de Medianero de Bonagas, el procurador evitó adelantar conclusiones y reiteró que el expediente permanece en una fase preliminar.
“En estos momentos nos encontramos dentro de una investigación de naturaleza preliminar. Estamos recabando información en base a lo que vino dentro de esta denuncia anónima”, manifestó.