Medidas del Estado ante ‘alarmantes’ cifras de abuso infantil, son ‘insuficientes’

“No se trata solo de números; son nombres, historias, vidas que siguen creciendo”. Con estas palabras, la psicóloga forense Amara Sanad, de la Fundación Unidos por la Niñez, advierte sobre el impacto profundo y prolongado que deja el abuso, el abandono y la vulneración de derechos en niños y adolescentes panameños, ante la “alarmante” cifra revelada por La Estrella de Panamá, en el reporte: “Niñez, las 29 mil víctimas de hogares rotos y derechos vulnerados”, del 23 de junio.

Según la experta, en lugar de protección, muchos menores que atraviesan procesos judiciales son revictimizados por un sistema que carece de protocolos verdaderamente humanizados.

“Lo más triste es que muchas de estas niñas y niños no están recibiendo la atención en salud mental que merecen”, afirmó la especialista en entrevista con La Decana. Para Sanad, la deuda es la atención integral y la planificación a largo plazo.

“El Estado cuenta con leyes y mecanismos destinados a atender estos casos, pero en realidad no son suficientes”, recalcó, añadiendo que aún persiste el desconocimiento entre la población sobre dónde acudir y qué esperar de un proceso judicial.

Las estadísticas reflejan que la mayoría de los afectados proviene de hogares monoparentales y sufren secuelas emocionales por no recibir atención psicológica oportuna.

El 19.2 % de los niños que pasaron al Juzgado de Niñez y Adolescencia del Órgano Judicial por casos de violación a sus derechos, abuso o abandono, no recibían educación, a pesar de ser este uno de los derechos fundamentales de la infancia, detalla el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)

Otro dato del INEC es que más de la mitad de los menores víctimas de abuso son niñas: el 61.33 % de los casos, lo que equivale a 17.956 menores afectadas.

Aunque los niños representan el 38 % de los casos, las estadísticas solo muestran parte de la realidad. Por ejemplo, se estima que el 92 % del abuso sexual ocurre dentro del núcleo familiar, pero apenas el 3% de esos casos es denunciado.

La Fundación Unidos por la Niñez alerta que los menores atraviesan procesos judiciales sin protocolos que garanticen su bienestar integral y que con buscar justicia no basta: es fundamental garantizar el acceso a salud mental para los niños y sus familias.

Por su parte, la trabajadora social Yadira Peña, quien ha abordado casos de niñez y adolescencia, agregó que, pese a los diversos esfuerzos institucionales, las leyes existentes no están articuladas y persiste una falta grave de recursos.