Ley 6: Distribuidoras podrían perder sus concesiones si incumplen la calidad del servicio

La reforma a la Ley 6 que se discute en la Asamblea Nacional plantea nuevas consecuencias para las empresas distribuidoras de electricidad que incumplan con la calidad del servicio y establece la obligación de llevar energía a unas 58 mil familias que actualmente viven sin electricidad.

Así lo explicaron el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, y la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, durante su participación en el programa Debate Abierto.

La propuesta busca que el incumplimiento de las distribuidoras tenga consecuencias económicas y contractuales. “Tiene que llegarle a la empresa una señal económica, que le cueste la mala calidad del servicio”, afirmó el secretario nacional de Energía.

Rodríguez cuestionó que, sin consecuencias reales, las empresas puedan continuar cobrando la tarifa completa mientras los usuarios esperan durante años una respuesta a sus reclamos.

La administradora de la ASEP explicó que el proyecto incorpora cinco causales de terminación de los contratos de concesión relacionadas con la calidad del servicio.

Entre ellas se encuentran el incumplimiento de los indicadores de calidad, las obligaciones de electrificación rural y las inversiones aprobadas dentro del ingreso máximo permitido.

Uno de los puntos centrales de la reforma es atender la deuda histórica de la electrificación en el país.

Rodrigo Rodríguez señaló que casi el 5% de los hogares panameños no tiene electricidad porque se encuentra fuera de las zonas de concesión, principalmente en áreas que las empresas consideran poco rentables.

“A nadie le interesa hacer una línea o una microrred a 30 kilómetros, metido en la selva o en un área de difícil acceso”, manifestó.

El secretario recordó que Costa Rica y Nicaragua tienen una cobertura cercana al 100% y sostuvo que la responsabilidad de ampliar el acceso debe recaer en quienes cuentan con la capacidad para desarrollar y operar la distribución eléctrica.

De acuerdo con la propuesta, la Oficina de Electrificación Rural y la Secretaría Nacional de Energía identificarán las comunidades que requieren el servicio, mientras que la ASEP trasladará la obligación a las empresas distribuidoras. La Oficina de Electrificación Rural, entretanto, mantendrá sus funciones y proyectos.

La reforma también plantea cambios en la forma en que las distribuidoras adquieren energía, con el objetivo de contribuir a una tarifa más competitiva.

Zelmar Rodríguez explicó que uno de los cambios consiste en devolver a las distribuidoras la responsabilidad de licitar oportunamente la compra de energía mediante contratos de largo plazo, de 10, 15 y hasta 20 años.

Según la administradora de la ASEP, este mecanismo permite a las empresas obtener mejores precios y cubrir el 100% de su demanda mediante contratos de largo plazo, reduciendo la necesidad de recurrir al mercado ocasional, donde la energía tiene un costo mayor.

Como ejemplo, mencionó las dos licitaciones realizadas en marzo, cuyos precios calificó como competitivos y que, según explicó, se trasladan a la tarifa en beneficio de los usuarios.

El secretario nacional de Energía también descartó que la creación de comercializadores independientes para los clientes finales vaya a reducir el costo de la electricidad.

Rodríguez advirtió que esta figura podría generar un “descreme” del mercado, debido a que los nuevos actores se concentrarían en los grandes consumidores, mientras que la mayoría de los hogares no recibiría los beneficios.

Según explicó, alrededor del 90% de los clientes son residenciales.

Como referencia, citó el caso de El Salvador, que es el único país de Centroamérica que cuenta con esta figura para clientes finales, pero cuya tarifa, sostuvo, no es menor que la de Panamá.

La reforma que se discute en la Asamblea Nacional plantea así cambios en tres frentes: endurecer las consecuencias para las distribuidoras que incumplan con la calidad del servicio, ampliar la cobertura eléctrica a las comunidades que permanecen sin energía y modificar mecanismos de compra de electricidad con el objetivo de contener los costos para los consumidores.