Modernización y presupuesto, retos del nuevo rector de la UP

El 1 de julio, la comunidad universitaria acudió a las urnas para definir el rumbo de la Universidad de Panamá (UP), la institución de educación superior más antigua y de mayor tamaño del país. La jornada electoral no solo renovó sus principales autoridades; también marcó el inicio de una nueva etapa para una universidad que, mientras mantiene su papel como principal formadora de profesionales panameños, enfrenta el reto de modernizarse en medio de restricciones presupuestarias.

Con más del 59 % de los votos ponderados, Emilio Moreno, docente, físico y exvicerrector académico con más de 34 años en la institución, fue elegido rector para el período 2026-2031, sucediendo a Eduardo Flores.

La magnitud de la UP explica, en buena medida, la complejidad de esos retos. Con una matrícula total de 84 mil estudiantes, la institución cuenta con 19 facultades, 10 centros regionales, cinco extensiones universitarias y 27 programas anexos distribuidos en todo el territorio nacional, incluidos sectores de difícil acceso, las comarcas indígenas y centros penitenciarios. Esa cobertura nacional también la convierte en una institución de administración particularmente compleja, sin los fondos suficientes.

El presupuesto constituye, precisamente, uno de los principales desafíos de la nueva administración. Para el último año fiscal, la UP sufrió un recorte de $92 millones de dólares entre el monto solicitado y los recursos finalmente asignados por el Estado. Hoy maneja un presupuesto de $317.5 millones, de los cuales $297.4 millones se destinan a funcionamiento y solo $20 millones a inversión, un margen reducido para impulsar la modernización de la infraestructura y el equipamiento.

Al respecto, Moreno adelantó que plantea fortalecer los mecanismos de autogestión, aunque aún está por verse como se traducirá dicha propuesta. ”Se pueden generar proyectos para que la UP resuelva problemas, en un esquema de beneficio mutuo: la empresa obtiene soluciones y la universidad fortalece su financiamiento y su producción de conocimiento”, dijo.

Uno de los sectores donde las limitaciones presupuestarias resultan más visibles es el de las ciencias de la salud, cuyas facultades son clave para la formación del personal del sistema sanitario nacional. Sin embargo, estudiantes y docentes han advertido sobre deficiencias en infraestructura, laboratorios y acceso a nuevas tecnologías, vitales para mantener la calidad académica y responder a los avances científicos.

Sectores críticos de la administración de Flores exigen, además, mayores controles sobre los gastos, piden recortes en “excesos”, burocracia innecesaria y la “despolitización” del manejo del personal en algunas unidades académicas, algo que Moreno asegura que va a revisar, tanto en el ámbito administrativo como en el docente.

Otro desafío será el de reducir las brechas entre las distintas sedes universitarias, procurando que la calidad académica, tecnológica y de infraestructura. Una tarea estrechamente ligada a otro de los grandes debates pendientes: la actualización de los planes de estudio.

La Ley Orgánica de la Universidad de Panamá y el Estatuto Universitario establecen que las carreras deben revisar periódicamente sus programas académicos para adecuarlos a las transformaciones científicas, tecnológicas y sociales. Sin embargo, académicos consultados por La Estrella de Panamá coinciden en que los actuales procedimientos administrativos ralentizan ese proceso hasta el punto de que algunas reformas curriculares han tardado dos quinquenios en ser aprobadas. Cuando finalmente entran en vigencia, parte de sus contenidos ya han quedado rezagados frente a los problemas nacionales.

La discusión, sostienen, no pasa únicamente por modificar asignaturas, sino por transformar los mecanismos que permiten esa actualización. Entre los temas que deberán incorporarse con mayor rapidez figura la inteligencia artificial y su impacto en prácticamente todas las disciplinas del conocimiento.

El nuevo rector asumirá sus funciones, además, en un escenario político complejo. La negociación presupuestaria con el Ministerio de Economía será uno de los primeros frentes de su administración, en momentos en que el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha mantenido una política de recortes en educación.

A ello se suma el deterioro de la relación entre el Ejecutivo y la UP, luego de las protestas estudiantiles contra la reforma a la Caja de Seguro Social en 2025 y la postura crítica de la institución frente a dicha reforma. Durante ese conflicto, Mulino calificó a la universidad como una “guarida de terroristas” y cuestionó su autonomía, declaraciones que generaron un amplio rechazo dentro de la comunidad universitaria. Posteriormente, también surgieron diferencias por la intención del Ejecutivo de trasladar el campus central, ubicado en el centro de la ciudad y considerado patrimonio inalienable de la UP. Una idea impopular tanto dentro como fuera de la universidad.

Con ese panorama, Moreno iniciará un quinquenio en el que deberá equilibrar la defensa de la autonomía universitaria con la necesidad de construir puentes con el Gobierno para garantizar los recursos que permitan sostener y modernizar la UP, de modo que vuelva a retomar el espacio perdido, no solo en la formación de profesionales, sino también en la discusión de los problemas nacionales.