Juez imputa cargos y ordena detención provisional de Genaro López
- 25/05/2025 00:00
Los reclamos de los trabajadores se remontan a una huelga de 2006. Más de 19 años después, aún no reciben el monto completo de sus compensaciones a pesar de un fallo favorable del juzgado y un acuerdo del Suntracs con la empresa El juez de garantías Francisco Carpintero legalizó la aprehensión de Genaro López e imputó cargos por estafa agravada, asociación ilícita, blanqueo de capitales y otros delitos. Además, ordenó la medida de detención provisional, la cual fue apelada por la defensa.
El caso se remonta a agosto de 2006, cuando los trabajadores afiliados al Suntracs que trabajaban en el proyecto Red Frog Beach 1 de Isla Bastimento, Bocas del Toro, se declararon en huelga. Reclamaban pagos pendientes de horas extras y denunciaban incumplimiento de medidas de seguridad, entre otros reclamos. Los trabajadores y la empresa responsable del proyecto, Pillar Construction S.A., llegaron a un acuerdo y la huelga cesó.
Sin embargo, las violaciones contra los derechos de los trabajadores continuaron y no se pagaron los sobretiempos adeudados, así que en 2007 se decretó otra huelga que se extendió hasta 2008.
El 30 de agosto de 2011 el Juzgado Seccional de Trabajo emite una sentencia en favor de los trabajadores. La empresa debería pagar 7 millones de dólares en compensación a los 412 trabajadores afectados.
La empresa apela. En abril de 2012 el Suntracs llega a un acuerdo extrajudicial con Pillar Construction, S.A. Ahora, en vez de 7 millones de dólares, los trabajadores recibirían 3 millones de dólares.
La empresa tendría 8 años, hasta el 2020 para pagar esa suma. Como garantía se otorgaron al Suntracs varios lotes de terreno con un valor equivalente estimado en aquella fecha.
Se cumplieron los 8 años y la empresa no pagó.
“Después de los 8 años, lo paradójico es que el Suntracs no mueve un dedo para obligar a la empresa a traspasar los lotes”, cuenta Abel María Fernández Bultrón, representante legal de 143 trabajadores afectados. “Son los trabajadores los que empezamos a presionar a la empresa, y así se logra el traspaso de los lotes en el 2022. Pero se hace a través del Suntracs porque el Suntracs era el que representaba a los trabajadores”, acotó.
¿Qué pasó con los terrenos?
Fernández señala que el Suntracs no ha querido entregar los lotes de terreno a los trabajadores. Por el contrario, señala que el Suntracs llama a una Asamblea el 30 de mayo de 2022, en la que no permiten la entrada de varios miembros interesados y presuntamente coaccionan a otros, para conseguir la aprobación de la hipoteca de los lotes. El 6 de junio, una semana después, se aprueba la hipoteca a favor de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L. Es decir, el Suntracs hipotecó los terrenos a su propia cooperativa.
Es entonces cuando los trabajadores afectados deciden presentar una querella penal por presunta estafa contra Genaro López, Saúl Méndez, Erasmo Cerrud y Luis González Marín (representante legal de la cooperativa).
Desde entonces, han estado en proceso de recabar testimonios, documentación y pruebas para sustentar su caso. Fernández asegura que han logrado conseguir más de 90 testimonios sobre las acciones de coacción y las irregularidades en este proceso. Muchos trabajadores recibieron algo de dinero, pero menos de la mitad de lo que les correspondía originalmente.
“A los trabajadores a los que se les logró pagar algo, se les pagó menos del 50%. O sea, fueron estafados. En la sentencia se indica cuánto le corresponde a cada trabajador, sin contar las cotas. Por ejemplo, a Manuel Pérez le tocaba 10 mil dólares, le pagaron menos de 5 mil. Porque hay trabajadores a los que sucumbieron por la necesidad, que además no se les permitió ni siquiera leer el documento, fueron coaccionados porque si no, no se les pagaba”, lamentó Fernández.
Han pasado 13 años desde que Suntracs pactó con la empresa constructora y los trabajadores no solo no han recibido el monto total de su compensación. Los testimonios y pruebas se han ido acumulando, pero es hasta ahora que el Ministerio Público toma acciones contra los dirigentes del Suntracs.
“Esta carpeta está preparada inclusive para ir a un juicio, no solamente para una imputación”, detalló Fernández, recordando que los delitos que han sido querellados son de estafa agravada, delitos contra el orden económico y otros delitos financieros agravados.
Al preguntarle si la decisión del Ministerio Público de tomar acciones en este caso en momentos que el Suntracs protagoniza manifestaciones contra el Gobierno Nacional, el abogado respondió lo siguiente:
“Si hay alguien que ha estado afectado, han sido los trabajadores, y la demora ha afectado a los trabajadores. Esta imputación debió haberse hecho con mucho tiempo. No me consta, pero siento que había cierto manejo de asuntos en el gobierno pasado. No sé si con Benicio Robinson, que domina y controla la provincia de Bocas del Toro, tanto las autoridades judiciales como el Ministerio Público, pero sí había cierto manejo, porque ahí, en este caso, sobre todo la coordinadora de fiscales, era la que estaba opuesta. Era la que estaba entorpeciendo”.
