Hechos e implicaciones de la huelga inquilinaria de 1925

La huelga inquilinaria de 1925 fue un parteaguas en lo que se refiere a la demanda de respuestas sobre las precarias condiciones de la vivienda urbana en Panamá, por parte de la clase trabajadora. A partir de este momento, -ante el despertar de la población que residía en los cuartos de inquilinato-, la política de vivienda generó una mayor discusión dentro de la sociedad de la época.

Rastrear los antecedentes a las malas condiciones de vida en los cuartos de inquilinato, no es muy difícil. Un artículo publicado en el diario La Nación en noviembre de 1922, daba cuenta de los aumentos que aplicaban los casatenientes, poniendo de ejemplo cómo “una pieza o departamento que cuesta ahora 15 pesos costaba diez, o sea que los alquileres costaban un 25 por ciento menos que actualmente”. A esta amarga queja, el artículo agregaba que los casatenientes “han aumentado el precio de los alquileres con dos o tres pesos más por habitación”, debido a que el municipio los había obligado a pintar las casas de inquilinato.

Ante esta situación, los inquilinos deciden organizarse. De acuerdo con el testimonio del dirigente obrero Diógenes de la Rosa, en las indagatorias realizadas por los hechos ocurridos el 10 de octubre de 1925, y publicadas en la Revista Lotería (octubre- noviembre 1973), el Sindicato General de Trabajadores había acogido como parte de su organización a la ‘Liga de inquilinos’, con el fin de obtener mejoras como, “el reajuste del precio de los alquileres sobre una base equitativa”, el saneamiento de las viviendas y el buen trato por parte de los propietarios de los cuartos a los inquilinos. Se entendía que, una vez resueltos estos temas, la liga se disolvería.

Las tensiones generadas por el aumento del impuesto sobre las propiedades, -debido a la promulgación de la Ley 29 de febrero de 1925-, entre gobierno, inquilinos y propietarios, aceleró el desenlace violento que tuvo el conflicto. La discusión sobre la aplicación de nuevos impuestos sobre bienes inmuebles y otras disposiciones anteriores sobre el tema, habían recibido amplio rechazo por parte de los terratenientes de la época.

Un grupo de terratenientes, en carta dirigida al secretario de Hacienda, y publicada en el diario La Nación en diciembre de 2021 bajo el título, ‘El impuesto sobre inmuebles es muy oneroso’, manifestaban su rechazo al impuesto sobre inmuebles establecido en el Decreto 1 de 7 de enero de 1921, porque lo consideraban excesivo, basado en avalúos inflados y dictado sin autoridad legal. Alegaban que podía arruinar a los propietarios, además de ser una medida confiscatoria e inconstitucional.

Para el secretario de Hacienda, Eusebio A. Morales, la cuestión del impuesto sobre bienes inmuebles era de vital importancia para lograr “suprimir los impuestos comerciales para darle a Panamá la capacidad de desarrollar todas sus posibilidades de centro de distribución mundial”. Morales señala en la memoria de la Secretaria de Hacienda de 1924, que el impuesto sobre bienes inmuebles debería elevarse a “6 por mil del valor efectivo de la propiedad”, argumentando que este era sorprendentemente ínfimo en relación con lo que se pagaba en estados como Nebraska, en Estados Unidos, donde llegaba al 23.5 por mil.

Es entre este fuego cruzado entre terratenientes y el gobierno en el que se encontraban los obreros organizados en la Liga Inquilinaria y de Subsistencia cuando se dieron los eventos del 10 de octubre de 1925. Ese día la confusión entre los obreros estalló cuando, tras semanas de alzas de alquileres del 25–50% para anticipar el nuevo impuesto de 1925, el presidente Rodolfo Chiari habría dado su venia inicial a los mítines mientras el alcalde Mario Galindo los prohibía y luego “cedía a medias”, ofreciendo mover el acto del sábado 10 al miércoles 14 de octubre de 1925.

Ante las desavenencias, la Liga de Inquilinos difundió la hoja “SI HAY MITIN” y miles acudieron al parque de Santa Ana sin saber con certeza si existía permiso. Esa ambigüedad entre el presidente Chiari tolerando y el alcalde Galindo vetando, encendió el choque a las 7:30 p. m. del 10 de octubre de 1925, con la plaza cercada, el intento de disolver a la multitud derivó en disparos desde el quiosco.

Como es conocido, la represión escaló con la intervención militar estadounidense del 12 al 23 de octubre, ordenada al amparo del artículo 136 de la Constitución: patrullas con bayoneta ocuparon Santa Ana y Lesseps, cerraron cantinas, allanaron la sede de la Liga y practicaron “cuarenta y pico” arrestos, incluso de menores. Una completa relación de los eventos se encuentra en el ensayo de Alexander Cuevas, ‘El movimiento inquilinario de 1925’, publicado por el CELA en 1980.

Además de las acciones represivas, el gobierno instaló una campaña para deslegitimar el movimiento, etiquetándolo como ‘anarquista’, ‘comunista’ y obra de ‘agitadores’, deportaron a simpatizantes extranjeros y montaron una ‘junta mixta’ con voceros no vinculados al Sindicato General de Trabajadores, buscando fracturar a la Liga. Siete años después, cuando el conflicto estalla nuevamente en 1932, el gobierno de Harmodio Arias continuaba utilizando esta estrategia para estigmatizar los reclamos y sus líderes.

La crisis de hacinamiento y altos costes de alquiler, -además de la falta de respuestas efectivas de los gobiernos y propietarios-, llevó a los trabajadores a iniciar un proceso de expansión hacia la periferia mediante la compra o la ocupación de tierras. Ejemplos tempranos se observan en la década de 1920 con la creación de San Francisco de la Caleta y la desaparecida ‘Boca Town’. En 1922, el saneamiento para abrir paso al barrio de La Exposición provocó el desalojo por parte del gobierno, de un caserío de pescadores en Peña Prieta y Playa Trujillo, que decide mudarlos a lo que sería San Francisco de la Caleta.

Mientras que ‘Boca Town’, en Río Abajo, surgió de trabajadores de la Zona del Canal que, residían en la antigua Boca, quienes compraron tierras para construir viviendas propias, dando origen a nuevos núcleos obreros fuera de la ciudad. Boca La Caja, -primer asentamiento informal de la ciudad en 1932-, sería hija también de esta crisis de la vivienda.

La magnitud del reclamo de los trabajadores obligó al gobierno panameño a adoptar leyes para enfrentar el problema inquilinario y la falta de vivienda obrera. La Ley 123 de 1928 promovió la construcción de casas baratas mediante cooperativas y exenciones fiscales, además de autorizar al Estado a edificar o alquilar viviendas a precios accesibles. Luego, el Decreto N.º 50 de 1930 definió legalmente quién era considerado obrero, y el Decreto N.º 37 de 1932 creó una comisión para atender quejas de inquilinos y controlar abusos en los alquileres durante la crisis económica.

No sería hasta una década más tarde, con la creación del Banco de Urbanización y Rehabilitación (BUR) en 1944, que el Estado empieza a articular una respuesta estructural a los problemas de vivienda y urbanización. Esta institución tenía el mandato de planificar, financiar y ejecutar programas integrales de construcción y rehabilitación urbana en Panamá y Colón, con el fin de reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones sanitarias y de vida en las zonas más densamente pobladas del país.

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