Gobierno invertirá $37 millones en brazaletes electrónicos para reclusos
- 04/05/2025 00:00
El Ministerio de Gobierno ejecutará un proyecto de vigilancia electrónica para personas con medidas cautelares, utilizando brazaletes GPS. El plan busca aliviar el hacinamiento carcelario y garantizar mayor control fuera de prisión El Ministerio de Gobierno tramita, mediante procedimiento excepcional, la contratación del servicio de arrendamiento de un sistema de monitoreo electrónico para personas privadas de libertad.
La iniciativa contempla la implementación de hasta 2,000 brazaletes por un período de seis años (2,192 días), con un costo estimado de $37.2 millones.
Según documentos publicados en el portal Panamá Compra, el objetivo es aliviar el hacinamiento en los centros penitenciarios, que actualmente alberga a 24,527 personas, una cifra que supera significativamente su capacidad instalada y genera presiones operativas, administrativas y sociales
El uso de brazaletes permitiría aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, como el depósito domiciliario o el trabajo comunitario, además de mejorar los procesos de resocialización y reducir los costos asociados al mantenimiento de los reclusos dentro de los centros penitenciarios.
El uso del monitoreo electrónico se plantea como una herramienta de control confiable, segura y moderna, que facilitaría la supervisión remota de personas beneficiadas con medidas cautelares fuera del sistema penitenciario tradicional. La tecnología permitiría ubicar en tiempo real a los usuarios dentro de perímetros establecidos por los jueces, lo que ayudaría a garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales sin comprometer la seguridad ciudadana.
Entre los beneficios señalados destacan la reducción de costos en alimentación, infraestructura, seguridad y atención médica, así como una mejora en la capacidad del Estado para enfocar recursos en casos de mayor peligrosidad. Además, se alinea con el plan nacional de resocialización y con estándares de derechos humanos.
La propuesta ha sido clasificada como un proyecto de seguridad nacional, razón por la cual el Mingob optó por acogerse al mecanismo de contratación excepcional. Esto implica que los términos técnicos detallados del servicio y los equipos no han sido publicados en el documento de convocatoria, a fin de proteger información confidencial relacionada con el sistema penitenciario.
La Resolución No.096-R-075 del propio Ministerio establece que los planos de los centros, los protocolos, la ubicación de los dispositivos y la arquitectura tecnológica del sistema deben mantenerse en reserva, dado que su divulgación pondría en riesgo la seguridad institucional y ciudadana. Por ello, tampoco se utilizó la Plataforma de Cotizaciones en Línea para esta contratación.
El proveedor seleccionado para la implementación del sistema es la empresa Sprintico Corp., cuyo desempeño, según los documentos oficiales, ha sido validado en países como Estados Unidos, México, Chile y otras naciones de América y Europa.
El informe técnico asegura que la compañía es la única que cumple con los estándares de seguridad y confiabilidad exigidos, y que su tecnología fue probada satisfactoriamente en un plan piloto ejecutado previamente por la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).
El documento destaca que Sprintico cuenta con una plataforma robusta y tecnología de vanguardia, lo que, sumado a su experiencia internacional, garantiza precisión, funcionalidad y seguridad en la implementación del sistema.
Actualmente, la DGSP ya opera un sistema de monitoreo electrónico a menor escala, con resultados positivos.
El personal penitenciario ha sido capacitado en el manejo de la plataforma y realiza supervisión continua las 24 horas del día. Cada mes, aproximadamente 15 nuevos beneficiarios ingresan al programa, que ha demostrado ser eficaz en la aplicación de medidas cautelares.
El sistema sólo podrá utilizarse en áreas del país donde exista cobertura celular del 100% garantizada, lo cual es indispensable para el seguimiento en tiempo real.
Históricamente, Panamá experimentó una primera etapa de monitoreo electrónico con un plan piloto entre 2005 y 2013, en el que se usaron 222 dispositivos, principalmente en casos de detención preventiva. Sin embargo, esa fase no logró consolidarse como herramienta de resocialización ni se integró plenamente en el sistema judicial.
El marco legal que respalda esta modalidad de vigilancia incluye las reformas al Código Procesal Penal de 2008, que en su artículo 224 contempla el uso de localizadores electrónicos como medida cautelar personal, y en el artículo 333 para la protección de víctimas de violencia doméstica.
Además, desde 2009 el Ministerio Público emitió una resolución que permite aplicar estos dispositivos a personas sindicadas primarias, mujeres embarazadas, privados con casa por cárcel, sindicados por delitos con opción a fianza, y personas con permisos laborales o escolares. También puede aplicarse a personas con enfermedades graves no tratables en prisión, adultos mayores, personas con discapacidad severa y madres con hijos menores de un año, entre otros casos con enfoque humanitario.
