María Espinosa: ‘Cuando uno lucha por la vida no se puede cansar’

Pueblos que luchan por salvar sus tierras frente a la minería y la industria petrolera, luchas transfronterizas con el crimen organizado, gobiernos alineados con corporaciones sobre sus propios pueblos y justicia tardía e ineficaz. La historia que cuenta Lina María Espinosa, abogada defensora de Derechos Humanos y parte de Amazon Frontlines resuena a través de América Latina y Panamá.

Luego de participar en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebradas en Panamá, compartió con La Estrella de Panamá la lucha que mantienen los pueblos originarios y la importancia de la unión para lograr cambios.

¿Cuáles eran los objetivos que tenían al presentarse ante la CIDH? ¿Los consiguieron?

Creo que ha servido, ha sido un espacio útil para poder traer nuevamente este tema que no es ajeno, la CIDH ya lo conoce, pero hay muchos elementos específicos de lo que le pasa a cada pueblo en cada territorio que es necesario estar recordando, porque además, la realidad nos supera. Me parece que logramos posicionar este tema, logramos llamar la atención del relator de pueblos indígenas, y de otros actores del sistema interamericano.

La duda que nos queda es ¿Va a ser efectivo? ¿Se va a traducir en mayores garantías para los pueblos? ¿Se va a traducir en que al menos ellos puedan volver con seguridad sus territorios? Y eso no sé.

En su experiencia, ¿los Estados han brindado algunas garantías para poder proteger a los pueblos originarios?

Ninguna, lamentablemente. Además vemos cómo tanto hoy el gobierno colombiano, el gobierno peruano y el gobierno ecuatoriano están totalmente alineados respecto de impulsar el extractivismo, respecto de desmantelar el estado de derecho, respecto de desconocer derechos colectivos.

Incluso el ejercicio de supuesta participación lo quieren desmantelar. Vemos como en los tres estados, el tema de la avanzada del crimen organizado, del crimen organizado que también es transnacional, se impone en los territorios y hay una ausencia de garantías por parte del Estado para los pueblos y para las personas que defendemos derechos.

El riesgo de venir aquí es real, la gente está volviendo con miedo porque una vez que están aquí, una vez que denuncian, una vez que posicionan estas situaciones de riesgo, la respuesta puede ser que al regreso se tengan amenazas por parte de actores armados, desplazamientos territoriales, mayor criminalización estatal.

¿Tienen un registro de cuántas personas han sido aprehendidas por manifestar su oposición a estos proyectos?

Hoy, solo en la Amazonía ecuatoriana tenemos alrededor de unos 70 casos registrados de personas criminalizadas, es decir, personas que tienen diversos procesos judiciales, penales, la mayoría personas con sus cuentas bancarias bloqueadas también por procedimientos administrativos, o personas que enfrentan amenazas por actores irregulares, entiéndase crimen organizado. Para el caso de la Amazonía colombiana tenemos un registro solo de 2026 de alrededor de 80 personas con situaciones de orden similar.

Y para el caso amazónico peruano, en la zona norte tenemos un registro de 43 casos de criminalización. Es diferente con los temas de asesinatos o los temas de desplazamiento forzado, me estoy refiriendo solo a personas o comunidades que enfrentan causas penales, civiles o administrativas en su contra.

La semana pasada, recientemente, los compañeros de una organización peruana reportaban dentro de sus registros al menos 38 defensores indígenas asesinados en los últimos 10 años. En Colombia, solamente en la zona amazónica tenemos un registro que ya bordea los 100 defensores indígenas asesinados y en el caso ecuatoriano alrededor de 11 en los últimos cinco años, muchos de ellos vinculados a actividades de paros.

¿Cómo han sido las batallas judiciales para lograr que se reconozcan estos derechos?

La construcción jurídica es muy compleja, porque lo que te pide la justicia ordinaria muchas veces riñe con lo que las comunidades tienen.

Las comunidades, por ejemplo, muchas de sus pruebas están soportadas en su oralidad, en su experiencia cotidiana, en su relacionamiento. La justicia occidental te habla de pruebas firmes, de peritaje, de análisis, de exámenes.

Entonces el primer desafío es acercar estas formas de comprensión del mundo originario, del mundo indígena, a estos requisitos de la justicia ordinaria. Los costos, las dificultades de acceso, hay unas brechas muy importantes entre lo territorial y este sistema de justicia, como los plazos.

Cuando nosotros llegamos con casos, llegamos porque hay una emergencia latente, una urgencia. En 2022, un derrame de 18.000 barriles de crudo afectó a 27.000 comunidades en plena pandemia, comunidades que no tenían, que no podían salir porque había un confinamiento ordenado por los Estados, que no tenían agua ni comida, porque estaba contaminada su fuente principal que era el río.

Presentamos una acción de protección en ese momento, debido a la emergencia. Siete meses duró la acción de protección en tramitarse porque el juez se declaró enfermo. Una vez que el juez mágicamente se alivia, declara fallida esta demanda, la perdemos.

Exactamente pasa lo mismo en la segunda instancia. Llegamos a Corte Constitucional, Corte Constitucional nos da la razón y nos dice que los dos jueces anteriores no escucharon debidamente, no analizaron debidamente las pruebas. Y la Corte dice vuélvase a iniciar este proceso. Tomó cinco años. Esas mismas comunidades hoy siguen sin poder acceder al agua.

