Ley para jubilados entra en pausa por riesgo de veto

La Asamblea Nacional suspendió el tercer debate del proyecto de ley 491 este 30 de abril, que propone crear un fondo para equiparar los ingresos de jubilados y pensionados que reciben menos de $600, en medio de advertencias sobre un posible veto del Órgano Ejecutivo.

La diputada de MOCA, Grace Hernández, solicitó una “pausa estratégica” en la discusión para evitar que la iniciativa sea rechazada y asegurar su viabilidad. La propuesta recibió respaldo en el pleno, que aprobó la suspensión del debate.

Durante su intervención, Hernández señaló que la medida busca construir un acuerdo con el Ejecutivo que garantice la sanción de la ley. Además, insistió en que el ajuste a las pensiones responde a una deuda histórica con este sector.

“La nivelación para nuestros jubilados y pensionados no es un regalo, no es una concesión, no es un favor, es una deuda histórica”, afirmó Hernández.

La diputada también advirtió sobre el impacto que tendría un veto presidencial en la iniciativa. Según dijo, esto representaría “un golpe directo a la esperanza de miles de jubilados” y obligaría a reiniciar el proceso legislativo.

Tomando como referencia las cifras de enero a diciembre de 2025 de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que reportó un crecimiento del 3.6 % y más de 9.9 millones de TEU, el Gobierno Nacional tendría el potencial de captar cerca de $14.8 millones anuales para el nuevo fideicomiso de pensiones por vejez, de establecerse un pago adicional de $1.50 por cada contenedor de 20 pies (TEU) que arribe y sea procesado en las terminales panameñas.

Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho respaldó la suspensión del debate, pero subrayó que la decisión debe responder a criterios de viabilidad económica y responsabilidad fiscal.

Camacho indicó que, aunque existe consenso sobre la necesidad de mejorar las condiciones de los jubilados, es necesario construir una propuesta que no quede “en letra muerta”.

“Los jubilados no quieren letra muerta, quieren respuestas reales que beneficien a la gente”, expresó Camacho.

El parlamentario también rechazó atribuir la decisión exclusivamente al Ejecutivo, al señalar que la Asamblea tiene la responsabilidad de aprobar leyes sostenibles.

En su réplica, Hernández insistió en que el Ejecutivo debe asumir su rol en la atención de las necesidades sociales y reiteró la disposición de diálogo para alcanzar una solución conjunta.

El debate legislativo también incluyó propuestas sobre cómo financiar el aumento a las pensiones.

El diputado José Antonio Pérez Barboni planteó que existen alternativas dentro del Estado para cubrir el costo de la iniciativa, al mencionar ahorros potenciales derivados de su propuesta sobre alquileres estatales.

“No es un proyecto de una diputada, no es un proyecto de una asamblea, es un proyecto para el país”, afirmó Pérez Barboni.

El diputado sostuvo que su iniciativa generaría hasta $105 millones en ahorros, recursos que, según indicó, podrían destinarse a la equiparación de las jubilaciones. Además, instó al Ejecutivo a buscar “renta sustitutiva” para respaldar la medida.

En la misma línea, el diputado Ernesto Cedeño Alvarado defendió la viabilidad del proyecto y pidió al Ejecutivo utilizar mecanismos presupuestarios para garantizar su financiamiento.

“Es un asunto, presidente, de ser creativo”, expresó Ernesto Cedeño Alvarado, diputado.

Cedeño señaló que el propio proyecto permite modificar la fuente de ingresos del fideicomiso y sugirió revisar partidas del presupuesto estatal, como servicios profesionales y consultorías, para atender las necesidades de los jubilados.

El proyecto de ley 491 busca beneficiar a miles de jubilados y pensionados con ingresos por debajo de $600, en un contexto marcado por reclamos sobre el costo de vida y el acceso a servicios básicos.