Ley de indemnización por huecos: propuesta de Barboni responsabiliza al MOP
- 10/07/2025 10:57
La ASEP tendrá un plazo máximo de tres meses para valorar la solicitud y determinar si procede o no. El diputado José Pérez Barboni considera que la responsabilidad de que un vehículo o peatón resulte afectado por baches o imperfecciones en las carreteras recae totalmente en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), ya que, a su juicio, esta entidad es la principal responsable de mantener en buen estado las calles y aceras del país.
Por esta razón, el joven político presentó un anteproyecto de ley que busca establecer un mecanismo de indemnización para vehículos de todo tipo y peatones que hayan sufrido daños como consecuencia del mal estado de las vías nacionales.
“Lo que menos quiero es que el MOP tenga que indemnizar personas, sino que tenga un incentivo adicional para cumplir con la rehabilitación de las vías”, explicó el diputado.
Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) consideran que la iniciativa representa una medida de “castigo” para el MOP, en lugar de una estrategia que fomente buenas prácticas dentro de la institución.
“Quiero aclarar que no he leído la propuesta, pero creo que el enfoque no debería estar en buscar reembolsos, sino en garantizar el buen estado de las carreteras. No creo que sea buena idea castigar al MOP por los baches que hay, sino destacar e incentivar su buena labor”, dijo Juan Arias, presidente del gremio.
Ante esto, Barboni respondió que, en efecto, su propuesta busca aplicar un “castigo al MOP por la negligencia” de no mantener adecuadamente las vías, y que debe verse como un “disuasivo” para evitar malas prácticas.
¿Qué dice el anteproyecto?
El artículo 5 del anteproyecto establece que las indemnizaciones podrán ser solicitadas cuando se produzcan daños o lesiones a peatones bajo cinco escenarios: aceras en mal estado, puentes peatonales deteriorados, falta de alcantarillas, ausencia de tapas o cobertores en aceras, y otros relacionados.
Las indemnizaciones tendrán un monto máximo de $10.000 y será la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la encargada de gestionar todo el proceso.
Las personas afectadas tendrán hasta un año para presentar la solicitud de indemnización, y podrán hacerlo sin necesidad de un abogado idóneo. La presentación estará sujeta al periodo de reglamentación de la ley, si esta es aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el Ejecutivo.
-Para hacer la solicitud, el afectado deberá entregar:
-Cotización del costo de reparación del vehículo o tratamiento médico.
-Datos personales, empresariales o institucionales.
-Evidencia fotográfica o de video tomada en los cinco días posteriores al incidente.
-Testigos presenciales bajo declaración jurada ante notario.
La ASEP tendrá un plazo máximo de tres meses para valorar la solicitud y determinar si procede o no, sea el MOP u otra empresa responsable del mantenimiento de la vía o acera. Si se aprueba, la indemnización debe ser entregada en un plazo no mayor a 18 meses.
Además, la entidad responsable deberá reparar el daño a la vía o acera en un periodo de seis meses. El artículo 15 del proyecto contempla una multa de hasta $500 por denuncias falsas.
Análisis del diputado
El diputado por el circuito 8-3 comentó que la legislación surge como respuesta a una problemática frecuente en su comunidad, donde muchas calles y aceras están en mal estado.
Barboni ve en la ASEP un ente mediador que puede “descongestionar” las denuncias que actualmente llegan al Ministerio Público sobre esta materia. No obstante, reconoció que no posee estadísticas concretas para determinar cuán común es la afectación.
La próxima semana se reunirá con personal de la ASEP, ya que esta institución ha manifestado inquietudes sobre su posible rol dentro de la propuesta.
Al ser consultado sobre cómo evitar que las cotizaciones sean infladas con el fin de obtener mayores compensaciones, el legislador admitió que es un riesgo y sugirió dos soluciones: presentar múltiples cotizaciones o establecer talleres autorizados.
También reconoció que podrían surgir casos de corrupción en los talleres elegidos y que será necesario diseñar una estrategia para evitarlo.
Sobre cómo garantizar la autenticidad de las pruebas presentadas, Barboni explicó que hoy en día existen mecanismos tecnológicos para verificar cuándo se tomó una foto o video, por lo que no debería haber mayores inconvenientes.