El juez de garantías Francisco Carpintero legalizó la aprehensión de Genaro López e imputó cargos por estafa agravada, asociación ilícita, blanqueo de capitales y otros delitos. Además, ordenó la medida de detención provisional, la cual fue apelada por la defensa.
El caso se remonta a agosto de 2006, cuando los trabajadores afiliados al Suntracs que trabajaban en el proyecto Red Frog Beach 1 de Isla Bastimento, Bocas del Toro, se declararon en huelga. Reclamaban pagos pendientes de horas extras y denunciaban incumplimiento de medidas de seguridad, entre otros reclamos. Los trabajadores y la empresa responsable del proyecto, Pillar Construction S.A., llegaron a un acuerdo y la huelga cesó.
Sin embargo, las violaciones contra los derechos de los trabajadores continuaron y no se pagaron los sobretiempos adeudados, así que en 2007 se decretó otra huelga que se extendió hasta 2008.
El 30 de agosto de 2011 el Juzgado Seccional de Trabajo emite una sentencia en favor de los trabajadores. La empresa debería pagar 7 millones de dólares en compensación a los 412 trabajadores afectados.
La empresa apela. En abril de 2012 el Suntracs llega a un acuerdo extrajudicial con Pillar Construction, S.A. Ahora, en vez de 7 millones de dólares, los trabajadores recibirían 3 millones de dólares.
La empresa tendría 8 años, hasta el 2020 para pagar esa suma. Como garantía se otorgaron al Suntracs varios lotes de terreno con un valor equivalente estimado en aquella fecha.
Se cumplieron los 8 años y la empresa no pagó.
“Después de los 8 años, lo paradójico es que el Suntracs no mueve un dedo para obligar a la empresa a traspasar los lotes”, cuenta Abel María Fernández Bultrón, representante legal de 143 trabajadores afectados. “Son los trabajadores los que empezamos a presionar a la empresa, y así se logra el traspaso de los lotes en el 2022. Pero se hace a través del Suntracs porque el Suntracs era el que representaba a los trabajadores”, acotó.
¿Qué pasó con los terrenos?
Fernández señala que el Suntracs no ha querido entregar los lotes de terreno a los trabajadores. Por el contrario, señala que el Suntracs llama a una Asamblea el 30 de mayo de 2022, en la que no permiten la entrada de varios miembros interesados y presuntamente coaccionan a otros, para conseguir la aprobación de la hipoteca de los lotes. El 6 de junio, una semana después, se aprueba la hipoteca a favor de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L. Es decir, el Suntracs hipotecó los terrenos a su propia cooperativa.
Es entonces cuando los trabajadores afectados deciden presentar una querella penal por presunta estafa contra Genaro López, Saúl Méndez, Erasmo Cerrud y Luis González Marín (representante legal de la cooperativa).
Desde entonces, han estado en proceso de recabar testimonios, documentación y pruebas para sustentar su caso. Fernández asegura que han logrado conseguir más de 90 testimonios sobre las acciones de coacción y las irregularidades en este proceso. Muchos trabajadores recibieron algo de dinero, pero menos de la mitad de lo que les correspondía originalmente.
“A los trabajadores a los que se les logró pagar algo, se les pagó menos del 50%. O sea, fueron estafados. En la sentencia se indica cuánto le corresponde a cada trabajador, sin contar las cotas. Por ejemplo, a Manuel Pérez le tocaba 10 mil dólares, le pagaron menos de 5 mil. Porque hay trabajadores a los que sucumbieron por la necesidad, que además no se les permitió ni siquiera leer el documento, fueron coaccionados porque si no, no se les pagaba”, lamentó Fernández.
Han pasado 13 años desde que Suntracs pactó con la empresa constructora y los trabajadores no solo no han recibido el monto total de su compensación. Los testimonios y pruebas se han ido acumulando, pero es hasta ahora que el Ministerio Público toma acciones contra los dirigentes del Suntracs.
“Esta carpeta está preparada inclusive para ir a un juicio, no solamente para una imputación”, detalló Fernández, recordando que los delitos que han sido querellados son de estafa agravada, delitos contra el orden económico y otros delitos financieros agravados.
Al preguntarle si la decisión del Ministerio Público de tomar acciones en este caso en momentos que el Suntracs protagoniza manifestaciones contra el Gobierno Nacional, el abogado respondió lo siguiente:
“Si hay alguien que ha estado afectado, han sido los trabajadores, y la demora ha afectado a los trabajadores. Esta imputación debió haberse hecho con mucho tiempo. No me consta, pero siento que había cierto manejo de asuntos en el gobierno pasado. No sé si con Benicio Robinson, que domina y controla la provincia de Bocas del Toro, tanto las autoridades judiciales como el Ministerio Público, pero sí había cierto manejo, porque ahí, en este caso, sobre todo la coordinadora de fiscales, era la que estaba opuesta. Era la que estaba entorpeciendo”.