Investigación a Panama Ports: Fiscalía espera ampliación de auditoría solicitada desde 2025
- 18/08/2026 16:30
De acuerdo con la Procuraduría, la documentación correspondiente a esta ampliación todavía está pendiente de ser recibida y se incorporará a un expediente que ya supera los 360 tomos.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó la tarde de este martes 18 de agosto que la Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad solicitó una ampliación de la auditoría relacionada con Panama Ports Company (PPC), elemento que considera necesario para avanzar en la investigación que mantiene abierta sobre la empresa que operó los puertos de Balboa y Cristóbal.
Esta investigación comenzó luego de los hallazgos primarios de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a PPC. La Estrella de Panamá conoció que la ampliación de esta auditoría se solicitó el año pasado, pero se encuentra atrasada.
En el mes de enero de 2025, la Contraloría inició la auditoría a la empresa PPC. Mientras que en abril de 2025 el contralor Anel Flores informó en conferencia de prensa que la auditoría al contrato de PPC determinó una lesión patrimonial al Estado por $1.337 millones por distintas modalidades.
De acuerdo con la Procuraduría, la documentación correspondiente a esta ampliación todavía está pendiente de ser recibida y se incorporará a un expediente que ya supera los 360 tomos.
La solicitud forma parte de las distintas diligencias que desarrolla el Ministerio Público dentro de una investigación que incluye análisis técnicos, actos investigativos y asistencias internacionales.
Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación realizan la tarde de este jueves 26 de febrero de 2026 la primera diligencia en las oficinas de la empresa Panama Ports Company, ubicadas en Terrazas de Albrook.
La diligencia, ejecutada por la fiscalía y la DIJ, surgió de oficio ante la presunta ocultación de información sobre las operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal, tras el desalojo de la empresa luego de conocerse el fallo de inconstitucionalidad al contrato ley entre PPC y el estado de Panamá.
La PGN explicó que la Fiscalía ha desarrollado diversas diligencias para recopilar elementos de convicción que permitan construir una investigación sólida y objetiva.
Entre estas actuaciones se encuentra la solicitud de ampliación de auditoría, cuya información aún no ha sido entregada al Ministerio Público.
Según la Procuraduría, este nuevo insumo es necesario para complementar los elementos que ya reposan en el expediente y continuar con el análisis del caso.
La institución recalcó que la investigación cuenta actualmente con más de 360 tomos, lo que refleja la cantidad de documentación y elementos que han sido incorporados durante el proceso.
Panama Ports Company mantuvo una concesión otorgada por el Estado panameño para la operación de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
En la Gaceta Oficial No. 30468 de este lunes 23 de febrero de 2026 se publicó el fallo que declara inconstitucional la Ley N.° 5 de 16 de enero de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato entre el Estado panameño y la sociedad Panama Ports Company para el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.
La concesión fue declarada como inconstitucional por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. PPC es una empresa filial de CK Hutchison Ports, la cual tiene su sede en Hong Kong.
En este contexto, la Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad mantiene su propia investigación, para la cual ha solicitado información y análisis adicionales.
La PGN señaló que la ampliación de auditoría solicitada constituye precisamente uno de los elementos que todavía deben incorporarse al expediente antes de que la Fiscalía pueda completar sus evaluaciones.
La Procuraduría aprovechó esta investigación para explicar que su función es investigar, recopilar elementos de convicción y presentar las solicitudes correspondientes ante los tribunales, mientras que las decisiones sobre medidas cautelares, detenciones provisionales, arrestos domiciliarios y sentencias corresponden al Órgano Judicial.
La institución también recordó que los operativos de aprehensión se realizan conforme a la ley y que corresponde a los jueces de garantías determinar la legalidad de estas actuaciones.
En ese sentido, la PGN defendió que la investigación debe desarrollarse con rigor y respetando las diferentes etapas del proceso penal.
“La rapidez no puede sustituir el rigor, la objetividad, la transparencia y el cumplimiento de las reglas y etapas procesales del sistema penal”, señaló la institución.
La Procuraduría reiteró que la investigación sobre Panama Ports Company continúa abierta y que la ampliación de auditoría solicitada representa un elemento adicional que deberá ser analizado por los fiscales una vez sea recibido.
La institución sostuvo que su compromiso es desarrollar investigaciones técnicas y respetuosas del debido proceso, conforme a la Constitución y las leyes.