Isla Coiba: traslado de reos reabre polémica sobre patrimonio natural

El Parque Nacional Coiba fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2005. Shutterstock
  • 14/06/2026 10:35

El traslado de 29 reos forma parte de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno para fortalecer el sistema penitenciario y combatir las estructuras criminales que operan desde las cárceles

La decisión del Gobierno de trasladar a 29 privados de libertad catalogados como de alta peligrosidad al centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval de Isla Coiba ha abierto un debate que trasciende el ámbito de la seguridad pública.

Aunque el Ministerio de Seguridad defendió la medida como parte de una estrategia para reforzar el control sobre estructuras criminales y limitar la capacidad de operación de sus cabecillas, diputados, científicos y defensores del patrimonio natural han cuestionado la utilización de una isla reconocida internacionalmente por su valor ecológico.

El pasado sábado, el Ministerio de Seguridad informó que los reos fueron trasladados desde distintos centros penitenciarios del país hacia las instalaciones ubicadas en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en Isla Coiba.

Según la entidad, la decisión responde a la necesidad de fortalecer la seguridad penitenciaria y hacer frente a la vulnerabilidad que presenta el centro de detención de Punta Coco, desde donde presuntamente se coordinan actividades ilícitas.

Sin embargo, las reacciones no tardaron en surgir.

La diputada Janine Prado recordó que en 2010 el actual presidente José Raúl Mulino había manifestado que Coiba no volvería a ser utilizada como penal.

“Coiba dejó de funcionar como colonia penal en 2004 y hoy forma parte del Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2005”, señaló la diputada en sus redes sociales.

Prado también cuestionó si la decisión es compatible con la condición de área protegida de la isla.

“¿Es compatible utilizar nuevamente Coiba para fines penitenciarios con su condición de Parque Nacional y Patrimonio Mundial, o Panamá debería preservar ese territorio exclusivamente para conservación, investigación científica y turismo sostenible?”, planteó.

El diputado Ernesto Cedeño afirmó que el traslado representa, en la práctica, la reapertura de un centro penitenciario en la isla.

“Hemos vuelto a reabrir un centro penitenciario en Coiba. Llámenlo como quieran. Ante la inoperancia en una administración real, honesta y efectiva de los centros penitenciarios y para no hacer cambios en las cabezas del sistema, sale la genial idea”, expresó.

Preocupación ambiental

Las inquietudes también fueron compartidas por sectores vinculados a la conservación.

Eloisa Lasso, científica de la Asociación de Interés Público (AIP) de Coiba, rechazó la medida y advirtió sobre los riesgos de volver a asociar la isla con funciones penitenciarias.

“La seguridad de Panamá no se construye sacrificando su patrimonio natural más valioso”, manifestó en la red social X.

Lasso recordó que Coiba es la isla más grande del Pacífico centroamericano y alberga especies únicas.

“Coiba no puede volver a ser una prisión. Es un laboratorio vivo de biodiversidad, hogar de especies endémicas que no existen en ningún otro lugar del planeta”, sostuvo.

La especialista destacó además que el territorio forma parte del Parque Nacional Coiba y fue declarado Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO debido a su relevancia ecológica.

La posición del Gobierno

Por su parte, el Ministerio de Seguridad ha defendido la decisión asegurando que el centro penitenciario de Isla Coiba cuenta con condiciones adecuadas de vigilancia y control.

La institución indicó que la Policía Nacional estará a cargo de la seguridad interna, mientras que el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) asumirá la custodia externa de las instalaciones.

El traslado forma parte de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno para fortalecer el sistema penitenciario y combatir las estructuras criminales que operan desde las cárceles.

Mientras las autoridades sostienen que la prioridad es reforzar la seguridad nacional, los cuestionamientos plantean otro debate: hasta dónde puede llegar esa estrategia cuando involucra uno de los principales patrimonios naturales de Panamá.