José E. Stoute: ‘La Asamblea es un monstruo que devora la legitimidad del régimen político’

Ante un escenario geopolítico en el que tiene poco poder de negociación y en medio de una encrucijada por resolver dos contratos inconstitucionales, el de First Quantum Minerals y el de la empresa portuaria Panama Ports Company, amén de encontrarse en procesos que requieren consenso, donde el diálogo es el gran ausente, el analista político José Eugenio Stoute advierte que Panamá está a un escalón de convertirse en una nación no democrática.

A su juicio, en un país sin datos actualizados de pobreza, empleo, e incluso de los ingresos del Estado, el mensaje que se envía es el “ocultamiento”, lo que aunado a otras acciones de los tres órganos del Estado implica que se están perdiendo libertades ciudadanas que no son negociables.

¿Cómo analiza nuestra realidad social, económica y política?

Es compleja tanto del punto de vista político, social y económico. Si nos fijamos en las cifras objetivas y los datos concretos, fríos la situación es muy mala.

¿En qué se basa para decir que estamos muy mal, no tenemos estadísticas actualizadas?

Es que el no tener estadísticas es un dato preocupante, muy preocupante. Cuando usted tiene una estadística buena, que lo favorece, usted hace lo que sea necesario para darla a conocer de inmediato. Nuestro problema no es un problema técnico ni de incapacidad, es un problema de ocultamiento. No nos engañemos, están ocultando información a la ciudadanía.

¿A qué lo atribuye?

Esa información se oculta porque no debe ser buena. Hay economistas que dicen que el desempleo está en el 12%, que la informalidad ya supera el 50% de la fuerza laboral. Es decir, estamos mal, esa es la verdad, estamos muy mal.

Además la Contraloría General de la República ha condicionado el acceso para ver los referendos del estado, ¿qué impacto tiene en la ciudadanía?

La Contraloría mantiene la firmeza de sus datos y por lo tanto no tiene por qué exigir absolutamente nada que no sea divulgarlo libremente. Esos datos pertenecen a toda la ciudadanía y no a una institución, pertenecen al país.

Se solicita nombre y cédula cuando antes revisarlo era anónimo

Cada día se están poniendo límites a las libertades democráticas que yo llamo derechos democráticos de la ciudadanía y eso es muy preocupante.

¿Lo aprecia de esa manera?

Sí y no solo yo. Fíjese que el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional sitúa a Panamá en el escalón 33 de 100, pero señala además que en el escalón 32, es decir, un escalón menos al que muy probablemente vamos a llegar el año que viene, implica que estamos ante un país de régimen no democrático.

¿Qué significa eso?

Que es una dictadura. Un régimen no democrático, es un régimen que no reconoce en plenitud los derechos democráticos de la población. Pueden ser más, pueden ser menos, incluso bajo [el general de Chile Augusto] Pinochet se reconocían algunos derechos. Un régimen no democrático es aquel que no reconoce derechos democráticos y actúa de forma autoritaria, y eso lo están señalando organismos internacionales, que estamos a un escalón de llegar allá.

¿En qué estamos errando para bajar esa grada?

Estamos errando en todo. Por ejemplo, la Asamblea Nacional es un monstruo que devora la legitimidad del régimen político panameño, eso es un cáncer. Ahora la Corte Suprema de Justicia ha dicho que todos los funcionarios que tengan dos años de servir de forma permanente pasan a ser permanentes, eso es inaceptable. Es lo mismo que se hizo en la Asamblea ¿y si en la Asamblea estaba mal por qué no va a estar mal en el Órgano Judicial?

¿Cómo debería ser entonces?

Por concurso abierto a nivel nacional.

Pareciera que se cierran los picaportes, también la Corte Suprema de Justicia ratificó que los ciudadanos no podamos conocer quiénes se benefician de los contratos estatales ¿Qué lectura le da?