Panamá se convertiría en el primer país de Centroamérica en utilizar este sistema con tecnología avanzada, que ya opera en países como Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Inglaterra, Vietnam, Arabia Saudita y Nueva Zelanda.
El Ministerio de Gobierno tramita, mediante procedimiento excepcional, la contratación del servicio de arrendamiento de un sistema de monitoreo electrónico para personas privadas de libertad.
La iniciativa contempla la implementación de hasta 2,000 brazaletes por un período de seis años (2,192 días), con un costo estimado de $37.2 millones.
Según documentos publicados en el portal Panamá Compra, el objetivo es aliviar el hacinamiento en los centros penitenciarios, que actualmente alberga a 24,527 personas, una cifra que supera significativamente su capacidad instalada y genera presiones operativas, administrativas y sociales
El uso de brazaletes permitiría aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, como el depósito domiciliario o el trabajo comunitario, además de mejorar los procesos de resocialización y reducir los costos asociados al mantenimiento de los reclusos dentro de los centros penitenciarios.
El uso del monitoreo electrónico se plantea como una herramienta de control confiable, segura y moderna, que facilitaría la supervisión remota de personas beneficiadas con medidas cautelares fuera del sistema penitenciario tradicional. La tecnología permitiría ubicar en tiempo real a los usuarios dentro de perímetros establecidos por los jueces, lo que ayudaría a garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales sin comprometer la seguridad ciudadana.
Entre los beneficios señalados destacan la reducción de costos en alimentación, infraestructura, seguridad y atención médica, así como una mejora en la capacidad del Estado para enfocar recursos en casos de mayor peligrosidad. Además, se alinea con el plan nacional de resocialización y con estándares de derechos humanos.
La propuesta ha sido clasificada como un proyecto de seguridad nacional, razón por la cual el Mingob optó por acogerse al mecanismo de contratación excepcional. Esto implica que los términos técnicos detallados del servicio y los equipos no han sido publicados en el documento de convocatoria, a fin de proteger información confidencial relacionada con el sistema penitenciario.
La Resolución No.096-R-075 del propio Ministerio establece que los planos de los centros, los protocolos, la ubicación de los dispositivos y la arquitectura tecnológica del sistema deben mantenerse en reserva, dado que su divulgación pondría en riesgo la seguridad institucional y ciudadana. Por ello, tampoco se utilizó la Plataforma de Cotizaciones en Línea para esta contratación.
El proveedor seleccionado para la implementación del sistema es la empresa Sprintico Corp., cuyo desempeño, según los documentos oficiales, ha sido validado en países como Estados Unidos, México, Chile y otras naciones de América y Europa.
El informe técnico asegura que la compañía es la única que cumple con los estándares de seguridad y confiabilidad exigidos, y que su tecnología fue probada satisfactoriamente en un plan piloto ejecutado previamente por la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).
El documento destaca que Sprintico cuenta con una plataforma robusta y tecnología de vanguardia, lo que, sumado a su experiencia internacional, garantiza precisión, funcionalidad y seguridad en la implementación del sistema.
Actualmente, la DGSP ya opera un sistema de monitoreo electrónico a menor escala, con resultados positivos.
El personal penitenciario ha sido capacitado en el manejo de la plataforma y realiza supervisión continua las 24 horas del día. Cada mes, aproximadamente 15 nuevos beneficiarios ingresan al programa, que ha demostrado ser eficaz en la aplicación de medidas cautelares.
El sistema sólo podrá utilizarse en áreas del país donde exista cobertura celular del 100% garantizada, lo cual es indispensable para el seguimiento en tiempo real.
Históricamente, Panamá experimentó una primera etapa de monitoreo electrónico con un plan piloto entre 2005 y 2013, en el que se usaron 222 dispositivos, principalmente en casos de detención preventiva. Sin embargo, esa fase no logró consolidarse como herramienta de resocialización ni se integró plenamente en el sistema judicial.
El marco legal que respalda esta modalidad de vigilancia incluye las reformas al Código Procesal Penal de 2008, que en su artículo 224 contempla el uso de localizadores electrónicos como medida cautelar personal, y en el artículo 333 para la protección de víctimas de violencia doméstica.
Además, desde 2009 el Ministerio Público emitió una resolución que permite aplicar estos dispositivos a personas sindicadas primarias, mujeres embarazadas, privados con casa por cárcel, sindicados por delitos con opción a fianza, y personas con permisos laborales o escolares. También puede aplicarse a personas con enfermedades graves no tratables en prisión, adultos mayores, personas con discapacidad severa y madres con hijos menores de un año, entre otros casos con enfoque humanitario.
Panamá se convertiría en el primer país de Centroamérica en utilizar este sistema con tecnología avanzada, que ya opera en países como Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Inglaterra, Vietnam, Arabia Saudita y Nueva Zelanda.