Las promesas sin cumplir de Panamá frente al Examen Periódico Universal 2025

Derechos solo en papel no bastan. Este miércoles 5 de noviembre Panamá será sometida por cuarta vez al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Se trata de una evaluación para saber dónde estamos, si hemos mejorado y cómo estamos atendiendo a nuestras poblaciones vulnerables. Abarca desde personas con discapacidad, pueblos originarios, migrantes y refugiados, afrodescendientes, mujeres, adultos mayores, niñez y adolescencia, juventudes, personas lgbtiq+, y el medio ambiente.

La Estrella de Panamá conversó con representantes de estos distintos grupos para hacer un balance del estado actual de los derechos humanos en Panamá. El panorama que describen es preocupante.

La Secretaría Nacional de Niñez, Infancia, Adolescencia y Familia (Senniaf) ha sufrido 43% de recortes a su presupuesto, con 0 dólares asignados al presupuesto de inversión. La Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños (Senadap), que tomó un esfuerzo de 20 años para ser fundada, no tiene recursos para operar. El Ministerio de la Mujer fue convertido en un instituto. Los ambientalistas temen el retorno de la mina a cielo abierto y denuncian persecución. Las personas LGBTIQ+ aún esperan la ley antidiscriminación y el reconocimiento de derechos básicos. Quizás la mejor forma de resumirlo sea en palabras de la profesora Argénida de Barrios, en representación de los adultos mayores. “¿Quieres que te de un saco de lágrimas?”, contestó al ser preguntada sobre el estado de los derechos humanos del adulto mayor en Panamá.

La reunión se lleva a cabo en Ginebra, Suiza. Panamá es uno de 14 países bajo revisión. La sesión del EPU empezó el 3 de noviembre y terminará el próximo 14 de noviembre. Es la cuarta vez que Panamá se somete a este examen, la primera fue en 2010.

Los documentos en los que se basan los exámenes del país son el informe nacional, que es información proporcionada por el Estado panameño; información contenida en los informes de expertos y grupos independientes de derechos humanos, conocidos como procedimientos especiales, órganos de tratados de derechos humanos y otras entidades de la ONU; y la información proporcionada por otros interesados, incluidas las instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones regionales y grupos de la sociedad civil.

El primer grupo que destaca el informe nacional de Panamá son las mujeres niñas. Cinco de los diez puntos dedicados a los logros de Panamá para garantizar sus derechos hacen referencia al Ministerio de la Mujer (Midem), que ya tiene los días contados. Desde su rol presidiendo el Comité Nacional Contra la Violencia en la Mujer, hasta acciones de prevención sensibilizando a 549 hombres y 15 capacitadores gubernamentales en un programa de Masculinidades Positivas.

En los primeros meses del 2025 se registraron 12 casos de femicidio, 9 tentativas de femicidio y 15 muertes violentas de mujeres, de acuerdo al Ministerio Público.

El informe nacional destaca la adopción en 2022 de un protocolo de actuación por parte del Ministerio Público para interrumpir un embarazo en caso de violación. Esto se decidió luego del caso divulgado en 2021 de una niña de 8 años quien fue víctima de violación y terminó llevando a término el embarazo.

“En el caso de las adolescentes embarazadas viven mucha más violencia obstétrica, desde frases hirientes, comentarios, mayor espera para ser atendidas, no acompañamiento, entre otras cosas”, señaló Jennifer Delgado, directora ejecutiva de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa). “También vinculado con el tema de violencia sexual de niñas y adolescentes, se hace mención que es necesario garantizar las causales establecidas del aborto legal. Esa recomendación también viene desde hace algún tiempo por parte del Comité de los Derechos del Niño, entonces nosotras lo retomamos en este informe, y uno de los casos que señalamos es este caso que fue muy emblemático. El sistema ahí está fallando, además de toda la violencia que viven, no está garantizando lo que permite el acceso al aborto legal acá en Panamá en el caso de violencia sexual”, lamentó.

