Infancias interrumpidas: el peso de ser madre cuando aún se es niña

Las risas no encajan del todo con la escena.

Son risas sueltas, ligeras, de esas que suelen escaparse en los recreos. Se persiguen, se llaman por nombres diminutos, corren con la torpeza alegre de quien todavía está descubriendo el mundo. Pero en medio del juego hay pausas extrañas: una niña se detiene, se acomoda la camiseta sobre el vientre abultado; otra carga a un bebé con la misma naturalidad con la que hace un momento jugaba con su amiga.

A unos pasos, dos niñas se sientan en el suelo con una muñeca entre las manos. Una le acomoda la ropa con cuidado, la otra la mece despacio y con delicadeza, como si fuera real. Se ríen. Se corrigen. Juegan a ser lo que, en ese mismo espacio, ya son.

Ahí, en esa superposición, la infancia se vuelve una frontera borrosa.

En el Hogar María Guadalupe, donde actualmente viven unas 15 niñas y adolescentes entre los 13 y 17 años —aunque en el pasado han recibido casos de niñas de 8 y 9 años—, la vida ocurre en dos tiempos a la vez: el de quienes aún quieren jugar y el de quienes ya no pueden hacerlo sin interrupciones.

Camas pequeñas, paredes rosadas, estantes con libros. Pero lo que define el espacio no es lo que se ve, sino lo que convive: muñecas junto a biberones, cuadernos junto a pañales, juegos que se interrumpen porque un bebé llora.

No siempre es fácil distinguir qué le pertenece a quién.

Porque aquí hay niñas criando niños.

En Panamá, esa escena no es excepcional: es parte de una tendencia persistente. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el país mantiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región, con 57 embarazos por cada 1,000 adolescentes. Cada día, al menos 21 niñas y adolescentes quedan embarazadas. Entre 2021 y 2024, se registraron casi 28 mil casos en menores de 19 años.

En América Latina, el embarazo adolescente sigue siendo uno de los más altos del mundo, con un promedio de 52 nacimientos por cada 1,000 adolescentes. Países como Nicaragua, Honduras y Guatemala registran las cifras más elevadas, superando los 70 y hasta 90 casos. Panamá se ubica por encima del promedio regional, mientras que países como Chile, Uruguay y Argentina presentan las tasas más bajas, entre 50 y en alguno de los casos por debajo de los 30.

Pero las cifras dicen menos de lo que parece. En las estadísticas no se escucha el sonido de una niña tratando de calmar a un bebé. No aparece el momento en que una adolescente aprende a leer al mismo tiempo que aprende a sostener la cabeza de un recién nacido. No se registra confusión entre juego y cuidado.

Y, sin embargo, ahí está el núcleo del problema.

No ocurre en un solo lugar, ni bajo una sola forma. En la Comarca Ngöbe Buglé, por ejemplo, el fenómeno se profundiza en zonas como el distrito de Kankintú, donde más del 45% de las madres adolescentes nunca asistió a la escuela. A nivel nacional, provincias como Herrera, Los Santos y Panamá también registran alta incidencia, junto con las comarcas indígenas.

Se trata de una realidad que atraviesa territorios, contextos sociales y niveles de acceso a educación y protección.

Durante el recorrido, una escena se repite con variaciones mínimas: niñas que todavía conservan rasgos infantiles —mejillas redondas, voces agudas— con cuerpos que ya cargan con otra historia. Algunas están embarazadas; otras ya son madres. Varias continúan con su proceso educativo dentro del sistema que las acoge, intentando retomar o sostener una rutina que fue interrumpida.

La vida intenta seguir su curso, aunque haya tomado un atajo abrupto.

En medio de cualquier intento de normalidad, hay interrupciones.

Un llanto. Una llamada. Un biberón que preparar.

El embarazo en niñas menores de 14 años no es solo un fenómeno social: es también una alerta médica y legal.

Especialistas coinciden en que estos casos se consideran embarazos de alto riesgo. El cuerpo de una niña no está preparado para gestar: la pelvis es más estrecha, el desarrollo físico incompleto, las probabilidades de complicaciones aumentan. Preeclampsia, anemia severa, partos prematuros, bajo peso al nacer.

