La factura del cobre: pérdidas millonarias de la mina recaerían sobre los panameños

Cerrar la mina de cobre en Donoso no significa terminar con las cuentas de su impacto económico. El proyecto de Cobre Panamá podría seguir generando costos para Panamá mucho después de terminar de operar, concluyó un informe de la organización internacional sin fines de lucro Conservation Strategy Fund (CSF) realizado en agosto de 2026.

Al contabilizar los impactos económicos, ambientales y de salud, el balance podría alcanzar pérdidas de $95 mil millones en un escenario de fallas catastróficas dentro de la mina, indicó el estudio ‘Aplicación de análisis costo-beneficio económico al proyecto minero Cobre Panamá’, obtenido en exclusiva por La Estrella de Panamá.

Además, el mismo expone una distribución desigual de los beneficios y los costos: mientras la empresa minera y el Estado obtendrían ciertas ganancias, la población panameña asumiría gran parte de los costos.

El análisis adquiere especial relevancia tras la recomendación de la comisión interministerial del Gobierno, que el pasado 30 de septiembre propuso al presidente José Raúl Mulino autorizar un “cierre ordenado” de la mina, bajo el compromiso de que el proceso se financiaría sin recurrir a fondos estatales, ya que los costos serían cubiertos por la propia actividad minera.

Por su parte, Guido Berguido, miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) Capítulo Panamá, señaló que esto no es factible y es necesario buscar otra forma de controlar la mina que ya existe en Donoso.

“No tiene sentido seguir destruyendo más, generando más para costear un problema. Tenemos un hueco y vamos a seguir cavando más huecos para tapar el anterior, es un sin sentido”, destacó.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden?

El informe de CSF analiza cómo se distribuirían los beneficios y los costos económicos de Cobre Panamá entre First Quantum Minerals (FQM), el Gobierno Nacional y la sociedad panameña durante el periodo 2019-2074.

Para ello, evalúa dos escenarios: el cierre ordenado de la mina y otro en el que ocurre una falla, como el colapso de la presa de relaves u otros accidentes calculando tanto ganancias como costos en Valor Presente Neto (VPN).

El análisis abarca tanto los años de operación (2019-2054) como las etapas de cierre y poscierre (2054-2074), cuando podrían persistir obligaciones y costos relacionados con el ambiente y la salud pública.

En el caso de un cierre ordenado, FQM acumularía beneficios por aproximadamente $105 mil millones, mientras que el Estado recibiría unos $13 mil millones mediante regalías, impuestos y otras contribuciones.

Para la población panameña, los beneficios estimados alcanzarían los $34 mil millones, principalmente por las compras locales y el empleo generado durante las operaciones, previstas hasta 2054.

En este mismo escenario el balance cambia al incorporar los costos asociados al proyecto. CSF estima que FQM afrontaría costos por unos $75 mil millones, mientras que el Estado registraría alrededor de $739 millones en costos relacionados con subsidios para el uso del agua y el suelo concedidos a la empresa minera, según la evaluación.

Sin embargo, la mayor carga recaería sobre la sociedad panameña. El estudio calcula costos de aproximadamente $86 millones para la población, distribuidos en tres grandes categorías: cerca de $13 mil millones por cierre y poscierre; $55 millones por impactos en la salud pública, incluidos los asociados a la exposición a metales pesados y la contaminación del aire; y $18 millones por daños ambientales vinculados a la contaminación del agua, la erosión, la sedimentación, la deforestación y la pérdida de servicios ecosistémicos, como la captura de carbono.

En el escenario de una falla en el proyecto minero, los costos para los panameños aumentarían a $159 mil millones. Esta estimación incluye los daños ambientales provocados por la erosión, la sedimentación y la contaminación del agua, así como los gastos de salud pública a largo plazo por enfermedades respiratorias e intoxicación por metales en las comunidades cercanas a la mina en Donoso.

