Luis Eduardo Camacho: “El veto a la ley de abogacía no tiene sustento jurídico”

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprobó el informe que remite al pleno de la Asamblea Nacional el debate del veto presidencial al proyecto de ley 168, que modifica la Ley 350 de 2022 sobre el ejercicio de la abogacía en Panamá.

El documento fue devuelto por el Ejecutivo a la Asamblea el 15 de septiembre de 2025, con objeciones por considerarlo inconveniente y contrario al fortalecimiento de la formación jurídica.

El proyecto de ley 168 plantea nuevas opciones para la obtención de la idoneidad profesional, incluyendo la posibilidad de sustituir el examen de acceso por la publicación de una tesis o la prestación de servicio voluntario en despachos judiciales.

La iniciativa surgió de un movimiento estudiantil que consideró injusto que la exigencia del examen aplicara a quienes ya estaban matriculados en Derecho.

Sin embargo, el veto presidencial, argumenta que la propuesta reduce la rigurosidad exigida para ejercer la abogacía. El Ejecutivo advirtió que permitir opciones distintas al examen podría debilitar los controles de calidad profesional y generar confusión sobre los requisitos académicos, además de “representar un retroceso significativo” en los estándares de la profesión.

El documento también cuestiona la transferencia de la facultad de aplicar el examen desde la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema hacia la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, lo que el Gobierno consideró jurídicamente improcedente y contrario al artículo 100 del Código Judicial, que confiere esa competencia a la Corte.

Durante la discusión en comisión, el diputado Luis Eduardo Camacho defendió la constitucionalidad del proyecto y cuestionó el enfoque del veto.

Camacho subrayó que la Asamblea no está invadiendo funciones de la Corte, sino ejerciendo su potestad legislativa al establecer los requisitos para la idoneidad.

“El veto no tiene sustento jurídico —sostuvo—. Decir que lo que antes era bueno, ahora no lo es, no me parece un argumento válido. La tesis ha sido durante décadas un mecanismo legítimo para la obtención de títulos universitarios”, afirmó el parlamentario.

El diputado también recordó que la propuesta mantiene el examen como opción, pero ofrece alternativas que, a su juicio, no debilitan el sistema, sino que reconocen distintas formas de demostrar competencia profesional. “La Asamblea actúa dentro del marco de la ley y de la justicia”, agregó.

El debate ahora pasará al pleno Legislativo, que deberá decidir si acoge o rechaza el veto presidencial.