Hija de magistrada del Tribunal de Contrataciones, cuestionada por posible conflicto de interés, está de licencia

Un nuevo elemento se suma a los cuestionamientos por el posible conflicto de interés en el nombramiento de Sherina Latorraca, hija de la magistrada presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Zaira Santamaría de Latorraca: la funcionaria también mantiene un vínculo laboral con otra institución del Estado.

La Estrella de Panamá confirmó que Latorraca, actual directora de Asesoría Legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), figura además como subdirectora ejecutiva institucional de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), donde se encuentra de licencia sin sueldo. Su nombramiento en la DGCP fue defendido por su madre bajo el argumento de que su hija “no participa en la toma de decisiones”.

La información de la planilla de la SMV, que se reporta ante la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), precisa que Sherina Latorraca devenga un sueldo de $3,500, inició labores el 2 de febrero de 2021 y el estado de su puesto es “licencia sin sueldo” desde agosto de 2024.

Su puesto, casualmente, es una posición que no existe en el organigrama de la SMV, según se aprecia en la página web de la entidad reguladora. Ella fungía como “subdirectora de la Dirección Jurídica”, confirmó la superintendente Maruquel Murgas.

Defendió que el organigrama, “no desglosa las direcciones y sus funcionarios, solamente las direcciones y unidades”,

“Al momento de tomar posesión del cargo ella ya se encontraba bajo licencia. Esta se le venció el 31 de julio de 2026 y ella solicitó una extensión de dos años, la cual termina el 31 de julio de 2028”, contestó Murgas a este diario, una decisión con base al reglamento institucional.

Durante su gestión al frente de la Subdirección Jurídica se adoptaron decisiones que han sido cuestionadas por el tratamiento dado a las prestaciones y derechos laborales de Javier Miranda Guerra, entonces director de Investigaciones Administrativas del Régimen Sancionador de la Superintendencia del Mercado de Valores.

A Miranda, quien fue despedido sin causa justificada, no se le reconocían “gastos de representación”, según consta en una resolución de la institución fechada el 26 de enero de 2022.

Por esta razón, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la SMV, efectuar el pago de la indemnización tomando como base la última remuneración, que incluye el salario y los gastos que devengó, cita el fallo con fecha de julio de 2024, bajo la ponencia del exmagistrado Cecilio Cedalise.

En tanto, durante su comparecencia este lunes ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la magistrada Santamaría sostuvo que, antes de que su hija aceptara el nombramiento, realizó consultas ante la Procuraduría de la Administración y la Antai, y aseguró que ninguna de las dos entidades planteó inconvenientes.

Sin embargo, la Antai aseguró ayer que no había sido consultada por dicha contratación, como lo argumentó la magistrada presidenta y anunció que “investigará el aparente conflicto de interés”.

“Ella no está en un lugar donde se tomen decisiones jurisdiccionales ni tiene firma; ella está en Asesoría Legal, ella solo emite conceptos y se los pasa al director, y el director es quien decide los conceptos y los firma”, respondió Santamaría de Latorraca en la Comisión de Presupuesto a los cuestionamientos del diputado de la coalición Vamos, Jonathan Vega, por el puesto de su hija.

Las redes sociales se llenaron de cuestionamientos ante este caso de posible nepotismo. Los usuarios recordaron una noticia que detalla que en 2003 Sherina Latorraca atropelló a una madre y a su hijo de 3 años y se dio a la fuga.

El hecho se dio en la avenida Ricardo J. Alfaro cuando la hoy funcionaria de la DGCP, y de licencia en la SMV, era menor de edad.

Tras ser arrollados unos 50 metros en aquel accidente el niño falleció y la madre quedó parapléjica, según las publicaciones de ese momento.

Sherina Latorraca devenga un salario de $3,500 en la DGCP como directora de asesoría jurídica, desde abril de este año, como funcionaria permanente.

Mientras que en la SMV fue nombrada en 2021 como abogada con un salario de $2,200. En 2022 la funcionaria pasó al puesto de “subdirectora con un sueldo de $3,500.