Minsa advierte de crisis de salud en Bocas; docentes desmienten al contralor; siguen protestas
- 05/06/2025 23:00
Se cumplen 45 días de manifestaciones contra la Ley 462, sin señales de diálogo a la vista. Indígenas acusan al Senafront de quemar sus casas en Arimae; la fuerza pública responsabiliza a los manifestantes Disparos de perdigones, gases lacrimógenos y decenas de detenidos fue parte del saldo que dejó la nueva jornada de protestas contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).
Este jueves se registraron cierres en casi todas las provincias del país, con intervenciones de la Policía Nacional y sin perspectiva de un espacio de diálogo que permita una salida a la crisis que enfrenta el país.
Violencia en Darién Alrededor de la 10:00 a.m. hubo enfrentamientos entre miembros de la comunidad indígena de Arimae en Darién y agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en medio de denuncias de abusos y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía.
La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip) denunció en redes sociales daños en casas en la comunidad, como resultado de la intervención policial, entre estos la destrucción de una casa tradicional que quedó hecha cenizas tras un incendio. La comunidad culpa a la fuerza pública de lo ocurrido.
Por su parte, el Senafront atribuyó el incendio a la propia gente en protesta. “Según los reportes en el lugar, el incendio fue provocado intencionalmente por manifestantes, con el aparente propósito de atribuirle la responsabilidad a nuestra institución”, dijo la entidad, y reportó tres policías heridos.
Fuentes en Arimae hablan de al menos siete heridos, mayoritariamente indígenas y campesinos. Indicaron que temen por nuevas aprensiones por parte del Senafront, luego de que fueran detenidos la semana pasada varios líderes indígenas, incluyendo a tres caciques de tierras colectivas, entre ellos el cacique general Elivardo Membache.
Se conoció que uno de los afectados tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario por un golpe en la cabeza.
También hubo protestas en la comunidad de Ipetí y en Metetí, así como acciones de grupos indígenas gunas de la comarca Wargandi, que marcharon en el área de Agua Fría, Darién.
Tensión en provincias centrales En las provincias de Herrera y Coclé también hubo protestas, en este caso encabezadas por los gremios magisteriales, con cierres en Divisa, Aguadulce y marchas en Santiago de Veraguas. En algunos puntos hubo represión policial y choques con los manifestantes.
Igualmente, distintos gremios reaccionaron a las denuncias del contralor de la República, Anel Flores, quien informó este miércoles sobre una lista de docentes que supuestamente estarían cobrando su salario a pesar de que estar en huelga. Además, aseguró que se han retenido los pagos a 15.000 educadores en paro.
“Eso es un acto de calumnia, él tiene que comprobar qué dirigentes van a las escuelas a marcar y regresan [a la protesta] estoy desde el día 23 de abril aquí y no he fallado a una sola Asamblea. Este señor es un vil mentiroso”, sostuvo Luis Sánchez, docente y secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses.
En términos similares se pronunciaron dirigentes de la Asociación de Profesores de Panamá, el Frente Nacional de Educadores Independientes, entre otros que pidieron al contralor presentar la pruebas de los señalado.
“Todo lo que ha hecho es ilegal, no es autoridad judicial para determinar si la huelga es ilegal ni para aplicar sanciones administrativas [...] Flores no es la persona competente para retener los salarios a los educadores, nosotros tenemos leyes especiales dentro de la Ley Orgánica de la Educación y eso tiene un debido proceso”, dijo Sánchez.
Por el momento la lista no ha sido oficialmente divulgada por la Contraloría.
Bocas del Toro En la provincia continúan los cierres con aperturas programadas por los distintos grupos en protesta. Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió sobre problemas sanitarios por los cortes, en cuanto a la falta de recolección de la basura efectiva y escasez de insumos médicos en los centros de salud.
“No han permitido que los equipos de salud entren a las comunidades [...] inclusive los amenazan”, aseguró Boyd Galindo ayer, quien exigió abrir las calles. “Hago un llamado a los que protestan, por favor, permitan que circule la gente”, indicó.
Los grupos en protesta, docentes y miembros del Sindicato de Trabajadores del Banano (Sitraibana), aseguran que se está dando un paso programado en los puntos de cierre y niegan que haya amenazas contra el personal de salud. Ayer se conoció que tanques cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales lograron ingresar a Changuinola tras acuerdos con los manifestantes.
Sitraibana no solo rechaza la Ley 462, sino también piden modificar la Ley 45 -que regula las prestaciones de los bananeros- que consideran se ve afectada por la reforma impulsada por el gobierno de José Raúl Mulino.
En medio de las tensiones, el Órgano Judicial decretó la suspensión de los términos judiciales en la provincia de Bocas del Toro y Darién hasta hoy viernes; mientras el Ejecutivo insiste que “no intervendrá” por la fuerza en Bocas del Toro.
Choques en la capital En la Ciudad de Panamá hubo marchas de docentes que partieron desde la Iglesia del Carmen hasta la sede del Ministerio Público en el parque Porras, sin que se presentaran incidentes.
Mientras tanto, en la Universidad de Panamá hubo una asamblea general de trabajadores donde decidieron piquetear frente el campus central, mientras estudiantes protestaron con cierres. Al final, la policía intervino con gases lacrimógenos y el uso del camión cisterna conocido como “Pitufo”, que con chorros de agua a presión intentó dispersar la protesta que se prolongó pasadas las 6 de la tarde.
Hasta el momento, el presidente Mulino ha dicho que no hay espacio para discutir la Ley 462 ni tiene estipulado llamar a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para modificar la norma, como reclaman los manifestantes.
Las organizaciones populares consideran que la Ley 462 abre las puertas para la “privatización” de la CSS y rechazan el esquema de cuentas individuales en favor de sistema solidario. Cuestionamiento calificados de “mentiras” por el Ejecutivo.