Entre los logros del Estado respecto a la protección de niños, niñas y adolescentes, el informe estatal destaca la creación de la Alerta Amber, políticas para recibir a niños y niñas no acompañados (en 2024 unos 3.800 niños y niñas no acompañados atravesaron Panamá de acuerdo a Unicef), y mayor regulación a los albergues del Senniaf.

“Nosotros hicimos una evaluación del presupuesto asignado a la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia desde el 2003 al 2025, y se observó que hay una reducción del 43% del presupuesto, actualmente la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia está trabajando con menos 43% de ese presupuesto y cero presupuesto de inversión”, advirtió Delgado. “También se ha perdido personal técnico especializado, ha habido una reducción de personal, esa era una de las principales situaciones de contexto que se mencionaban en este esfuerzo, la necesidad de fortalecer la institucionalidad en materia de niñez y adolescencia, la necesidad de dar pasos para implementar de manera efectiva el sistema de garantías de protección de los derechos de la niñez”, acotó.

Otro punto que aborda el reporte de la sociedad civil es la desigualdad estructural que enfrentan muchos niños y niñas, la pobreza y la exclusión, y sobre todo la necesidad de programas integrales para brindarles apoyo.

La comunidad LGBTIQ+ de Panamá es sumamente diversa, pero sus solicitudes al Estado panameño se resumen en tres puntos principales: La creación de una ley antidiscriminación; el matrimonio igualitario; y una ley de identidad de género.

“A principio de año con mi equipo, como hacemos todos los años, creyendo en las palabras del nuevo presidente Mulino de la apertura, del respeto a los derechos humanos llegamos con otra propuesta de ley de no discriminación por orientación sexual de identidad de género. Nosotros lo que queremos es que los conceptos de orientación sexual y identidad de género sean incluidos en la ley general contra la discriminación”, explicó Ricardo Beteta, de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá. “Estos conceptos fueron ignorados, si no rechazados, no incluidos intencionalmente. Ellos cerraron la puerta de que en Panamá exista una legislación que proteja a la población de la diversidad sexual. Dicen que no es necesaria en Panamá, porque ya existen las garantías constitucionales, lo cual es lo cual es falso”, apuntó.

Beteta ve un panorama oscuro, señala que Panamá no solo no está cumpliendo sus compromisos, sino que incluso está retrocediendo. “Yo estuve en Ginebra hace 8 años, donde planteé básicamente lo mismo que se está planteando ahora. Y no he visto avance alguno. Desde el 2008, cuando logramos que Martín Torrijos penalizara la homosexualidad en Panamá no ha habido ni un solo avance”, comentó. “Yo creo que estamos en un momento muy complicado, no solamente a nivel a nivel nacional, sino internacional, donde la ultraderecha ha tomado mucha relevancia política. Y todos lo estamos viviendo con el cierre de USAID. USAID financiaba muchos programas, no solamente de prevención, sino en el tema de derechos humanos, los derechos de la mujer. Todo eso fue anulado. Y sin esos recursos lo que podemos hacer es muy, muy limitado”, reflexionó el activista.

Para Miriam Estela Sánchez Orozco, madre de un hombre trans panameño, una hija cisgénero y presidenta de Padres Familiares y Amigos por la Diversidad de Panamá (Pflag), se trata de buscar lo que toda madre quiere para sus hijos. “Como padres queremos los mismos derechos tanto para mi hijo trans como para mi hija cisgénero, merecemos que nuestros hijos tengan igual derecho por ley, leyes que los protejan a ambos, no que mi hija mayor si tiene leyes que la protegen, en cambio mi hijo en Panamá ahora mismo no existe ninguna ley que proteja a las personas LGBT de nada, porque si usted me va a decir, no señora, mi hija es que está equivocada, mire que aquí no hay discriminación, sí la hay, no hay ninguna ley antidiscriminación por orientación sexual y identidad de género, no hay leyes o protocolos para las instituciones públicas en el trato a las personas LGBT, ni siquiera decretos que se diga cómo deben tratarse a las personas”, exclamó. También hizo un llamado a todos los padres. “Nuestros hijos merecen nuestro cariño. Nuestros hijos merecen nuestra protección. Nosotros, los padres, decidimos traer a nuestros hijos a esta vida. No nos pertenecen. Nuestros hijos solo están en administración nuestra mientras no son adultos. Luego tendrán que hacer sus vidas también. Entonces, ¿cómo es posible que yo acepto a mi hijo y mi amor es condicional?”, cuestionó.