Todo eso es una restricción de derechos democráticos, es decir, un derecho democrático debe ser que los ciudadanos conozcan a quién le están dando su dinero, porque es dinero público, que sale de los impuestos, que usted y yo pagamos al Estado. Limitar ese conocimiento es restringir un derecho democrático importantísimo, además es favorecer y crear condiciones para la corrupción. Le digo, se están limitando cada vez más las libertades democráticas en el país.

¿Qué otra señal de restricciones percibe?

El que no haya datos sobre informalidad, desempleo, etcétera, es gravísimo, porque son datos que los científicos sociales necesitan conocer para poder evaluar objetivamente y no subjetivamente, por lo tanto, se nos está ocultando el derecho a la información sobre la situación social del país.

¿Cómo estamos en la seguridad jurídica con el ejemplo de la mina de cobre y los puertos?

El tema de la mina es de enorme complejidad, es cierto que la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato pero no puede declarar inconstitucional la actividad minera porque está en la Constitución. La Corte sentó algunos preceptos muy importantes sobre derechos humanos, y al ambiente que tienen que ser respetados... El gobierno viene anunciando una y otra vez que va a abrir la mina pero no nos dice qué mecanismos va a utilizar, es un misterio y no puede ser que a la ciudadanía, que mayoritariamente rechaza la apertura de la mina, se le imponga la mina. Debe consultarse, en condiciones de legitimidad e igualdad, si la población está de acuerdo.

¿Conviene abrir la mina de cobre?

A mi juicio no.

¿Por qué?

Porque el daño ambiental es irreparable. Una cosa es las minas de cobre o de otro tipo en Chile al margen de toda de la sociedad chilena en un sitio árido. Panamá no es así, es un país pequeñito con grandes humedales, con grandes precipitaciones pluviales, el daño que nos causa cualquier minería metálica a cielo abierto es irreparable.

¿Son situaciones iguales la mina y Panama Ports?

Hay una percepción, subrayo: percepción de corrupción terrible en ambos casos. No se puede entender que se haya llegado a lo que se llegó con la mina si detrás no hay corrupción, y en Panamá Ports aquello fue descarado, lo que hizo la expresidenta Mireya Moscoso de equiparar, rebajar lo que tenía que pagarle la empresa al Estado, fue indecoroso. Luego la forma en que se ha renovado el contrato de manera automática, también es increíble, si eso era inconstitucional, ¿A quién se le están exigiendo responsabilidades? ¡A nadie!

¿Qué futuro nos espera empantanados en estos dos ejes?

Estamos transitando por una situación muy preocupante no solo desde un punto de vista político. Mire una consultora argentina ha hecho una encuesta a nivel latinoamericano y resulta que nuestro presidente aparece como el segundo con menor apoyo de todos los presidentes de América Latina lo que significa es que hay tal grado de incomodidad, tal grado de molestia, tal grado de afectación de la ciudadanía que no da respaldo al gobierno.

¿En qué puede desencadenar?

Cada vez mayores conflictos sociales, hay que abrir un periodo de diálogo, de respeto de derechos, de convocatoria, de organizaciones y ciudadanos para encauzar el país...No significa darle la razón a unos ni a otros pero tiene que haber un diálogo, cosa que no lo hay. Viene ahora, una reforma a la ley de educación que es de extraordinaria importancia e impacto para el futuro de la nación y no se puede hacer al margen de los docentes ni la Asamblea.

Se está incluyendo en el pénsum del programa de química la temática de minería en Panamá, ¿lo considera?

Tiene que haber grandes modificaciones en el pénsum, entre ellas una educación ambiental adecuada, pero pasar de educación ambiental a un análisis sobre minería es una barbaridad. La ministra lo está negando pero es una situación confusa.

¿Es estratégica la postura del gobierno asumido con China, Estados Unidos (EEUU) y ahora la Unión Europea?

La situación con China y EEUU es muy compleja, porque EEUU tiene una actitud muy agresiva, eso no significa que se tenga que ceder, ceder y ceder pero es una situación muy delicada y habría que tener mucha información para poder tener un juicio justo y adecuado, información que no tenemos como ciudadanos.