La ginecóloga obstetra, Saskya Linares, lo explica con claridad: los embarazos en niñas desde los 8 años se clasifican como embarazos infantiles y, en la práctica, están vinculados en su totalidad a situaciones de abuso sexual. Aunque una niña pueda haber iniciado la menstruación y exista la posibilidad biológica de un embarazo, eso no significa que su cuerpo esté preparado para gestar ni para parir.

Según detalla, estas niñas suelen tener una contextura física aún en desarrollo —talla baja, pelvis estrecha— lo que incrementa significativamente el riesgo durante el embarazo y hace que, en la mayoría de los casos, el parto deba realizarse por cesárea. A esto se suman riesgos médicos como anemia, hipertensión, preeclampsia, hemorragias y complicaciones graves que pueden poner en peligro tanto al feto como a la propia niña.

Pero el impacto no es solo físico. Linares advierte que tampoco existe una preparación emocional ni psicológica para enfrentar una maternidad a esa edad. “No es una madre”, explica, “es una niña que está gestando”, remata.

En muchos casos, además, las víctimas llegan tarde al sistema de salud. El abuso suele ocurrir en entornos cercanos, bajo amenazas o manipulación, lo que retrasa la denuncia y limita las opciones médicas disponibles. Aunque la legislación panameña contempla la interrupción del embarazo en casos de violación bajo condiciones específicas, en la práctica muchas niñas superan ese periodo sin haber podido acceder a esa alternativa.

Por eso, cuando una niña menor de 14 años queda embarazada, la ley presume la existencia de un delito sexual, ya que no puede haber consentimiento válido a esa edad.

Las historias que desembocan en este hogar comparten un origen común, aunque se narren en voz baja.

Muchas de las niñas han sido víctimas de abuso sexual. En varios casos, el agresor pertenece al entorno más cercano: padrastros, tíos, abuelos o incluso sus propios padres, explica Maritza Grifo, directora general de la Fundación Ofrece un Hogar, psicóloga y criminóloga con 17 años de experiencia.

Otras llegan desde contextos de abandono o extrema pobreza, donde la ausencia de redes de protección las deja expuestas a múltiples formas de violencia.

A veces, incluso, la familia desaparece.

O decide no ver.

Y entonces el Estado interviene.

Datos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia reflejan parte de esa realidad: en 2025 se registraron 387 casos de adolescentes embarazadas vinculados a situaciones de abuso y violencia, y en lo que va de 2026 ya suman 146. En menores de 14 años, los registros son menos numerosos, pero no por ello menos graves: cada caso implica una historia de violencia sexual.

Recientemente, la institución informó que no existen casos actuales de niñas de 8 y 9 años embarazadas en los albergues bajo su administración; sin embargo, la directora del centro Hogar María Guadalupe aseguró que en ese albergue sí se registraron casos. Se han documentado antecedentes, como el de una menor de 8 años con cinco meses de gestación atendida en 2021.

La realidad, además, sigue mostrando señales alarmantes. Esta misma semana, una bebé de nueve meses fue trasladada desde Veraguas al Hospital del Niño tras detectarse indicios de abuso sexual, un caso que permanece bajo investigación.

Existen programas y medidas dentro del sistema, aunque las respuestas suelen llegar cuando el daño ya ha ocurrido.

“Este es un problema multifactorial y amerita un enfoque serio, humano y bien organizado del Estado”, cuenta Grifo. Que además de ser la directora de estos dos centros, es psicóloga y criminóloga con 17 años de experiencia.

A su juicio, no se trata de una sola institución ni de una solución aislada. “No es un problema netamente del Ministerio de Educación, ni del Ministerio de Salud, ni de la familia. Es un trabajo de conjunto. Tiene que haber una política social real enfocada en la niñez”.

Advierte además que factores como la pobreza, la falta de supervisión y la desintegración familiar agravan la situación. “La gente que tiene recursos puede ocupar a sus hijos en actividades. Pero hay familias que viven en espacios reducidos, sin opciones. Ahí empieza el problema”, señala.

