Gas de 25 libras: Abarroterías y minisúper amenazan con suspender su venta

Un creciente malestar se ha apoderado de propietarios de tiendas, abarroterías y minisúper administrados por comerciantes asiáticos en Panamá, quienes aseguran estar siendo sancionados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) debido a presuntas irregularidades detectadas en el peso de los cilindros de gas de 25 libras.

Los comerciantes sostienen que las multas impuestas son injustas, ya que afirman que la responsabilidad sobre el contenido de los tanques recae en las empresas fabricantes y distribuidoras, y no en los establecimientos que únicamente comercializan el producto sellado.

El descontento ha escalado al punto de que varios pequeños empresarios han planteado suspender la venta de cilindros de gas de las marcas Tropigas y Panagas mientras se resuelve la situación.

“Acabo de salir de una reunión con unos paisanos y me están diciendo que van a dejar de vender tanques de gas Tropigas y Panagas porque se sienten inconformes y molestos. Ellos no tienen nada que ver con eso, ni siquiera tienen tiempo para estar sacándole gas a los tanques”, manifestó uno de los comerciantes en un video difundido en redes sociales.

Otro empresario cuestionó que los operativos se concentren en los puntos de venta y no en las plantas de llenado o en los distribuidores.

“Si quieren multar, tienen que ir directamente a la planta donde llenan el gas. Es ilógico que sancionen al pequeño comerciante. ¿Qué va a hacer el dueño del minisúper, sacarle el gas a un tanque sellado? Eso es imposible”, expresó.

Los comerciantes explican que los cilindros llegan sellados desde las plantas de distribución y que ellos únicamente los reciben para su venta al consumidor final, por lo que consideran que no tienen forma de verificar ni modificar el contenido de los envases.

Además de los operativos relacionados con los cilindros de gas, los propietarios también manifestaron preocupación por otras disposiciones de la Acodeco sobre el etiquetado de productos, que obliga a informar si un artículo es original, sucedáneo y su país de origen.

A juicio de los pequeños empresarios, esa responsabilidad también debería recaer en las empresas distribuidoras, que son quienes suministran los productos a los comercios.

Acodeco también detectó más de 23 mil anomalías en la comercialización de productos durante el primer bimestre de 2026, siendo la presencia de alimentos y otros artículos vencidos en los anaqueles la principal irregularidad encontrada en las inspecciones realizadas a nivel nacional.

De acuerdo con el informe estadístico de la entidad, entre enero y febrero fueron retirados 20,487 productos vencidos que permanecían a la venta en distintos establecimientos comerciales.

Además, los inspectores decomisaron 890 productos deteriorados y detectaron 627 artículos sin fecha de vencimiento, situaciones que representan un riesgo para la salud y afectan el derecho de los consumidores a recibir productos seguros.

El informe revela diferencias importantes entre las regiones del país en cuanto a la cantidad de productos vencidos retirados del mercado. Los Santos encabezó la lista con 5,525 productos decomisados, seguida de Bocas del Toro, con 4,275.

Completan el listado Herrera, con 2,141 productos vencidos; Veraguas, con 1,693; Coclé, con 1,389; Chiriquí, con 1,384; Colón, con 1,321; Panamá Este, con 1,070; Darién, con 558; Panamá, con 560; Panamá Oeste, con 523; y Panamá Norte, donde se detectaron 48 productos vencidos.

Las verificaciones también evidenciaron incumplimientos relacionados con la información que debe recibir el consumidor al momento de realizar una compra. La Acodeco identificó 1,131 casos de productos sin precios visibles, además de 142 casos de doble precio, 87 productos con doble fecha de expiración y 28 artículos con fechas de vencimiento poco claras.

Las inspecciones también incluyeron la verificación del cumplimiento de normas de protección social. Bajo la Ley 6 de 1987, la Acodeco encontró 17 agentes económicos que no aplicaban los descuentos establecidos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, mientras que 15 comercios no contaban con la señalización obligatoria que informa sobre este beneficio.

Asimismo, la institución registró 11 incumplimientos a la Ley 134 de 2013, relacionada con la obligación de visibilizar los beneficios destinados a personas con discapacidad.