La educación emocional, una de las asignaturas pendientes en las aulas de Panamá

La educación emocional de los estudiantes del país fue, junto a otras nueve asignaturas suspendidas en el informe ‘24 para el 24’ de Jóvenes Unidos por la Educación, uno de los 24 aspectos reprobados en su análisis, que comprendió entre julio de 2024 y julio de 2026 y que fue realizado bajo los estándares del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe.

Yair Velásquez, de Jóvenes Unidos por la Educación, aseguró en entrevista con La Estrella de Panamá que, en referencia al tema de los gabinetes psicopedagógicos y a la educación emocional, los cuales tienen una estrecha relación, “nosotros tuvimos que hacer las verificaciones para comprobar que, en efecto, esa política pública se ha estado implementando”.

“Parte de lo que encontramos es que tuvimos que darle a este apartado en el análisis una calificación con la F, con una tendencia que indica que la política está básicamente estancada”, señaló Velásquez.

El informe indica que, si bien el sistema educativo nacional cuenta con un rediseño curricular realizado por la exministra Lucy Molinar a inicios de año, en el cual se incorporan formalmente las habilidades socioemocionales desde preescolar hasta duodécimo grado, el sistema de atención y acompañamiento no ha avanzado plenamente.

“Cuando verificamos la aplicación de la Ley 379 de 2022, vemos que esta sigue sin reglamentarse. En conclusión, no se ha ampliado la cobertura de los gabinetes psicopedagógicos en las escuelas”, cuestionó Velásquez, quien señaló que ese acompañamiento es fundamental no solo para mejorar el rendimiento de los estudiantes, sino que resulta acuciante en un contexto en el cual los estudiantes tuvieron cicatrices emocionales tras la pandemia del coronavirus. Unas cicatrices que también tienen la capacidad de influir en su rendimiento académico.

Velásquez también aclaró que la constitución de un gabinete psicopedagógico no implica solamente colocar a un psicólogo y a un trabajador social al frente del mismo.

“Puedes colocarlos, en efecto, pero hay que preguntarse qué personal tienes dentro para la cobertura que necesita el centro escolar. Nos hemos encontrado incluso con escuelas que tienen un trabajador social y un psicólogo para una población de 1,000 estudiantes, en algunos casos. También vas a requerir verificar si tienes, por ejemplo, especialistas en dificultades de aprendizaje y trabajadores sociales para revisar, por cada grupo etario, las necesidades educativas especiales que tienen. Entonces, existe esa limitación”, precisó.

Otro de los aspectos que denunció el informe, que verificó si, en efecto, se cumplieron esas 24 propuestas educativas planteadas durante la campaña presidencial de las elecciones de 2024, es la alerta que realizan organizaciones especializadas como la fundación ‘Somos Voz, No Silencio’, que calculó en mayo que 8 de cada 10 estudiantes panameños sufren bullying, sobre el aumento de los casos de acoso escolar en los colegios, así como el temor de las familias a denunciar estas situaciones.

“Adicionalmente, en la administración anterior también existía lo que se denominaba Sistema de Apoyo Emocional (SAE). Además, es importante señalar que Panamá tiene cuatro guías en esta materia que tampoco se han implementado. (...) Tenemos los recursos, pero no los implementamos. No nombramos a todos los gabinetes ni a todo el personal en las instituciones. Y eso explica por qué esa política tiene una F y la tendencia sigue prácticamente estancada”, aseguró.

El primero de los aspectos evaluados en esta última medición de Jóvenes Unidos por la Educación es la pérdida de tiempo escolar por el paro docente de abril de 2025. El estudio ‘Un Sexenio Perdido’, realizado tanto por Jóvenes Unidos por la Educación como por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá, presentado en junio de 2025, contabiliza 490 días de clases perdidos entre 2020 y 2025, la interrupción educativa más prolongada documentada a nivel mundial.

En segundo lugar, se encuentra la ausencia de medición, evidenciada por la no participación de Panamá en la última realización de la prueba PISA 2025, llevada a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y la falta de pruebas nacionales censales entre 2024 y 2026. En este sentido, Jóvenes Unidos por la Educación consideró que la prueba por la que optó el Ministerio de Educación (Meduca), la ERCE, realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), es insuficiente para dimensionar la pérdida de aprendizajes tras el paro docente de 2025.

El tercero es la brecha entre el presupuesto y la ejecución dentro del Meduca, que es notable. Pese a contar con la asignación presupuestaria más alta del Estado, el Meduca registró la ejecución de inversión más baja del Gobierno Central: 9.4% al cierre de junio de 2026, frente al 30.5% del conjunto de las instituciones.

En cambio, la A significa una evaluación excelente, mientras que la F significa muy mala. De esas 24 propuestas, 21 obtuvieron calificaciones cuyo rango va de la D a la F.

Además de calificar con una F la implementación de la educación emocional en las escuelas del país, el informe coloca esta misma calificación en otros tópicos, como la oferta de una educación intercultural bilingüe de calidad, la garantía de que las trayectorias escolares alcancen hasta los niveles universitarios y la implementación del Programa Escuelas Seguras, el cual contempla que los centros escolares cuenten con las garantías óptimas para que los estudiantes no sientan temor de ir a clases por no tener caminos seguros para ir a su colegio o no contar con agua potable para garantizar un entorno sanitario seguro.

El informe, en cambio, otorga una D a la consolidación institucional del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación.

“Cuando vamos a hacer la verificación, resulta que el Consejo perdió acceso a su portal por falta de pago del sitio web. Básicamente opera con recursos mínimos, no tiene su secretaría técnica y no ha podido darle seguimiento al plan operativo del COPEME. Prácticamente no ha ido al Consejo de Gabinete. El Ministerio de Educación solamente participó en una ocasión en las reuniones, cuando la Asamblea cuestiona fuertemente por qué la ley no se está cumpliendo y el Ministerio no participa. Ellos designan a su personal y van a las reuniones, pero nada ocurre. Entonces, ahí vemos el retroceso de una política pública”, alertó Velásquez, señalando falta de concreción en esta política pública educativa.

Por otro lado, la calificación C la recibe el apartado referente a la institucionalización de la carrera docente. En este sentido, Jóvenes Unidos por la Educación señaló que el Decreto Ejecutivo 56 de 2025 estableció concursos públicos digitales por mérito y se convocaron más de 3,800 vacantes para 2026. Si bien esto es considerado como un gran avance, el mayor avance del pilar descansa en un decreto y no en una Ley de Carrera Docente.

El análisis surge a raíz de la iniciativa lanzada en 2019 por Jóvenes Unidos por la Educación y denominada ‘19 propuestas para el 19’, las cuales fueron presentadas a los aspirantes presidenciales de ese año y luego formuladas al gobierno del entonces presidente Laurentino Cortizo.

Las ‘24 propuestas para el 24’ fueron actualizadas luego de diversos encuentros con la sociedad civil y concentraron sus ejes en la gestión y la inversión; el aseguramiento de la calidad y equidad en la educación; y la formación de los docentes.

Unos aspectos que hoy en día volvieron a ponerse a examen.