Juicio Odebrecht entra en su recta final, Ministerio Público presentará alegatos

Este lunes 23 de febrero inicia una fase crucial del juicio Odebrecht. Se trata de la presentación de los alegatos, cuando el Ministerio Público presentará sus argumentos para lograr la condena de los imputados por blanqueo de capital y la defensa por su parte tendrá la oportunidad de argumentar a favor de sus defendidos.

El juicio, que inició el 12 de junio de este año, está programado para reanudarse a las 2 de la tarde en el palacio Gil Conte del Órgano Judicial. La Fiscalía será la primera en presentar sus alegatos, ahora con la posibilidad de añadir elementos aportados con los acuerdos de pena logrados desde el inicio del juicio para solicitar las penas, o absoluciones, correspondientes a la jueza Baloisa Marquínez.

Al iniciar el juicio en enero había 23 personas imputadas. De ellas, varias se han acogido a acuerdos de pena. El mismo día del inicio del juicio hubo dos solicitudes, que fueron acogidas por la jueza Marquínez, y más adelante se introdujo también un acuerdo de pena pactado con el exdirectivo de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini.

Uno de los imputados, Aaron Mizrachi, fue excluido del proceso debido a un amparo de garantía emitido a su favor, cuya apelación presentada por el Ministerio Público aún está pendiente.

Tampoco están incluidos en el proceso cuatro personas que forman parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Se trata del expresidente Juan Carlos Varela; el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford; y los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal: Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares. Estos cuatro casos está en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ya se ha hecho el reparto judicial, asignándole el rol de magistrada fiscal a Maribel Cornejo y a María Eugenia López el de magistrada sustanciadora. Fuentes del Órgano Judicial confirmaron a La Estrella de Panamá que ya se están recibiendo pruebas y resolviendo incidentes, pero aún no se tiene fecha definida para resolver estos casos.

El caso Odebrecht es uno de los de más alto perfil e importancia en la historia panameña. La investigación inició en 2015, luego que la constructora brasileña confesara en Estados Unidos el pago de miles de millones de dólares en sobornos para hacerse con licitaciones millonarias para proyectos en varios países, principalmente de Latinoamérica, incluyendo Panamá.

En 2016 se crea una fiscalía especial anticorrupción en Panamá para seguir el caso. Los miembros originales eran las fiscales: Tania Sterling, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Zuleika Moore. Varios han sido reasignados a lo largo de los años y hoy en día es la fiscal Ruth Morcillo quien lidera el caso por el Ministerio Público.

Luego de casi 11 años de espera, resolviendo recursos, amparos de garantía, solicitudes de información internacionales en países como Brasil, Estados Unidos, Suiza y el principado de Andorra, así cómo prórrogas debido a enfermedad, ausencia de personas claves y un sinnúmero de otras demoras, el juicio finalmente arrancó el 12 de enero de este año.

Entre los imputados se encuentran el expresidente Martinelli, exministros que fueron miembros de su gabinete, banqueros, empresarios, abogados, un excandidato presidencial, y miembros importantes de partidos políticos, Cambio Democrático, Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Partido Panameñista, vinculados a la recepción de donaciones pagadas por Odebrecht para campañas electorales.

El argumento de la Fiscalía es que todos formaron parte de una trama de peculado internacional, en la que se triangularon millones de dólares a través de sociedades dentro y fuera de Panamá, con el visto bueno de la banca, la complacencia de partidos políticos y funcionarios gubernamentales que se habrían prestado para recibir coimas a cambio de contratos millonarios. Cuando inició el juicio, había varias personas imputadas por corrupción, pero se ha extendido tanto el caso que los cargos prescribieron, aunque aún se reconoce la corrupción como delito precedente.

Su teoría se apoya en informes financieros que detallan las transferencias millonarias entre sociedades, así como la relación de las mismas con los imputados; y en declaraciones de testigos que detallaron como funcionaba el entramado, muchos reconociendo su participación en el mismo luego de haber firmado acuerdos de pena. Existe tanta yuxtaposición en las investigaciones que adelanta la justicia panameña, que durante una audiencia la semana pasada en la que se vería el caso de Patrimonio Histórico (también vinculado a la empresa Odebrecht, pero siendo un caso aparte), los abogados pidieron aplazar la audiencia porque necesitaban prepararse para el juicio del lunes.

Las estrategias de la defensa han sido diversas y cuando presenten sus alegatos finales habrá más detalles sobre sus planteamientos, pero existen elementos que se han podido observar durante el juicio.

En el caso de las donaciones políticas, los abogados defensores interrogaron a testigos para establecer que no se habrían roto las reglas electorales vigentes al momento de las donaciones, un período cuando no era obligatorio hacer públicas todas las donaciones y las empresas que licitan con el Estado no estaban vetadas de donar. También que aún de haberse violado una norma, sería una falta administrativa.

Por otro lado, abogados de empresarios particulares han defendido la legalidad legitimidad de los proyectos en que estuvieron involucrados así como la trazabilidad de los fondos. Mientras que la defensa de exfuncionarios, como el expresidente Martinelli, han atacado directamente la legitimidad de las pruebas del Ministerio Público y apuntado como cargos similares vinculados a Odebrecht fueron rechazados por tribunales en Brasil.