El diputado José Pérez Barboni considera que la responsabilidad de que un vehículo o peatón resulte afectado por baches o imperfecciones en las carreteras recae totalmente en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), ya que, a su juicio, esta entidad es la principal responsable de mantener en buen estado las calles y aceras del país.
Por esta razón, el joven político presentó un anteproyecto de ley que busca establecer un mecanismo de indemnización para vehículos de todo tipo y peatones que hayan sufrido daños como consecuencia del mal estado de las vías nacionales.
“Lo que menos quiero es que el MOP tenga que indemnizar personas, sino que tenga un incentivo adicional para cumplir con la rehabilitación de las vías”, explicó el diputado.
Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) consideran que la iniciativa representa una medida de “castigo” para el MOP, en lugar de una estrategia que fomente buenas prácticas dentro de la institución.
“Quiero aclarar que no he leído la propuesta, pero creo que el enfoque no debería estar en buscar reembolsos, sino en garantizar el buen estado de las carreteras. No creo que sea buena idea castigar al MOP por los baches que hay, sino destacar e incentivar su buena labor”, dijo Juan Arias, presidente del gremio.
Ante esto, Barboni respondió que, en efecto, su propuesta busca aplicar un “castigo al MOP por la negligencia” de no mantener adecuadamente las vías, y que debe verse como un “disuasivo” para evitar malas prácticas.
¿Qué dice el anteproyecto?
El artículo 5 del anteproyecto establece que las indemnizaciones podrán ser solicitadas cuando se produzcan daños o lesiones a peatones bajo cinco escenarios: aceras en mal estado, puentes peatonales deteriorados, falta de alcantarillas, ausencia de tapas o cobertores en aceras, y otros relacionados.
Las indemnizaciones tendrán un monto máximo de $10.000 y será la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la encargada de gestionar todo el proceso.
Las personas afectadas tendrán hasta un año para presentar la solicitud de indemnización, y podrán hacerlo sin necesidad de un abogado idóneo. La presentación estará sujeta al periodo de reglamentación de la ley, si esta es aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el Ejecutivo.
-Para hacer la solicitud, el afectado deberá entregar:
-Cotización del costo de reparación del vehículo o tratamiento médico.
-Datos personales, empresariales o institucionales.
-Evidencia fotográfica o de video tomada en los cinco días posteriores al incidente.
-Testigos presenciales bajo declaración jurada ante notario.
La ASEP tendrá un plazo máximo de tres meses para valorar la solicitud y determinar si procede o no, sea el MOP u otra empresa responsable del mantenimiento de la vía o acera. Si se aprueba, la indemnización debe ser entregada en un plazo no mayor a 18 meses.
Además, la entidad responsable deberá reparar el daño a la vía o acera en un periodo de seis meses. El artículo 15 del proyecto contempla una multa de hasta $500 por denuncias falsas.
Análisis del diputado
El diputado por el circuito 8-3 comentó que la legislación surge como respuesta a una problemática frecuente en su comunidad, donde muchas calles y aceras están en mal estado.
Barboni ve en la ASEP un ente mediador que puede “descongestionar” las denuncias que actualmente llegan al Ministerio Público sobre esta materia. No obstante, reconoció que no posee estadísticas concretas para determinar cuán común es la afectación.
La próxima semana se reunirá con personal de la ASEP, ya que esta institución ha manifestado inquietudes sobre su posible rol dentro de la propuesta.
Al ser consultado sobre cómo evitar que las cotizaciones sean infladas con el fin de obtener mayores compensaciones, el legislador admitió que es un riesgo y sugirió dos soluciones: presentar múltiples cotizaciones o establecer talleres autorizados.
También reconoció que podrían surgir casos de corrupción en los talleres elegidos y que será necesario diseñar una estrategia para evitarlo.
Sobre cómo garantizar la autenticidad de las pruebas presentadas, Barboni explicó que hoy en día existen mecanismos tecnológicos para verificar cuándo se tomó una foto o video, por lo que no debería haber mayores inconvenientes.