La ACP prevé primeras reubicaciones por Río Indio a finales de 2027

La subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, informó ayer que el proyecto del embalse de Río Indio se encuentra actualmente en la fase de evaluación de posibles sitios de reasentamiento para las familias que se verán impactadas en las provincias de Colón, Coclé y Panamá Oeste. De manera paralela, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) avanza en la implementación del plan de compensación acordado con las comunidades.

Espino de Marotta abordó además una de las principales preocupaciones expresadas por residentes de la zona: el futuro de los cementerios ubicados dentro del área que ocupará el embalse. Explicó que el cierre de estos camposantos no implica restringir el acceso de las familias, sino impedir nuevos entierros ante la posibilidad de futuras exhumaciones. Añadió que ya se han identificado sitios alternativos fuera de la huella del futuro lago y que la ACP apoyará los costos adicionales asociados a los traslados que sean necesarios.

El plan de compensación, disponible en la página web de la ACP, establece los criterios para indemnizar a las familias por sus terrenos, viviendas, actividades económicas y aspectos socioculturales. Según la subadministradora, el proceso fue diseñado para realizarse de manera directa entre las familias y el Canal, sin intermediarios, y se extenderá por aproximadamente cuatro años. Las primeras reubicaciones podrían concretarse a finales de 2027, mientras que las obras principales del embalse están previstas para iniciar en 2028.

La funcionaria destacó también los programas de desarrollo impulsados por la ACP en la cuenca de Río Indio, entre ellos la instalación de internet y paneles solares en escuelas, proyectos de reforestación, capacitación técnica para residentes y un programa de pago por protección de bosques que ya involucra a 32 familias y más de 300 hectáreas protegidas.

Durante el conversatorio también se abordó el caso del campesino Fabián Castillo, cuya conducción por parte de las autoridades generó controversia y protestas de grupos opuestos al proyecto. Espino de Marotta señaló que existe una disputa familiar sobre la posesión del terreno donde se realizaban estudios geológicos y que la empresa contratista presentó una denuncia por presuntos daños a equipos.

Sin embargo, el abogado de Castillo, Benjamín López, rechazó esta versión y sostuvo que las acciones judiciales contra su cliente están relacionadas con su oposición al embalse. Además, argumentó que el terreno carece de título de propiedad y que cualquier controversia sobre derechos posesorios debe ser resuelta por un juez agrario y no por un juez de paz, como ocurre actualmente en el proceso.