Libre postulación: reforma impone separación de partidos desde inicio del 2027

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) introdujo un cambio de fondo en las reglas del juego para quienes aspiren a competir por la vía de la libre postulación y estén inscritos, pero buscan ofertarse como libres postulados.

A partir de la reforma aprobada en la sesión ordinaria número 27, ningún ciudadano podrá iniciar el proceso de recolección de firmas si no ha estado fuera de un partido político por lo menos un año antes de presentar su solicitud. Con las normas antes aprobadas, en enero de 2028 inicia la recolección de firmas, obliogará a los miembros de partidos que tengan la intención de postularse por la libre postulación a renunciar a más tardar en enero de 2027.

Aunque la norma se redacta de forma general, su trasfondo político tiene referentes identificables. En las elecciones de 2024, Melitón Arrocha buscó firmas y logró ser candidato por la libre postulación sin renunciar al Partido Panameñista. La misma dinámica aplicó Zulay Rodríguez, quien estando en el Partido Revolucionario Democrático buscó participar por la vía de la libre postulación.

La modificación se incorpora dentro del artículo 365 del Código Electoral. En su numeral 1, se establece que la solicitud de reconocimiento como precandidato deberá presentarse entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del año trasanterior al de la elección, ante la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) o sus direcciones regionales, dependiendo del cargo.

Para ese momento, el aspirante tendrá que haber estado completamente desvinculado de cualquier partido político durante al menos doce meses. De lo contrario, su solicitud será rechazada y no podrá iniciar el proceso de búsqueda de firmas.

Los miembros de la mesa también aprobaron incluir a los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) dentro de la regulación de libre postulación, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional su elección mediante listas cerradas.

A ello se suma que la solicitud deberá incluir el distintivo que utilizará el precandidato desde la fase de recolección de firmas y que será el mismo que lo identificará en la boleta única de votación. Ese distintivo no podrá ser igual ni similar al de ningún partido político —en formación o ya constituido—, ni al de otro precandidato reconocido, ni podrá prestarse a confusión con ellos. También se prohíbe el uso de nombres de personas vivas, así como de símbolos nacionales o religiosos.

Una vez el Tribunal Electoral apruebe el distintivo, este quedará bajo uso exclusivo del precandidato y no podrá ser empleado por ningún otro aspirante ni compartido con terceros.

El diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, recordó que cuando lleguen las reformas propuestas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales a la Asamblea Nacional las verá “con lupa”. “Siempre me voy a inclinar a fortalecer el revuelo democrático en Panamá”, planteó.

“Tú no debes limitar a una persona que no pertenece a un partido político que corre en las líneas de los comicios. Yo creo que es un contrasentido y como diputado no voy a avalar nada que restrinja a una persona la posibilidad de acudir a unos comicios”, enfatizó Cedeño.

Para la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, la democracia no avanza cuando se cierran espacios de participación y penalizar a un ciudadano por respaldar alternativas independientes debilita el pluralismo y restringe libertades esenciales.

Panamá necesita avanzar hacia sistemas electorales más inclusivos y representativos. No podemos permitir retrocesos en derechos políticos en un momento crucial para la institucionalidad del país”, subrayó De Sanctis

La Comisión Nacional de Reformas Electorales aprobó un paquete de modificaciones que redefine y endurece las reglas.

La propuesta de la comisión, aprobada por nueve votos a favor —en su mayoría de representantes de partidos políticos—, uno en contra y tres abstenciones, eleva la cantidad de firmas necesarias para acceder a una candidatura.

Además, establece que cualquier miembro de un partido político que respalde con su firma a un aspirante independiente incurrirá en una renuncia tácita a su colectivo.