Ministerio de la Mujer en riesgo: ¿qué pasaría si desaparece?

El cierre del Ministerio de la Mujer parece inminente, pese a un panorama en el que más de 10.000 mujeres denuncian sufrir violencia en sus hogares al año y al menos una mujer fallece al mes como víctima de femicidio.

La posible eliminación de esta entidad genera inquietud en sectores de la sociedad civil sobre el impacto que tendría en la atención y protección de las víctimas, en un Panamá donde los casos de violencia de género se mantienen, de acuerdo a las estadísticas oficiales.

En medio de este panorama, el presidente de la República, José Raúl Mulino, justificó la medida señalando que responde a la “politización” del ministerio y a la intención de “crear una entidad menos burocrática y más efectiva”, según expresó durante su conferencia semanal del 23 de octubre en la provincia de Veraguas.

Ya el pasado 1 de julio, en su discurso ante la Asamblea Nacional, había afirmado que la decisión busca “ordenar el aparato estatal y optimizar recursos”.

Sin embargo, como Instituto de la Mujer (Inamu), la institución solo percibió fondos que oscilaron entre $5.2 millones y $7.1 millones, siendo este último el más alto. Mientras que como Ministerio de la Mujer, el presupuesto más alto fue de $11.8 millones en tres años de gestión, aprobado para el 2025.

Por su parte, la socióloga Juana Camargo advirtió a La Estrella de Panamá, que la escasa inversión destinada históricamente a la protección de los derechos de las mujeres en Panamá “debería ser motivo de vergüenza para quienes administran los recursos públicos”.

“Exigir eficiencia a las mujeres y a las políticas que nos protegen, argumentando la eliminación de burocracia en un Estado con un presupuesto nacional de $34 mil millones, mientras se desmantelan las capacidades de la agenda de género, no es más que la evidencia de una concepción miserable de la igualdad”, expresó.

Para el próximo año el ministerio no cuenta con fondos para desarrollar o seguir sus proyectos y programas de inversión, al contar solo con $7 millones destinados exclusivamente para su funcionamiento. En años anteriores, estos mismos fondos permitieron atender directamente a víctimas y contribuir a la prevención e identificación de situaciones de violencia.

Según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), obtenidos a través de la Ley de Transparencia, de un presupuesto de $11.8 millones unos $6.8 millones fueron destinados a la ayuda de víctimas, el equipamiento y construcción de albergues y Centros de Atención Integral (CAI), así como a programas de empoderamiento.

Entre los principales rubros de inversión del pasado presupuesto destacan el equipamiento y suministro de infraestructura para casas albergues, con $1.135.270; la atención a víctimas de violencia doméstica, con $714.291; la construcción de diversos CAI, con $222.075; y el desarrollo del Plan Nacional contra la Violencia Doméstica, con $28.386.

Con los $6.8 millones también se cubrió la administración de los albergues, la difusión de igualdad de oportunidades para las mujeres y la atención de primera infancia en los CAI. Mientras que como Inamu, la institución sólo pudo dedicar $1.02 millones en total a estas mismas áreas dentro de un presupuesto de $5.2 millones en 2022.

Según Siria Martínez de la Coordinación Colegiada del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las mujeres, el cambio de Ministerio de la Mujer a una secretaría podría afectar la ejecución de programas a nivel nacional, además de debilitar la atención de los CAI y albergues con respuestas institucionales más lentas.

“[El ejecutivo] no se tomó el tiempo necesario para corregir los aspectos que señalan. Además no existe ninguna evaluación que indique las fortalezas y debilidades del Ministerio de la Mujer”, añadió.

Información brindada por la actual ministra de la Mujer, Niurka Palacios, el año pasado se atendió a alrededor de 12.600 mujeres víctimas de violencia, un 10% más que en 2023, mientras que el CAI brindó 9.997 atenciones entre sus servicios de atención psicológica, trabajo social y ayuda jurídica. Mientras que en 2022, solo 9.856 mujeres tuvieron acceso a estos servicios.

Incluso en la última reunión del Comité Nacional contra la Violencia hacia la Mujer (Conmivu) se subrayó la necesidad de contar con recursos suficientes para abordar la violencia desde la prevención.

Integrantes de la mesa principal destacaron que el MEF debe participar activamente en estas discusiones, asignando el presupuesto necesario, ya que quienes más sufren las restricciones financieras son las propias víctimas.

Paralelo a este planteamiento, organizaciones feministas han hecho llegar tanto al MEF como a la Asamblea Nacional peticiones en las que expresaron su preocupación por la situación del ministerio en relación a la transición a secretaría así como el bajo presupuesto del ministerio.

De acuerdo a las fundaciones y asociaciones firmantes, todavía no se ha recibido respuesta por parte de ninguna de las dos entidades en cuanto al reclamo.

Estas mismas organizaciones advierten que el cierre del Ministerio podría afectar iniciativas clave de empoderamiento, limitar el acceso al crédito y reducir los recursos de programas de cuidado, comprometiendo la capacidad de respuesta especialmente para mujeres afrodescendientes, indígenas y de bajos recursos.

A esto se suma un reciente reportaje publicado el 13 de octubre por La Decana, que evidencia la gravedad de la situación en Panamá: según datos oficiales, el 57% de las mujeres víctimas de abuso no reciben apoyo estatal y enfrentan solas su situación.

A pesar de que el Consejo de Gabinete ya impulsó una iniciativa legislativa para la eliminación definitiva del ministerio y se espera el recibimiento en la Asamblea Nacional de este proyecto de ley, ya hay quienes se pronuncian en contra de estas acciones.

El diputado Ernesto Cedeño del Movimiento Otro Camino (MOCA) fue una de las voces en contra.

“En vez de fortalecer la institución y dotarla de recursos, la están reduciendo a la mínima expresión. Es incomprensible que se prioricen otros temas por encima de los derechos de las mujeres”, detalló.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han anunciado que seguirán vigilantes, instando al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional a garantizar que cualquier reforma no comprometa la protección de las mujeres, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

Mientras tanto, el debate sobre el futuro del Ministerio de la Mujer se perfila como un tema con implicaciones directas en la lucha contra la violencia de género y en la garantía de derechos fundamentales para las mujeres.