Y la pregunta que hace el juez es, ¿Cómo usted me demuestra que esta afectación de hoy tiene que ver con lo que ocurrió hace 5 años atrás? Y deme muestras científicas, y deme muestras que no me induzcan al error y que me permitan establecer exactamente que esto tiene que ver con lo que ocurrió hace cinco años atrás. Y eso era un caso de urgencia.

En el caso Siekopai, años luchando en una acción de protección que finalmente logramos ganar para que les dijeran, tienen que volverles a legalizar su territorio de 40.000 hectáreas, que es lo mínimo que necesitan para sobrevivir.

Tres años hace que tenemos la sentencia y sigue incumplida.

En el caso de Sinangoe, sentencia histórica que reconoce que el Estado violó derechos al otorgar concesiones mineras, hoy se quiere aperturar nuevamente al catastro minero y no son consultados. Tenemos las dudas de cuánto de su territorio va a terminar catastrado.

Pero además la preocupación gravísima es que prospecciones han determinado que hay minerales críticos en su territorio, tierras raras. Hace dos semanas Sinangoe estaba denunciando que hay actores armados irregulares, amenazando a su guardia indígena y a su sistema de gobierno.

Y en el caso Waorani se ganó una acción de protección histórica que dispuso que no se sacara petróleo de lo que el Estado denomina el bloque 22 por haber violado el derecho a consulta previa. Que para sacar petróleo tenían que volver a ser consultados.

El Pueblo Waoraní dice, no quiero consulta, ya decidí y mi decisión es que el petróleo no puede salir. Llegamos a Corte Constitucional y la Corte Constitucional dice en efecto, en un caso como el de un pueblo de reciente contacto, el consentimiento es el estándar, ellos tienen derecho a resolver. Pese a que está en la Corte Constitucional, el Estado dijo que en diciembre vuelve a licitar los bloques petroleros y que la consulta ya se hizo.

Las batallas judiciales son desafiantes, son costosas, son difíciles. Hacer dialogar al sistema occidental con el sistema originario es un desafío y aún así logramos ganar. Pero ganamos para que se incumpla de manera sistemática las decisiones jurídicas.

¿Cómo no perder el ímpetu? ¿Cómo no perder la esperanza cuando por cada paso adelante parece que los empujan dos atrás?

Porque lo que está en juego es la vida. No se puede perder el ímpetu porque lo que está en juego es la vida.

Lo conversaba con uno de los compañeros y me decía es que yo lo que quiero finalmente es que mis nietos puedan comer, comer su pescadito tranquilos, que se bañen con agüita limpia, que cuando crezcan, ya sea abuelito, yo me pueda sentar con ellos a contar historias y que no tenga que contar la historia desde una habitación en la ciudad, sino aquí en la selva, mirando, viendo.

Es una lucha por la vida. Cuando uno lucha por la vida no se puede cansar.

¿Qué recomendaciones puede compartir con Panamá?

Lo primero y más que una recomendación para mí es un aprendizaje y es que lo que suma es lo colectivo, que no necesitamos ni Quijotes ni Sancho Panzas que estén desafiando molinos de viento, sino comunidades, tejidos colectivos, tejidos urbanos, tejidos indígenas, tejidos campesinos, pensando colectivamente, desafiando al Estado, desafiando al mundo empresarial, desafiando a todo aquel que no entiende que el desarrollo es quitarnos la vida.

Cuando alguien va solo, el colectivo no solo no entiende para dónde va, sino que también se rezaga. Es la lucha colectiva, es el desafío permanente al poder y es en medio de todo también disfrutar, porque nuestra lucha es digna, nuestra lucha es justa y nuestra lucha es por la vida.

¿Cuál es el valor de unir esfuerzos a través de países?

Para mí dos cosas. Uno, mostrar que aquí hay un patrón. No es que los de Ecuador sean más de malas que los de Colombia, o que sean más de malas los de Panamá. Es que aquí hay un patrón porque hay unos intereses y hay unos intereses sobre unos recursos y hay unos intereses que son transnacionales.

Entonces develar el patrón nos ayuda a mostrar, uno, que no estamos solos en términos de los impactos y dos, que no estamos solos en términos de los mecanismos de resistencia y de defensa.

Dos, me parece que la internacionalización también tiene que ver con poder develar quién está detrás. Porque si uno se pone a pensar solamente en aislar quién está detrás en Ecuador o quien está detrás en Colombia, y no mira que el mismo que está detrás de Colombia es el que está detrás de Ecuador, que es el que está detrás de Panamá, hace una lectura errada de los intereses y hace una lectura errada de quién al final se beneficia. Porque no es que al final se beneficien los empresarios panameños o ecuatorianos, el beneficio también está en grandes empresas, en grandes corporaciones y en grandes Estados.

Hacer una lectura regional también nos permite esa comprensión. Y hacer una lectura regional también nos permite entender que muchas de las estrategias de los pueblos originarios en distintas partes de esta América, es una estrategia también conjunta.

Entonces nos permite hacer una lectura de esa estrategia, homologar varias de esas acciones de esta estrategia, reaprender variantes estratégicos, sobre todo saber que no estamos solos, que en las distintas formas y en los distintos territorios se siguen construyendo resistencias y salidas y que nadie los salve.

Los pueblos se salvan solos.