Mides conocía de los adultos en el albergue de Tocumen

la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, conocía de la situación de los adultos con problemas mentales en el Centro de Atención Integral de Tocumen (CAI) desde hace casi un año, pero hasta la fecha no existe una estrategia integral para proteger a los menores que convivían con ellos en ese albergue.

Así lo pudo confirmar La Estrella de Panamá que tuvo acceso a actas de reuniones y minutas que detallan que al menos desde abril de 2025, se abordó este asunto de manera interinstitucional.

No fue hasta la semana pasada que se trasladaron a los 10 adultos con discapacidad mental, del CAI de Tocumen a la provincia de Herrera, por orden del Ministerio Público.

La situación mantuvo en riesgo a los niños y adolescentes del CAI a cargo de la Secretaría Nacional de la Niñez Adolescencia y Familia (Senniaf) porque, según la denuncia que investiga el Ministerio Público, estas personas con enfermedades mentales supuestamente acosaban sexualmente a los menores del albergue.

Este diario obtuvo documentos, entre estos una nota de la Secretaría General del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con fecha del 29 de abril de 2025, bajo el asunto “Estrategias para reubicar adultos y personas con trastornos de salud mental”, que lo confirman.

La nota detalla que se efectuó un encuentro en el salón de reuniones del despacho superior del Mides en el que participaron 10 funcionarios de los ministerio de Desarrollo Social, Salud, Senniaf y personal del albergue de Tocumen.

Desde ese entonces, según las cartas, “el objetivo” fue “desocupar el espacio actual y acondicionarlo adecuadamente para los NNA (Niños, Niñas y Adolescentes)” , cita el encuentro de “la mesa 2”.

En la circular de cinco hojas se expone que se consideró la evaluación psicológica, exámenes de salud de todo tipo y el traslado de estas personas a Colón, entre otros puntos. También efectuar otra reunión un mes después, en mayo del año pasado, pero más allá de las reuniones el asunto de separar a los adultos de los niños y adolescentes y darles un trato especial no se concretó.

Pero esta no fue la única reunión, serían al menos tres encuentros de la Junta Directiva de la Senniaf y en la que se crearon subcomisiones el año pasado por el mismo problema.

En la del 29 de abril participó Ana Fábrega, directora del Senniaf, entre otros servidores públicos que fueron contactados por este medio pero indicaron que no podían ampliar detalles por la investigación en curso.

Además, en su calidad de presidenta de la directiva de la Senniaf, la ministra Carles habría participado directamente de esas reuniones, y supuestamente, fue con el ánimo de incentivar a otras organizaciones que atienden otros albergues para que recibiera a estos adultos, la respuesta fue negativa.

La Estrella de Panamá intentó conocer la versión de Carles, quien indicó que atendería al regreso de una gira, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Precisamente, el viernes pasado hubo otro encuentro de la directiva que más allá de la catarsis y cuestionamientos en torno a que Fábrega se mantenga como directora de la Senniaf a pesar de la investigación del Ministerio Público, tampoco hubo un plan de acción concreto.

La investigación de la Procuraduría General de la Nación es por el posible delito contra la libertad e integridad sexual, contra el orden jurídico familiar y el Estado civil y contra la administración pública, a raíz de la denuncia de la presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, la diputada de Vamos Alexandra Brenes.

Mientras tanto, el traslado de los adultos al Hogar María Auxiliadora, en la ciudad de Chitré, ha generado cuestionamientos de la comunidad, que organizó vigilias en protesta porque al movilizar a los adultos, las niñas que se encontraban en el hogar proveniente de los campos y zonas indígenas también fueron movilizadas de lo que era su refugio ante el riesgo social a la que estaban expuestas.

“Ese hogar fue creado con una finalidad y no precisamente es ser hospital psiquiátrico... no se soluciona un problema abriendo otro hueco”, expresó José Héctor González, párroco de Chitré, durante una celebración religiosa al respecto.

Deuda con la niñez

Precisamente, según la denuncia que mantiene la fiscalía de las 35 personas en el albergue de Tocumen, 12 eran adultos y 21 de ellos tenían algún tipo de discapacidad mental, como esquizofrenia.

Las advertencias a la dirección de la Senniaf sobre los supuestos tratos negligentes, abusos físicos, sexuales, se habrían efectuado mediante correos y notas desde septiembre de 2024, según se aprecia en los documentos que forman parte de la denuncia, pero tras estas comunicaciones se despidió al psicólogo denunciante.

La Decana obtuvo otras comunicaciones, esta vez de la dirección de los albergues del Senniaf en Chiriquí que advierten que tampoco se contarían con instalaciones dignas, un descontrol administrativo y que apenas dos trabajadores sociales y cuatro psicólogos atendían en toda la provincia.

En todo el país hay unas 700 menores distribuidos en 49 albergues, en su mayoría bajo la custodia del Senniaf que para el año pasado contaba con un presupuesto de $8.6 millones, unos $500 mil más que en 2025, según el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas.

La Decana intentó conversar con Ana Fábrega, directora del Senniaf, pero no fu e posible.