Juez impone medidas cautelares a Genaro López y Marcos Andrade; Fiscalía apela arresto domiciliario
- 27/06/2026 20:39
El Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar otorgada a Andrade, mientras que la defensa de López apeló la obligación de reportarse dos veces por semana.
Un juez de garantías legalizó este sábado 27 de junio la aprehensión de los dirigentes sindicales Genaro López y Marcos Andrade, dio por presentada la formulación de cargos y decretó medidas cautelares distintas para ambos, dentro de la investigación por el presunto delito de peculado relacionado con fondos asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).
La audiencia se realizó en la Sala 1 del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, dos días después de que ambos fueran aprehendidos la mañana del 25 de junio durante la operación Sedu, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación con apoyo de agentes de la Policía Nacional.
Durante la diligencia, el juez validó la aprehensión solicitada por el Ministerio Público y admitió la imputación de cargos.
A López se le imputó el presunto delito de peculado doloso agravado y se le impuso como medida cautelar el reporte periódico dos veces por semana.
En tanto, a Andrade se le imputaron los presuntos delitos de peculado doloso agravado y blanqueo de capitales. El juez ordenó como medida cautelar la detención domiciliaria.
Tras la decisión, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar otorgada a Andrade, mientras que la defensa de López apeló la obligación de reportarse dos veces por semana.
El Tribunal Superior de Apelaciones fijó la audiencia para resolver ambos recursos el próximo 14 de julio, a las 8:30 a.m.
Investigación por presunta lesión patrimonial
La investigación está relacionada con una presunta lesión patrimonial al Estado por 750.951 dólares, correspondiente al manejo de recursos asignados a Conusi.
De acuerdo con la Procuraduría, los fondos investigados presuntamente provenían del 5% del seguro educativo que aportan trabajadores de los sectores público y privado.
Antes del inicio de la audiencia, el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Yamir Córdoba, rechazó las acusaciones y afirmó que el proceso responde a una “persecución política” contra dirigentes sindicales.
Córdoba sostuvo que los recursos del 5% del seguro educativo solo podían ser desembolsados tras superar los controles del Instituto Panameño de Estudios Laborales , el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Contraloría General de la República, por lo que cuestionó que ahora se aleguen presuntas irregularidades en el manejo de esos fondos.