En uno de los pasillos, una niña sostiene a su bebé con una mezcla de cuidado e incertidumbre. Está inquieta: el niño tiene fiebre. Pregunta, insiste, busca respuestas. Su preocupación es inmediata, legítima, urgente. Es la preocupación de una madre.

Pero su voz sigue siendo la de una niña.

Otra de las adolescentes tiene 16 años. Está por cumplir 17. Dice que le gusta la costura, la belleza, hacer tembleques. Mientras habla, acomoda la ropa de su bebé, la calma, la sostiene.

“Es difícil, pero soy muy feliz conviviendo con más chicas de mi edad y en mi misma situación”, cuenta.

Cuando se le pregunta cómo la pasa, responde sin dudar: “Bien... me dan apoyo, voy a todas mis citas”.

La última joven, también de 16 años, resume su experiencia con una frase corta: “A veces uno quiere volver a ser como antes, pero ya no se puede... ahora hay alguien que depende de mí”.

Esa contradicción —esa imposibilidad de encajar en una sola categoría— atraviesa todo el lugar.

Afuera, las risas continúan.

El juego no desaparece, pero se fragmenta. Se cuela entre responsabilidades, se interrumpe, se adapta. Las niñas siguen jugando, pero ahora lo hacen con una conciencia distinta: saben que en cualquier momento tendrán que detenerse.

Porque alguien depende de ellas.

En Panamá, el aborto está regulado por el Código Penal (artículo 144), que lo permite únicamente en dos circunstancias: cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo y cuando el embarazo es producto de una violación, bajo condiciones médicas y legales específicas.

Sin embargo, en la práctica, el acceso es limitado. La denuncia tardía, la burocracia, la falta de información y la presión social hacen que muchas niñas continúen embarazos que no eligieron.

Casos como el de una niña de 8 años que quedó embarazada tras una violación y cuyo caso estremeció al país en 2022 evidencian esa brecha. La menor fue apartada de su entorno familiar luego de confirmarse que el agresor pertenecía a su círculo cercano. La denuncia se realizó cuando ya tenía más de 20 semanas de gestación, lo que redujo drásticamente las opciones médicas disponibles.

El caso provocó cuestionamientos profundos: cómo es posible que un embarazo producto de violación llegue tan lejos sin intervención, qué falló en la detección temprana, y por qué, aun existiendo causales legales, el acceso a un aborto seguro sigue siendo tan limitado.

Y es en ese punto donde convergen todas las tensiones: el sistema legal, el sistema de salud, las creencias sociales, las respuestas institucionales.

Mientras tanto, la realidad sigue su curso.

En el Hogar María Guadalupe, la vida avanza en ese equilibrio inestable entre lo que debería ser y lo que es.

Las niñas no han dejado de ser niñas.

Pero ya no pueden serlo del todo.

Y en ese espacio —donde los juguetes no siempre se distinguen de quién son, donde el juego convive con el cansancio, donde una risa puede interrumpirse por el llanto de un bebé— se revela una de las verdades más incómodas del país: hay infancias que no desaparecen, pero que son obligadas a crecer antes de tiempo.

Infancias que siguen ahí, resistiendo, incluso cuando el mundo adulto llegó demasiado pronto.

Un diagnóstico de la Asamblea Nacional, basado en 23 inspecciones, reveló graves deficiencias en el sistema de albergues para niños, niñas y adolescentes en Panamá. El informe advierte que, pese a un marco legal sólido, persisten brechas frente a estándares internacionales.

En los 48 albergues supervisados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) residen más de 550 menores, incluidos al menos 112 con discapacidad. Entre los principales hallazgos destacan fallas en la atención médica y psicológica, falta de personal, infraestructura deteriorada y debilidades en los protocolos de protección, como reintegraciones familiares sin seguimiento y expedientes estancados por años.

El informe también cuestiona el uso excesivo de la institucionalización y una débil supervisión estatal, incluso con posibles conflictos de interés en algunos centros.

En este contexto, organizaciones civiles solicitaron la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles Arango, señalando fallas en su gestión y pérdida de confianza. Mientras tanto, el Mides anunció una nueva estrategia de coordinación con apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)para fortalecer el sistema, durante la primera reunión entre la ministra Carles y la nueva directora del Senniaf Lilibeth Cárdenas.