Jueza definiría este domingo si imputa a 23 aprehendidos por caso de diplomas falsos

La Fiscalía sostiene que la utilización de estas acreditaciones habría permitido a algunos docentes obtener ventajas dentro del sistema de selección. Archivo | La Estrella de Panamá
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  • 30/08/2026 11:34

La audiencia de la operación Credenciales I continúa este domingo 30 de agosto, luego de que Fiscalía y defensa concluyeran la presentación de sus argumentos. El Ministerio Público calcula en más de $767 mil el perjuicio al Estado.

La audiencia contra 23 personas aprehendidas en distintos puntos del país por el caso de los presuntos diplomas y registros académicos falsos denunciado por el Ministerio de Educación (Meduca) entra este domingo 30 de agosto en una etapa decisiva.

Después de tres días de audiencia, este sábado concluyó la presentación de los alegatos de la Fiscalía y los abogados defensores. Ahora corresponderá a la jueza determinar si existen elementos suficientes para imputar cargos a los investigados y, posteriormente, establecer si procede la aplicación de medidas cautelares.

La juez de garantías Irene Cedeño declaró legal este jueves 27 de agosto la aprehensión de 22 de las 23 personas investigadas en el caso de los presuntos diplomas falsos, mientras que la aprehensión de una mujer fue declarada ilegal.

Esa última decisión se refiere exclusivamente a la legalidad de la detención y no implica una absolución ni su exclusión de la investigación.

INVESTIGACIÓN

El caso es investigado por el Ministerio Público bajo la denominada operación Credenciales I, que inicialmente contempla a 25 personas indiciadas por distintos delitos.

De ese grupo, 23 participaron en la audiencia desarrollada desde este jueves 27 de agosto, mientras que otras dos personas aprehendidas enfrentaron su respectiva audiencia por separado.

En esa audiencia el juez determinó legal su aprehensión y las imputo. Posteriormente ordenó su detención provisional, por lo que los defensores apelaron. Esta pendiente la fecha de la audiencia de apelación.

Durante las audiencias, el Ministerio Público estimó que el perjuicio económico ocasionado al Estado por este esquema supera los 767 mil dólares.

Según la Fiscalía, este cálculo corresponde principalmente a los salarios y bonificaciones que habrían recibido docentes que ocuparon cargos utilizando registros académicos presuntamente falsos.

Sin embargo, el monto podría aumentar durante el desarrollo de la investigación, debido a que la denuncia presentada originalmente por el Meduca contempla al menos 401 casos de registros presuntamente falsos.

La Fiscalía sostiene que la utilización de estas acreditaciones habría permitido a algunos docentes obtener ventajas dentro del sistema de selección, nombramiento, ascenso y promoción del Meduca.

Durante la audiencia, la fiscal Elizabeth Carrión presentó los elementos que, a criterio del Ministerio Público, sustentan la imputación de varios delitos.

Entre las conductas investigadas se encuentran:

Corrupción de servidores públicos.

Blanqueo de capitales.

Delincuencia organizada.

Falsificación de documentos.

Ejercicio ilegal de la profesión.

La Fiscalía ha expuesto los hechos y la participación que presuntamente habría tenido cada uno de los investigados.