Ley de sustancia económica pasa al Ejecutivo para la sanción

La Asamblea Nacional aprobó la tarde de este miércoles, en tercer debate, el proyecto de ley 641, una reforma al Código Fiscal que establece requisitos de sustancia económica para multinacionales con rentas pasivas de fuente extranjera y que forma parte de los esfuerzos de Panamá para mejorar su posición ante organismos internacionales y salir de listas de vigilancia fiscal.

La iniciativa fue aprobada con 70 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y se convirtió en el único tema discutido durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Órgano Ejecutivo. En total, 14 diputados participaron en el tercer debate de una propuesta considerada como una de las reformas fiscales más técnicas discutidas este año en el pleno legislativo.

El proyecto busca reforzar controles sobre sociedades que operan sin actividad económica real y responder a cuestionamientos internacionales relacionados con las llamadas “empresas de papel”. La legislación pretende atraer compañías con operaciones físicas, personal, oficinas y toma de decisiones dentro de Panamá.

Durante el debate, el diputado Ariel Vallarino resumió ese objetivo al afirmar: “Queremos atraer empresas reales y no empresas ficticias”. El diputado también sostuvo que la nueva legislación no representa una renuncia al sistema de renta territorial que mantiene Panamá. “Con todo lo que se está haciendo no se está renunciando a la territorialidad. Estamos mejorando nuestra posición ante el mundo”, añadió.

La discusión legislativa estuvo marcada por la presión internacional sobre Panamá en materia fiscal y por la proximidad de una nueva revisión internacional prevista para octubre de 2026, evaluación considerada clave para las aspiraciones del país de salir de listas relacionadas con transparencia fiscal y cooperación tributaria.

El proyecto establece que las multinacionales constituidas o domiciliadas en Panamá que obtengan rentas pasivas de fuente extranjera deberán demostrar sustancia económica suficiente en el país. Eso incluye acreditar recursos humanos, oficinas, gastos operativos y dirección efectiva dentro del territorio nacional.

Además, las empresas estarán obligadas a presentar información anual ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad que mantendrá facultades de supervisión, fiscalización y sanción.

La normativa también crea la figura de “entidad no calificada”, categoría en la que entrarían empresas que incumplan los requisitos de sustancia económica, omitan información o presenten datos falsos ante las autoridades tributarias. En esos casos, las compañías quedarían sujetas a una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable derivada de rentas pasivas extranjeras.

Uno de los cambios más relevantes incorporados durante el segundo debate fue precisamente el paso de un sistema de tributación sobre renta bruta a uno sobre renta neta, modificación que diputados y sectores económicos consideraron importante para mantener la competitividad del país.

El diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, destacó que durante la discusión legislativa se recibieron más de 150 aportes de distintos sectores vinculados al sistema financiero, empresarial y corporativo.

Gaitán reconoció que el debate fue complejo debido al carácter técnico de la iniciativa. “Fue un proyecto desafiante por tratarse de un tema muy técnico”, expresó.

El diputado explicó que entre las modificaciones más importantes aprobadas figuran la incorporación de criterios de proporcionalidad para evaluar la sustancia económica, mayores garantías de debido proceso y exclusiones especiales para sectores ya regulados.

El diputado resaltó el proceso que demostró que es posible construir legislación técnica mediante el diálogo entre el sector privado, la Asamblea Nacional y el Órgano Ejecutivo.