Informe detalla plan para el regreso a clases después del terremoto
- 20/10/2026 10:12
El documento elaborado por Fudespa y Jóvenes Unidos por la Educación recopila recomendaciones basadas en datos de fuentes oficiales, organismos internacionales y estudios sobre educación
Un informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa) y Jóvenes Unidos por la Educación presenta una propuesta para la reapertura de las aulas de clase en Panamá luego del terremoto.
El objetivo principal es reabrir las escuelas de forma segura, rápidamente y tomando en consideración las realidades en el campo.
“El propósito es garantizar una continuidad educativa segura, flexible, progresiva y territorialmente diferenciada, que priorice la protección integral de estudiantes, docentes y familias afectadas. Ningún estudiante debe quedar más de 10 días hábiles sin un espacio educativo ni perder el año por el terremoto, y el regreso debe centrarse en la acogida y la nivelación, no en terminar el programa”, detalla el documento.
Para ello, contempla una serie de fases. La Fase 0 consiste en clasificar cada plantel por su capacidad de uso, reinspeccionar los planteles después de cada réplica fuerte, hacer un censo nominal por escuela que registre dónde está cada estudiante y cada docente, y liberar progresivamente los planteles habilitados como albergues temporales o centros de acopio, siempre que las familias cuenten con una alternativa digna y segura de alojamiento. Esta fase debe terminar el 23 de octubre.
La Fase 1 consiste en un retorno de acogida, con jornada reducida, rutina fija, actividades de expresión, juego, y espacios para hablar del terremoto.
“Se enseña qué es un terremoto y por qué hay réplicas, y se practica el protocolo’agáchate, cúbrete y sujétate’. El simulacro se presenta como una forma de recuperar el control, no como una amenaza”, explica el informe.
El plan sería que las 35 escuelas destruidas por el terremoto reabran en espacios alternativos en un plazo máximo de 10 días hábiles, es decir antes del 26 de octubre.
La Fase 2 consistiría en cierre del año con currículo priorizado, utilizando guías de aprendizaje esenciales y enseñando lo imprescindible para el grado siguiente. La nota final del año sería la mejor entre el promedio de los dos primeros trimestres y el resultado del tercero. Ningún estudiante repetiría el año por causa del terremoto y se mantendrían las graduaciones del 11 al 18 de diciembre.
La Fase 3 consistiría en escuela de verano para recuperar contenidos en enero y febrero de 2027. Sería voluntaria de 4 a 6 semanas en las regiones afectadas, con tutorías en grupos pequeños por nivel. Aquí se contempla la instalación de aulas modulares seguras donde la reconstrucción definitiva no esté lista para marzo.
La última fase sería el año escolar 2027, enfocada en la nivelación sostenida y la seguridad en las escuelas.
Se haría un diagnóstico de entrada en todo el país, con tiempo de nivelación semanal durante todo el año y reconstrucción de los centros educativos con normativa sísmica, plan de evacuación y mara de riesgo por escuela, así como simulacros trimestrales y gestión de riesgo incorporada al currículo.
El informe contempla además estrategias para escuelas multigrados y rurales destruidas, utilizando aulas comunitarias, un modelo semipresencial, asignación de nuevos docentes para garantizar la comunidad, tutores comunitarios, alimentación y transportes para evitar el abandono escolar.
“Ninguna reapertura será efectiva si ignora las condiciones de vivienda, transporte, conectividad, servicios básicos y bienestar emocional de las familias afectadas. Por eso, las alternativas deben ser flexibles y adaptadas a cada territorio, para que la emergencia no se convierta en exclusión ni en penalización académica. La vida, la dignidad y el interés superior de la niñez deben guiar cada decisión: garantizar el derecho a la educación es asegurar que ningún estudiante quede atrás”, concluye el informe.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expresó su preocupación por garantizar los derechos de los niños, especialmente aquellos en zonas afectadas por el sismo.
De acuerdo con un reporte preliminar de la organización internacional, unas 38 mil personas requieren asistencia humanitaria, de las cuáles 8,300 son niños, niñas y adolescentes.