También rechazan el memorándum de entendimiento con Estados Unidos, que consideran lesiona la soberanía y permite tropas extranjeras.
Disparos de perdigones, gases lacrimógenos y decenas de detenidos fue parte del saldo que dejó la nueva jornada de protestas contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).
Este jueves se registraron cierres en casi todas las provincias del país, con intervenciones de la Policía Nacional y sin perspectiva de un espacio de diálogo que permita una salida a la crisis que enfrenta el país.
Alrededor de la 10:00 a.m. hubo enfrentamientos entre miembros de la comunidad indígena de Arimae en Darién y agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en medio de denuncias de abusos y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía.
La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip) denunció en redes sociales daños en casas en la comunidad, como resultado de la intervención policial, entre estos la destrucción de una casa tradicional que quedó hecha cenizas tras un incendio. La comunidad culpa a la fuerza pública de lo ocurrido.
Por su parte, el Senafront atribuyó el incendio a la propia gente en protesta. “Según los reportes en el lugar, el incendio fue provocado intencionalmente por manifestantes, con el aparente propósito de atribuirle la responsabilidad a nuestra institución”, dijo la entidad, y reportó tres policías heridos.
Fuentes en Arimae hablan de al menos siete heridos, mayoritariamente indígenas y campesinos. Indicaron que temen por nuevas aprensiones por parte del Senafront, luego de que fueran detenidos la semana pasada varios líderes indígenas, incluyendo a tres caciques de tierras colectivas, entre ellos el cacique general Elivardo Membache.
Se conoció que uno de los afectados tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario por un golpe en la cabeza.
También hubo protestas en la comunidad de Ipetí y en Metetí, así como acciones de grupos indígenas gunas de la comarca Wargandi, que marcharon en el área de Agua Fría, Darién.
En las provincias de Herrera y Coclé también hubo protestas, en este caso encabezadas por los gremios magisteriales, con cierres en Divisa, Aguadulce y marchas en Santiago de Veraguas. En algunos puntos hubo represión policial y choques con los manifestantes.
Igualmente, distintos gremios reaccionaron a las denuncias del contralor de la República, Anel Flores, quien informó este miércoles sobre una lista de docentes que supuestamente estarían cobrando su salario a pesar de que estar en huelga. Además, aseguró que se han retenido los pagos a 15.000 educadores en paro.
“Eso es un acto de calumnia, él tiene que comprobar qué dirigentes van a las escuelas a marcar y regresan [a la protesta] estoy desde el día 23 de abril aquí y no he fallado a una sola Asamblea. Este señor es un vil mentiroso”, sostuvo Luis Sánchez, docente y secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses.
En términos similares se pronunciaron dirigentes de la Asociación de Profesores de Panamá, el Frente Nacional de Educadores Independientes, entre otros que pidieron al contralor presentar la pruebas de los señalado.
“Todo lo que ha hecho es ilegal, no es autoridad judicial para determinar si la huelga es ilegal ni para aplicar sanciones administrativas [...] Flores no es la persona competente para retener los salarios a los educadores, nosotros tenemos leyes especiales dentro de la Ley Orgánica de la Educación y eso tiene un debido proceso”, dijo Sánchez.
Por el momento la lista no ha sido oficialmente divulgada por la Contraloría.
En la provincia continúan los cierres con aperturas programadas por los distintos grupos en protesta. Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió sobre problemas sanitarios por los cortes, en cuanto a la falta de recolección de la basura efectiva y escasez de insumos médicos en los centros de salud.
“No han permitido que los equipos de salud entren a las comunidades [...] inclusive los amenazan”, aseguró Boyd Galindo ayer, quien exigió abrir las calles. “Hago un llamado a los que protestan, por favor, permitan que circule la gente”, indicó.
Los grupos en protesta, docentes y miembros del Sindicato de Trabajadores del Banano (Sitraibana), aseguran que se está dando un paso programado en los puntos de cierre y niegan que haya amenazas contra el personal de salud. Ayer se conoció que tanques cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales lograron ingresar a Changuinola tras acuerdos con los manifestantes.
Sitraibana no solo rechaza la Ley 462, sino también piden modificar la Ley 45 -que regula las prestaciones de los bananeros- que consideran se ve afectada por la reforma impulsada por el gobierno de José Raúl Mulino.
En medio de las tensiones, el Órgano Judicial decretó la suspensión de los términos judiciales en la provincia de Bocas del Toro y Darién hasta hoy viernes; mientras el Ejecutivo insiste que “no intervendrá” por la fuerza en Bocas del Toro.
En la Ciudad de Panamá hubo marchas de docentes que partieron desde la Iglesia del Carmen hasta la sede del Ministerio Público en el parque Porras, sin que se presentaran incidentes.
Mientras tanto, en la Universidad de Panamá hubo una asamblea general de trabajadores donde decidieron piquetear frente el campus central, mientras estudiantes protestaron con cierres. Al final, la policía intervino con gases lacrimógenos y el uso del camión cisterna conocido como “Pitufo”, que con chorros de agua a presión intentó dispersar la protesta que se prolongó pasadas las 6 de la tarde.
Hasta el momento, el presidente Mulino ha dicho que no hay espacio para discutir la Ley 462 ni tiene estipulado llamar a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para modificar la norma, como reclaman los manifestantes.
Las organizaciones populares consideran que la Ley 462 abre las puertas para la “privatización” de la CSS y rechazan el esquema de cuentas individuales en favor de sistema solidario. Cuestionamiento calificados de “mentiras” por el Ejecutivo.
También rechazan el memorándum de entendimiento con Estados Unidos, que consideran lesiona la soberanía y permite tropas extranjeras.