Al comparar las ganancias y costos en ambos escenarios, CSF concluye que el proyecto deja pérdidas al país. En el escenario de cierre ordenado la pérdida es de $23 mil millones, mientras que en el caso de una falla en la mina, la pérdida se multiplicaría por cuatro, llegando a una cifra de $95 mil millones, siendo la población panameña la principal afectada por los costos y pérdidas.

Para dimensionar la magnitud de las pérdidas estimadas solamente con el escenario de cierre ordenado, que podría ascender a $23 mil millones, estas pueden compararse con obras públicas. Por ejemplo, el equipamiento de talleres y laboratorios del I.P.T. Veraguas al cual el gobierno destinó $8,1 millones. Con ese mismo monto de referencia, los $23 mil millones equivaldrían al equipamiento de aproximadamente 2.839 escuelas.

De igual forma, el diseño, la construcción, el equipamiento y el mantenimiento preventivo, correctivo y operativo del centro de salud de Gualaca, en Chiriquí, fueron adjudicados por $15 millones. Con una inversión equivalente a $23 mil millones, podrían financiarse más de 1,500 centros de salud con características y costos similares.

Por su parte, La Estrella de Panamá consultó a FQM sobre los costos del cierre de la mina así como los beneficios que el proyecto ha generado al país pero no se obtuvo respuesta. Asimismo, La Decana consultó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre esto pero tampoco respondieron.

El precio a pagar

Al calcular las pérdidas que recaerían principalmente sobre la población panameña, entre los principales impactos ambientales figura la pérdida de cobertura forestal, que reduce la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono y absorber dióxido de carbono, además de afectar los hábitats y la biodiversidad.

También advierte sobre la erosión, la sedimentación y la contaminación del agua por turbidez y sedimentos, cuyos costos se estiman en $1,9 mil millones y $242 millones, respectivamente, en un escenario sin falla de relaves. Si ocurriera una falla catastrófica, estas cifras aumentarían a $9,6 mil millones y $1,2 mil millones.

El escenario hipotético de una falla de la presa de relaves durante el cierre elevaría a $54,6 mil millones los costos estimados de restauración, monitoreo y tratamiento de aguas ácidas.

Para calcularlos, el estudio toma como referencia el desastre de Fundão, en Mariana, Brasil, ocurrido en 2015, que liberó millones de metros cúbicos de lodo tóxico destruyendo comunidades ubicadas en la cuenca del río Doce y dejó 19 víctimas fatales.

FQM señaló a este medio que mantiene protocolos de inspección u mantenimiento de sus instalaciones, como parte de sus medidas de prevención y gestión de riesgos.

Ricardo Wong, presidente de la Fundación para la Protección del Mar (Promar), comentó a este medio sobre la importancia de informes como este, que ayuden a tanto la población y el gobierno a abrir la conversación a diferentes perspectivas para tomar una decisión.

“Cuando un país toma la decisión de explotar un recurso, debería tener unos estudios para presentarlos. Si no hacemos un estudio de los impactos a largo plazo, ¿cómo decidimos? Realmente la discusión debe ser un poquito más abierta y totalmente técnica. Obviamente eso no se ha hecho”, indicó.

En materia de salud, el CSF evalúa posibles afectaciones por contaminación del aire, exposición a metales pesados a través del agua y los alimentos, y cambios ambientales que favorezcan enfermedades transmitidas por vectores. Entre los riesgos considerados están las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, las intoxicaciones y las enfermedades vinculadas al agua contaminada.

En el escenario hipotético de una falla catastrófica, la organización internacional estima costos de $11,5 mil millones por enfermedades respiratorias y $8,4 mil millones por intoxicaciones con metales pesados.

Posibilidades y realidades

Por otro lado, el consultor René Quevedo señala que el cierre abrupto de la mina en 2023 es “directamente responsable de la severa contracción de liquidez que enfrenta la economía” en Panamá.

“Tenemos una economía que necesita inversión privada. [...] Urge para el país y la reapertura de la mina es el primer paso”, agregó.

Quevedo concluyó que el rol de la mina es importante para el país, ya que la llegada de otras inversiones al istmo es solo una posibilidad, mientras existen $10 mil millones “enterrados” en Donoso.