Libertad de expresión en riesgo: SIP alerta sobre demandas y censura contra periodistas en Panamá

La SIP realizó este año su Asamblea General en Colombia. Cedida
  • 25/10/2026 09:39

La organización llamó a fortalecer las garantías institucionales y a promover un entorno en el que el periodismo pueda desarrollarse sin presiones ni censura.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un informe en el que alerta sobre un deterioro progresivo de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Panamá.

El organismo regional, que agrupa a medios de comunicación de todo el continente, señaló que persisten obstáculos que afectan directamente la labor periodística y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Restricciones

Uno de los puntos más críticos destacados por la SIP es la dificultad que enfrentan los medios para acceder a fuentes oficiales.

Según el informe, varios periodistas han denunciado trabas para obtener declaraciones de altos funcionarios, lo que limita la cobertura de temas de interés público y debilita la transparencia gubernamental.

Esta práctica, advierte la organización, genera un ambiente de opacidad que contradice los principios democráticos.

Publicidad estatal

La SIP también subrayó la falta de equidad en la distribución de la publicidad oficial. Medios críticos al gobierno, como La Prensa y La Estrella de Panamá, han reportado bloqueos en la asignación de pauta estatal, mientras que otros medios afines reciben mayores recursos.

Para la organización, esta práctica constituye una forma de presión económica que busca condicionar las líneas editoriales y restringir la pluralidad informativa.

Demandas

El informe advierte que los procesos judiciales por calumnia e injuria continúan siendo utilizados como herramientas de intimidación contra periodistas y medios.

Actualmente, La Prensa enfrenta 12 demandas que suman alrededor de 12,5 millones de dólares, una cifra que pone en riesgo su sostenibilidad financiera.

La SIP recordó que las demandas desproporcionadas no solo afectan a los medios, sino que también generan un efecto inhibidor en el ejercicio del periodismo investigativo.

Proyectos legislativos restrictivos

Otro aspecto preocupante es la discusión de iniciativas legislativas que podrían ampliar sanciones penales por contenidos digitales.

Entre ellas, se mencionan disposiciones ambiguas sobre “manipulación masiva” y nuevas regulaciones sobre el derecho de réplica.

La SIP advirtió que estas propuestas, de aprobarse, podrían limitar la libertad editorial y abrir la puerta a interpretaciones discrecionales que afecten la crítica legítima al poder político.

Vigilancia y hostigamiento

El informe documenta casos de seguimiento policial a organizaciones sociales y amenazas directas contra periodistas.

Entre los casos más notorios se encuentran las amenazas recibidas por Flor Mizrachi y Sabrina Bacal, reconocidas comunicadoras panameñas.

La SIP señaló que estos incidentes reflejan un ambiente hostil hacia la prensa independiente y generan un clima de autocensura.

Llamado a las autoridades

La SIP instó a las autoridades panameñas a garantizar un marco jurídico compatible con los estándares interamericanos de libertad de expresión.

En particular, pidió transparencia en la asignación de publicidad estatal y la eliminación de prácticas que utilicen procesos judiciales como mecanismos de presión. Asimismo, exhortó a que se investiguen las amenazas contra periodistas y se asegure su protección.

Importancia de la libertad de prensa en la democracia

El organismo recordó que la libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y que su debilitamiento afecta directamente la calidad del debate público.

“Sin medios independientes y críticos, la ciudadanía pierde la posibilidad de fiscalizar al poder y de acceder a información veraz”, señaló la SIP en su declaración.

Contexto regional

La advertencia sobre Panamá se suma a preocupaciones similares expresadas por la SIP en otros países de la región, donde se han registrado intentos de controlar la prensa mediante presiones económicas, legislativas o judiciales.

En este sentido, la organización reiteró que la defensa de la libertad de expresión debe ser un compromiso compartido por gobiernos, sociedad civil y medios de comunicación.