En materia ambiental, Panamá presume de ser un país carbono negativo, es decir que sus bosques absorben más dióxido de carbono que lo que produce el país. Sin embargo, para ambientalistas panameños existen grandes retos por superar, entre ellos la libertad de oponerse a proyectos como la mina de cobre en Donoso o el embalse de Río Indio.

“Pese a que Panamá desde el año 2019 ha sido firmante del Acuerdo de Escazú sobre defensores de derechos ambientales, hemos visto como durante los años 2023 y 2025 principalmente han sido atacados tanto a nivel de las redes sociales como a nivel de la propia judicialización de dirigentes y defensores ambientales”, advirtió Ricardo Martínez, del colectivo Voces Ecológicas citando allanamientos a distintos líderes sindicales y campañas de desprestigio en redes sociales contra activistas. “La población panameña tiene una conciencia ambiental mucho más definida, ya no es una población a la que se le echa el cuento. La población sabe que la minería no es progreso”.

Para Martínez, es clave observar quien tiene el poder de decisión al final. “Hay leyes como la recién creada en el 2022 ley 304 de protección de arrecifes, que es para proteger efectivamente los arrecifes coralinos, el manto del mar, nuestro tesoro que es el agua, lamentablemente entra en contradicción con un tipo de comercio donde le dan permiso o apertura a construir encima de arrecifes coralinos, que estén hablando incluso de minería marítima, entonces cada una de estas partes a pesar de las muy buenas intenciones que pueda tener el Ministro de Ambiente o los directores de cada una de las direcciones o departamentos del Ministerio de Ambiente, el tema es si ellos realmente pueden generar esa toma de decisión final”.

En Panamá, el 32,8% de la población se identifica como afrodescendiente, según el último censo de población. Sin embargo, a pesar de ser alrededor de un tercio de la población, denuncian que no se ha logrado superar las barreras del racismo en la sociedad.

Panamá se comprometió a la creación de una comisión contra la discriminación, compromiso que aún no ha cumplido. “Panamá también tomó el compromiso de hacer una entidad gubernamental para trabajar específicamente en temas afrodescendientes, la cual es la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños (Senadap), que sí se hizo. Pero lamentablemente ahorita estamos en el tema de que no tiene fondos”, compartió Sergio Randall Carvajal Boyd, miembro de la organización Visibiliza tu Barrio y la Red de Jóvenes Afro-Panameños.

Comparte que la discriminación contra las personas afro en Panamá se manifiesta de distintas maneras, desde barreras al acceso al trabajo, limitaciones al peinado en oficinas y escuelas, incluso maltrato en el sistema de salud dónde señala se dan casos de recetas de medicamentos contraindicados a personas afro.

El objetivo principal de las organizaciones con este EPU es que no quede solo en palabras.

“Yo creo que Panamá sufre este mal, este raro mal de que cuando nosotros vamos afuera a Naciones Unidas y nos sentamos a reunirnos con las naciones internacionales y países, como que le decimos sí a todo. Como que sí, vamos a firmar este tratado, sí, vamos a firmar este convenio, la verdad, lo firmamos, hablamos, nos damos la foto, y llega el momento de la ratificación y la asamblea no da el paso. El final no es firmar y tomarse la foto, sino adecuar, la legislación panameña a ese tratado o a ese convenio internacional. Tú no firmas porque sí”, concluyó Carvajal.