Imputan por corrupción a Luis Oliva y Budy Attie; con medida cautelar de firma
- 29/08/2025 05:53
También se les imputó cargos por asociación ilícita para delinquir. El juez de Garantías decretó ilegales las aprensiones de Oliva, Attie y la abogada Janice Becerra. Esta última, también vinculada al proceso y que enfrenta cargos por peculado Reporte periódico y prohibición de salida del país. Esas fueron las medidas cautelares decretadas por el juez de garantías Luis Ceballos, al exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, el empresario Budy Attie y la abogada Janice Becerra, investigados por el caso Fintek.
Oliva y Attie fueron imputados por los cargos de asociación ilícita para delinquir, peculado y corrupción de servidores públicos. Mientras que Becerra fue imputada por peculado y asociación ilícita para delinquir.
Aunque se aceptó la imputación de cargos, fue una victoria pírrica para el Ministerio Público. El juez consideró que se cumplieron los requisitos “mínimamente” y que “no están fortalecidos”. Negó la solicitud de la fiscal de detención provisional y decretó ilegal la aprehensión de los tres.
Los hechos El caso Fintek se remonta al sistema de vales digitales utilizado durante la pandemia y que está fuertemente relacionado a las deudas sin pagar del gobierno del expresidente Laurentino Cortizo a los proveedores.
La empresa Cable and Wireless ofrecía una plataforma digital para estos vales por un costo de 5.5 millones de dólares al año. Sin embargo, el incumplimiento del pago por parte del gobierno los llevó a terminar el contrato. En julio de 2022 entró entonces la empresa Fintek, vinculada a los Attie, a hacer el servicio, de la mano de Oliva, en ese entonces administrador de la AIG.
Oliva llegó a un acuerdo con la empresa. El Estado no le pagará nada, pero podrán cobrar una comisión de 0.5% a las empresas que aceptarían los vales. Además, pueden ofrecer un servicio de “factoring” por un 4.5%.
El acuerdo fue refrendado por la Contraloría y la empresa prestó el servicio.
Algunos proveedores manifestaron su descontento por tener que pagar el porcentaje, pero aceptaron finalmente, ya que el Estado les adeudaba grandes sumas de dinero.
Postura del Ministerio Público La Fiscalía arguye que Oliva benefició a Attie al darle acceso a la base de datos con la información sobre los vales y las ganancias por comisiones. Becerra, quien trabajaba como asesora de la AIG sería el enlace. La Fiscalía señala que Oliva vivió por dos años en un apartamento sin pagar alquiler que pertenece a una sociedad en la que Attie es el beneficiario final. La defensa de Oliva niega esto y presentó comprobante de la deuda actual.
Además, hay una cuarta persona vinculada: Ralph Attie, quien no asistió a las audiencias, ya que se encuentra en el hospital. El juez suspendió los términos para él mientras se resuelve el tema médico, por lo cual no fue imputado junto a los demás
Reporte periódico y prohibición de salida del país. Esas fueron las medidas cautelares decretadas por el juez de garantías Luis Ceballos, al exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, el empresario Budy Attie y la abogada Janice Becerra, investigados por el caso Fintek.
Oliva y Attie fueron imputados por los cargos de asociación ilícita para delinquir, peculado y corrupción de servidores públicos. Mientras que Becerra fue imputada por peculado y asociación ilícita para delinquir.
Aunque se aceptó la imputación de cargos, fue una victoria pírrica para el Ministerio Público. El juez consideró que se cumplieron los requisitos “mínimamente” y que “no están fortalecidos”. Negó la solicitud de la fiscal de detención provisional y decretó ilegal la aprehensión de los tres.
El caso Fintek se remonta al sistema de vales digitales utilizado durante la pandemia y que está fuertemente relacionado a las deudas sin pagar del gobierno del expresidente Laurentino Cortizo a los proveedores.
La empresa Cable and Wireless ofrecía una plataforma digital para estos vales por un costo de 5.5 millones de dólares al año. Sin embargo, el incumplimiento del pago por parte del gobierno los llevó a terminar el contrato. En julio de 2022 entró entonces la empresa Fintek, vinculada a los Attie, a hacer el servicio, de la mano de Oliva, en ese entonces administrador de la AIG.
Oliva llegó a un acuerdo con la empresa. El Estado no le pagará nada, pero podrán cobrar una comisión de 0.5% a las empresas que aceptarían los vales. Además, pueden ofrecer un servicio de “factoring” por un 4.5%.
El acuerdo fue refrendado por la Contraloría y la empresa prestó el servicio.
Algunos proveedores manifestaron su descontento por tener que pagar el porcentaje, pero aceptaron finalmente, ya que el Estado les adeudaba grandes sumas de dinero.
La Fiscalía arguye que Oliva benefició a Attie al darle acceso a la base de datos con la información sobre los vales y las ganancias por comisiones. Becerra, quien trabajaba como asesora de la AIG sería el enlace. La Fiscalía señala que Oliva vivió por dos años en un apartamento sin pagar alquiler que pertenece a una sociedad en la que Attie es el beneficiario final. La defensa de Oliva niega esto y presentó comprobante de la deuda actual.
Además, hay una cuarta persona vinculada: Ralph Attie, quien no asistió a las audiencias, ya que se encuentra en el hospital. El juez suspendió los términos para él mientras se resuelve el tema médico, por lo cual no fue imputado junto a los demás