Menos gasto social pero más cárceles, la ecuación de la administración Mulino

¿Cuál es la política social del Estado? Esta es la interrogante de sociólogos mientras que una revisión a las leyes de presupuestos revela que siete instituciones clave en esta materia disminuyeron sus fondos considerablemente en los últimos tres años, pero se estima un gasto millonario en nuevos penales.

La Estrella de Panamá analizó estos documentos y al comparar el presupuesto de 2024, el último que dejó la pasada administración de Laurentino Cortizo, con los de 2025 y 2026 del gobierno del presidente José Raúl Mulino se aprecian disminuciones que en su conjunto suman más de $200 millones.

Son las entidades del Estado encargadas de ejecutar políticas sociales y prestar servicios públicos esenciales las que tuvieron una reducción importante, especialmente en el componente de inversión que financia infraestructura y programas sociales.

Por otro lado, se estiman unos $300 millones para tres nuevos penales.

Esta reducción que reporta la ley de presupuesto de hasta 40% se dio en los ministerios de Desarrollo Social (Mides), Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Salud (Minsa).

También en los institutos que buscan favorecer la movilidad social, como el de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), el de la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Lo mismo ocurrió con las secretarías de Discapacidad (Senadis), y de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Esto sin estimar al Ministerio de Educación (Meduca) en la ecuación, ya que el manejo de los fondos de este renglón no es claro. Mientras que el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reporta una cifra que incluye el 7% del producto interno bruto (PIB), voceros de la cartera educativa han reiterado a este medio que no reciben esa cuantía. Hace dos meses el MEF ha evitado atender las preguntas de este diario al respecto.

Pero volviendo al recorte social en la actual administración, al observar los montos de cada cartera en funcionamiento e inversión se destaca que el gasto de funcionamiento, el que se usa para pagar sueldos permaneció similar e incluso se incrementó, lo que indica que el ajuste fiscal se concentró en la parte destinada a las inversiones.

Sociólogos coinciden que la práctica es contradictoria y estiman que construir cárceles no disminuirá la ola de violencia.

“Construir más cárceles es comprar más cubetas de agua para evitar que el Titanic se esté hundiendo”, dijo Tirso Castillo, sociólogo y criminólogo del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá.

El experto explicó que de nada vale construir “megacárceles” para el hacinamiento, a su parecer debido al proceso judicial que es lento, si el país no desarrolla una política social de prevención de la criminalidad.

“Instituciones como el Mides, el Meduca son vitales para desarrollar los programas de prevención en la comunidad. No es la represión, ni la mano dura, sino la prevención en las comunidades, educación, el deporte y el trabajo la solución. Este gobierno no tiene un plan definido de seguridad y por lo tanto, improvisa”, manifestó Castillo.

El recorte de 25% en inversión pública

En su conjunto, las siete instituciones analizadas redujeron su presupuesto de $3,009.9 millones en 2024 a $2,770.7 millones en 2026, es deci, $239.2 millones menos.

Sin embargo, la reducción fue mucho más pronunciada en la inversión pública, que cayó de $1,518.0 millones a $1,140.3 millones, es decir, $377.7 millones o 25% menos.

La mayor contracción en este periodo se reflejó en el Miviot que en 2024 tenía $118 millones tanto para funcionamiento como para inversiones y pasó a $67 millones en 2026 para ambos fines, según se aprecia en los presupuestos que son leyes del país.

Coincidentemente, la actual administración eliminó el bono de $10,000 para viviendas de interés social del programa Fondo Solidario de Vivienda para que familias humildes adquirieran su primera vivienda y se redujeron los beneficios del régimen de la ley de interés preferencial para nuevas viviendas.

En tanto, el Mides, fue el segundo ministerio con mayor recorte con 22%, en 2024 tenía tanto para funcionamiento como para inversión $284.4 millones y en 2026 quedó en $222.2 millones, una disminución que se concentró en la cartera de inversiones que cayó 24%,

“La población se siente frustrada. No se están dando planes hacia los jóvenes que están en riesgo social, a un paso de ser delincuentes” comentó Castillo

El sociólogo y criminólogo explicó que si un joven en esa condición no recibe el seguimiento por parte del Mides o el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) muy problamente se convierta en un delincuente.

“Donde el gobierno fracasa el crimen organizado toma ventaja”, concluyó el sociólogo y criminólogo.

En tanto, el Minsa vio reducido su presupuesto de inversión en 40%, equivalente a $202.6 millones menos, lo que representa el mayor recorte absoluto entre todas las entidades analizadas.

Al ser un recorte en inversión, supone menores recursos para infraestructura hospitalaria, adquisición de equipos médicos y expansión de los servicios de salud, en cambio, el gasto de funcionamiento aumentó.

El sociólogo, docente e investigador Rigoberto Pitti, advirtió que los números muestran una contradicción porque “si no se invierte en la sociedad, la sociedad también se va descomponiendo”.

Entre el grupo de sociólogos de Pitti analizan “la desinversión” en el sector educativo y señaló que las universidades estatales también han sufrido recortes.

“Las universidades son las que permiten el desarrollo de las profesiones para aquella población que no tiene para pagar una universidad privada”, resaltó el investigador.

De igual manera, las instituciones encargadas del desarrollo humano como el Inadeh y el Ifarhu redujeron su presupuesto en 12% y 8.4%, respectivamente. La caída fue principalmente en recursos para inversión.

La misma suerte la tuvieron las entidades orientadas a la protección de personas vulnerables como la Senadis en 15.1% y la Senniaf en 21.2%. (Ver cuadro)

La caída de la inversión de la Senniaf fue lo más llamativo, pasó de $3.4 millones a apenas $200 mil lo que representa una reducción de 94.1% y casi elimina su cartera de inversión.

Para Pitti el asunto tiene que ver con quién dirige “el aparato del Estado”, porque, “aunque todos criticamos la corrupción de los gobiernos pasados por lo menos había un poco más de inversión social”.